Investigación del Cedla

Los 15 grandes yerros de la política energética boliviana

La política energética de Bolivia tiene 15 grandes problemas que inviabilizan a este sector estratégico como eje de la transformación de la economía nacional, revela una investigación del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla).

"Con la actual política energética, Bolivia corre el serio riesgo de repetir, en una escala mayor, la amarga historia del estaño, que a lo largo del siglo XX dejó una fortuna en muy pocas manos, socavones vacíos, mucha pobreza en las minas y un país viviendo en el atraso y sin poder resolver sus grandes falencias", dice el Cedla.

El informe sostiene que la política gubernamental no garantiza ni prioriza el abastecimiento del mercado interno, no asegura la ampliación y universalización de la cobertura de los servicios básicos de energía para la población e ignora las necesidades de energía de la población rural, tanto para su vida diaria como para la producción.

Por ello, no es casual que hoy, pese a sus enormes potencialidades, Bolivia importe el 25 por ciento de los hidrocarburos líquidos que consume, que sólo cerca del 5 por ciento de la población urbana tenga acceso al gas domiciliario y que más de dos tercios de la población rural sigan usando leña como combustible.

Según el Cedla, Bolivia no aprovecha su capacidad energética y su enorme potencialidad debido a la ausencia de un sólido y serio balance energético, falencia que impide una adecuada y racional planificación, vital para definir cómo y en qué plazos el país puede cubrir las necesidades energéticas de la población y convertir a la energía en factor de desarrollo.

La política actual frena e impide la industrialización de los hidrocarburos, consolidando el rol exportador de materias primas, por lo que los grandes beneficios derivados de la industrialización quedan en manos de otros países y de las grandes transnacionales del sector.

El informe sostiene que la actual política energética no impulsa un imprescindible cambio de matriz energética, como tampoco garantiza la soberanía, independencia, seguridad y diversificación energética, que son objetivos fundamentales para cualquier país del mundo, mucho más si éste cuenta con grandes reservas de gas, importantes yacimientos de petróleo y abundantes fuentes para generar electricidad y otros tipos de energías renovables.

Según la evaluación, la política energética no es sólida ni coherente, ya que sus objetivos son poco claros y confusos, y, en muchos casos, propugna y utiliza instrumentos y mecanismos que son contradictorios entre sí. Además, esta política no es integral, ya que está desarticulada entre hidrocarburos y electricidad, no es de largo plazo e ignora el rol de energías renovables y la eficiencia en la oferta y uso de la energía.

Otro pecado capital de la política energética es su marcada y peligrosa orientación, casi exclusiva, a la generación de excedentes para el resto de la economía, similar a la trazada el pasado siglo en el caso de la minería estañífera.

Así, el sector energético, especialmente los hidrocarburos y la energía eléctrica, ha sido reducido a un simple generador de excedentes económicos que son utilizados, casi en su totalidad, para atender el pago de bonos asistenciales y cubrir parte de los gastos del Estado, de las Prefecturas y Municipios, en proyectos pequeños, fragmentados y sin un fuerte impacto en la economía y bienestar regional.

En resumen, la política energética no es sólida ni coherente; no es integral y desarticula los hidrocarburos y la electricidad; no es de largo plazo; carece de un sólido y actualizado balance energético; convierte al sector en un generador de excedentes para el resto de la economía; no garantiza ni prioriza el abastecimiento del mercado interno; no garantiza ampliación y universalización de la cobertura de servicios; no planifica; ignora las necesidades de energía de la población rural; consolida al país como exportador de materias primas; frena e impide la industrialización de los hidrocarburos; no impulsa un radical e imprescindible cambio de la matriz energética; no garantiza soberanía, independencia, seguridad y diversificación energética, e ignora el rol de las energías renovables y la eficiencia en la oferta y uso de la energía.

Conocimiento y debate

El estudio del Cedla dice que es imprescindible que la sociedad boliviana debata seriamente sobre la política energética para que no se frustre la expectativa que aún tiene la población en sentido de que los hidrocarburos pueden sacar a Bolivia del atraso.

El Cedla propone constituir una "Plataforma Energética" sobre la base del conocimiento científico y el debate público, con el concurso de universidades públicas y privadas, instituciones de promoción y desarrollo públicas, organizaciones sociales, empresariales, sindicales y vecinales, expertos y especialistas y ciudadanos interesados en la problemática energética.

Esta Plataforma será un espacio participativo, plural y democrático para compartir y sistematizar información y análisis, generar conocimientos y promover la investigación y el debate público.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.