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Área: Política >> Justicia, DD. HH.
Actualizado el 2009-07-03 a horas: 18:17:07

El Consejo de la Judicatura denuncia que el Tribunal de Garantías incumple la Constitución

El único consejero en funciones Rodolfo Mérida denunció que el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Corte Superior de Justicia de Chuquisaca resolvió acciones de libertad con parcialización, ilegalidad y siguiendo una sistemática animadversión en contra del Consejo de la Judicatura, órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial.

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"Los vocales César Suárez, Elena Lowenthal y Osvaldo Fong parecen actuar por consigna en contra del Consejo de la Judicatura", aseveró Mérida a tiempo de dar a conocer el perjuicio ocasionado al Estado por las resoluciones adoptadas por dos tribunales conformados, coincidentemente, por los mismos vocales.

El primer caso se refiere a una acción de libertad interpuesta por varios funcionarios del Tribunal Constitucional que demandaron la anulación de la Resolución Nº 140/2009 emitida el pasado 23 de abril por el Consejo de la Judicatura en la que solicitaba, a la entonces magistrada en funciones Silvia Salame, ajuste el funcionamiento del órgano a su cargo a un presupuesto del 15% del inicialmente establecido, por no estar cumpliendo sus funciones fundamentales de control de constitucionalidad por falta de nombramiento de magistrados por parte del Congreso Nacional, lo que implicaba una necesaria reducción de personal.

Los funcionarios que se vieron afectados por la medida solicitaron el pago de salarios devengados y que se garantice su estabilidad laboral. El Tribunal de Garantías resolvió el pago de sueldos y no brindó tutela a la continuidad laboral pidiendo al Consejo de la Judicatura que coordine estas necesarias reducciones con el Tribunal Constitucional.

Un segundo caso se refiere a una acción de libertad interpuesta por tres funcionarios de confianza del suspendido presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura Eddy Fernández, para ser restituidos en sus funciones. Dicha acción también fue favorable a los accionantes, disponiéndose el pago de su salario por el mes de junio sin que hayan trabajado y restituyéndolos en sus funciones de manera indefinida hasta que se resuelva la situación del suspendido presidente.

En criterio de Mérida, el Tribunal de garantías, conformado en ambos casos por César Suárez y Elena Lowenthal se pronunció de manera contradictoria, aplicando para el primer caso la Constitución Política del Estado y en el segundo, inobservando la misma ley fundamental donde ya no se considera la figura de presidente en el nuevo Consejo de la Magistratura.

Del mismo modo, el art. 4 parágrafo II de la Ley Nº 1817, donde señala: "en caso de impedimento o ausencia temporal del Presidente, será suplido por un consejero de acuerdo a Reglamento", de donde se infiere que, estando suspendido el presidente y siendo el consejero Mérida el único en funciones, es éste quien asume sus prerrogativas para prescindir de este personal "de confianza".

La disposición del Tribunal de Garantías Constitucionales da lugar a que los funcionarios de confianza del suspendido presidente, cobren su sueldo de junio y sigan ganando 13.000 bolivianos cada mes sin cumplir ninguna función. Situación que es evidente, ya que estando suspendido, el Presidente Fernández no genera trabajo ni pude dar instrucciones a un personal que ya no depende de él.

En criterio de Mérida, el daño económico producido por la situación descrita, deberá ser asumido en su momento por los Vocales Suárez y Lowenthal, cuando el nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional revoque dicho fallo.

Por otra parte, la autoridad judicial lamentó que, a la fecha, ambos Tribunales no hayan firmado ni hecho llegar las resoluciones emitidas, incumpliendo una vez más la C.P.E. que en su art. 129 señala que "las decisiones se elevarán de oficio en revisión al T.C. en el plazo de las 24 horas siguientes a la emisión del fallo". Cabe recordar que ambas resoluciones fueron emitidas el lunes de esta semana.

Situación del Tribunal Constitucional

En cumplimiento a la resolución de acción de libertad emanada del Tribunal de Garantías Constitucionales, el Consejo de la Judicatura solicitó oficialmente a la Dirección Administrativa del Tribunal Constitucional, haga conocer una nómina mínima necesaria de funcionarios para que dicho órgano continúe trabajando. Dicha nómina fue remitida hoy al Consejo de la Judicatura haciendo conocer los 18 funcionarios con los que se prevé continuará funcionando el Tribunal Constitucional.

Respecto a los funcionarios no considerados en la nómina que la Dirección Administrativa de dicho órgano elaboró, el Consejero de la Judicatura determinó que cesarán en sus funciones y que pasarán a una base de datos de personal institucionalizado para que las autoridades del nuevo Tribunal Constitucional Plurinacional sean las que determinen su situación. Asimismo, se pondrá en conocimiento de la próxima reunión nacional del Poder Judicial a realizarse los días 27, 28 y 29 de julio del año en curso.

Al retorno de las vacaciones judiciales, en las que se encuentra el Consejo de la Judicatura, se ha dispuesto la realización de una auditoria de nómina para determinar si el número de funcionarios propuesto es el que se ajusta a las necesidades reales o no. Es también conocido por todos, la realización próxima de una auditoria especial por parte de la Contraloría General de la República, a las últimas tres gestiones del Tribunal Constitucional.

La autoridad judicial manifestó que estas acciones han sido informadas hoy de manera oficial a la Contraloría General de la República, en el marco de las funciones del Consejo de la Judicatura como órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial, y en cumplimiento a una solicitud enviada por la Presidencia del H. Congreso Nacional para que sea este órgano quien se haga cargo del TC hasta la elección de nuevos magistrados en el marco de lo establecido en la nueva CPE.

Mérida anunció que en coordinación con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia Beatriz Sandoval y del presidente del Tribunal Agrario Nacional Luis Alberto Arratia, se ha considerado necesario convocar a los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país para realizar una reunión del Poder Judicial los días 27,28 y 29 de julio, en Sucre.

A propuesta del Consejo de la Judicatura, se tratará en dicha reunión, la situación de los funcionarios del Tribunal Constitucional y otros temas administrativos, la Corte Suprema incluirá en la agenda las dificultades presupuestarias para llevar adelante los juicios de responsabilidades que se ventilan en el supremo tribunal, el Tribunal Agrario Nacional y las Cortes Superiores están haciendo conocer sus propios temas de interés.

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