Delegados de Human Rights Foundation y de UnoAmérica tenían tratos con Rózsa

Marinkovic, Nayar y otros autonomistas cruceños acusados de financiar a presuntos terroristas

El ex presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz Branko Marinkovic; el actual vicepresidente cívico y presidente de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz Guido Nayar; el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz Pedro Yovía; y Hugo Achá Melgar, alias "Súperman", representante de la Fundación Human Rights (FHR) en Bolivia, serían los principales financiadores del grupo de extrema derecha desarticulado el 16 de abril en la capital cruceña.

Los activistas de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza acusaron a Marinkovic, Yovía, Achá y Nayar de colaborar con la presunta célula terrorista, informó el fiscal investigador asignado al caso Marcelo Sosa.

Sosa dijo que la plana mayor del autonomismo cruceño se reunió con los presuntos terroristas de extrema derecha en la Federación de Ganaderos de Santa Cruz y en el stand de Cotas en el campo ferial de la ciudad. Según Mendoza, Marinkovic aportó 200 mil dólares para comprar armamento.

El presidente de la Comisión Multipartidaria de la Cámara de Diputados que investiga el hecho Cesar Navarro (MAS) afirmó que el grupo irregular liderado por Eduardo Rózsa Flores es mucho más grande de lo inicialmente se pensaba.

Llama la atención la aparición de nuevos personajes que pudieron haber coadyuvado a la célula irregular, quienes se alojaron en el hotel Asturias días antes del operativo policial en el que perdieron la vida Rózsa, Magyarosi Arpád (húngaro-croata) y Michael Martin Dwyer (irlandés).

La Human Rights Foundation, una organización neoyorquina dirigida por el cubano Armando Valladares y conocida por sus vínculos con la CIA, desmintió enérgicamente las presuntas vinculaciones de su delegado en Bolivia con grupos irregulares, y denunció ante la comunidad internacional la persecución emprendida por el gobierno de Evo Morales contra los "defensores de los derechos humanos".

"Entendemos que el verdadero móvil de la persecución gubernamental es el de ejercer represalias por las reiteradas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que ha hecho públicas nuestra organización ... Estas denuncias, debidamente documentadas y puestas a buen recaudo ante organizaciones de derechos humanos de distintos países, verifican las agresiones contra periodistas, acciones violentas de milicias gubernamentales y diversos atropellos a la legalidad registrados en la actual gestión de gobierno", dijo HRF en un comunicado.

A pesar de ello, el delegado de HRF Hugo Achá Melgar admitió que tuvo relación con Eduardo Rózsa Flores en cuatro o cinco ocasiones.

Otra organización internacional que quiere denunciar al gobierno boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por crímenes de lesa humanidad, la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica), también se ha visto involucrada con los presuntos terroristas.

Se conoció que Rózsa mantuvo contactos con el delegado de UnoAmérica en Argentina Jorge Mones Ruiz.

Se descubrió que Luis Hurtado habría pagado el alojamiento de los presuntos terroristas en los hoteles Buganvillas y Santa Cruz. Por otro lado, Ignacio Villapaz alias "El Viejo", un testigo clave, involucró al general retirado Lucio Áñez.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.