Parlamentarios del oficialismo propusieron normar el trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en el país mediante ley, luego de que la Central Obrera Regional (COR) de El Alto inició una campaña contra decenas de instituciones que "lucran con la pobreza".
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En el V ampliado ordinario celebrado el 18 de marzo, la COR alteña decidió fiscalizar a más de 145 ONGs que operan en la ciudad de El Alto, y les impuso un plazo de 30 días para que presenten informes económicos.
La COR denunció que algunas ONGs y fundaciones practican "el más secante racismo, nepotismo y el desprecio a los alteños", y aseguró que varias instituciones captan recursos en el extranjero para beneficio de sus directivos, quienes, en vez de ayudar a la gente pobre, "convirtieron la pobreza en miseria".
Algunas ONGs se dedican a la formación laboral, asistencia técnica, capacitación, acceso a la justicia y a otras labores beneficiosas para la sociedad, pero otras otorgan microcréditos a gente necesitada, como por ejemplo Banco Sol, Prodem y FIE, cobrando intereses usureros que oscilan entre el 36% y el 48%.
La labor de algunas ONGs es valorable, pero una gran mayoría "lucra con la pobreza de las personas", comentó el diputado alteño y jefe de bancada del MAS de La Paz Toni Condori.
La COR de El Alto amenazó con tomar las oficinas de las ONGs que no presenten sus informes económicos en el plazo fijado. Se dice que el gremio elaboró una lista de "indeseables" susceptibles de ser expulsados de la ciudad, y que comenzó a hostigar a algunas instituciones, entre ellas el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.
El diputado Oscar Chirinos (MAS) reveló que en varios ampliados zonales los vecinos consideraron la expulsión de algunas instituciones y personas que atentan contra la integridad del pueblo alteño. "Hemos sabido que están ofreciendo prebendas para dividir a organizaciones sociales; los vecinos hablan, por ejemplo, de sacar a USAID".
"Antes de tomar cualquier medida atropelladora, es necesario aprobar una ley que permita regularizar, controlar y fiscalizar los recursos provenientes del exterior a favor de las ONGs que llegan a nombre de la lucha contra la corrupción y la pobreza. Posteriormente, serán los sectores sociales quienes fiscalizarán", sugirió el diputado Jorge Silva (MAS).
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