Estiman que la venta de 35 mil toneladas de ropa usada mueve 34 millones de dólares al año

El gobierno prohibió la importación de ropa usada y puso una fecha límite para su comercialización hasta acabar el stock en el año 2008. Sin embargo, se ha propuesto ampliar por un tiempo más la venta de prendería de segunda mano.

El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) Daniel Sánchez advirtió que el sector industrial nacional rechaza cualquier disposición que posibilite una medida de esa naturaleza, la cual permitirá seguir fomentando y encubriendo el contrabando.

"¿Cómo explicamos que se siga vendiendo y ofreciendo tal cantidad de artículos si es que hace tiempo se ha prohibido su importación?. En este caso se está apañando el contrabando porque no hay otra figura que se le pueda dar a una acción donde se ve que estos artículos ingresan al país por esa vía", sostuvo Sánchez.

Según datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), entraron de contrabando aproximadamente 47.000 toneladas anuales entre 2000 - 2005, con un valor promedio de 41 millones de dólares al año.

A la fecha, la ropa usada que se comercializa en Bolivia ingresa al país de manera clandestina, por estar prohibida su internación.  No existen registros de peso y valor de la ropa usada que se comercializa, pero se estima que son aproximadamente 35.000 toneladas anuales, lo que representa 34 millones de dólares por año.

Se comercializa ropa usada hace más de 25 años. Esta actividad dañó de manera considerable al sector textil y de confecciones. En otros países, estos rubros son los más protegidos luego de la agricultura por ser los mayores generadores de empleo.

Cada año Bolivia pierde en promedio 85 millones de dólares y deja de generar más de 15 mil fuentes de trabajo debido al cierre de empresas que no pueden competir con el contrabando, de las cuales un 80% son micro y pequeñas empresas.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.