"Tenemos todo el derecho de tomar medidas para recuperar la propiedad de los bolivianos", dice Evo Morales

El gobierno nacionaliza la petrolera Chaco

El gobierno de Evo Morales nacionalizó hoy la empresa petrolera Chaco, controlada hasta ahora por el grupo Pan American Energy (PAE), tras fracasar una negociación de traspaso de acciones. PAE anunció que defenderá sus intereses legítimos en todas las instancias.

La nacionalización fue dispuesta por el decreto 29887, firmado en la jornada durante un sorpresivo acto realizado en la localidad de Entre Ríos, departamento de Cochabamba, en un yacimiento petrolero explotado por Chaco.

Según el decreto, "se nacionaliza la totalidad del paquete accionario que estará bajo la titularidad de Yacimientos de Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y en tal virtud todas las subsidiarias y afiliadas de la empresa petrolera Chaco S.A. en Bolivia o en el extranjero". En caso de producirse resistencia, a la transferencia de las acciones, el decreto instruye al presidente ejecutivo de YPFB abrir un nuevo libro de accionistas.

Chaco es una de las empresas formadas luego de la disgregación de la estatal YPFB durante el llamado proceso de capitalización, la privatización a plazos impulsada por el ahora fugado Gonzalo Sánchez de Lozada.

"Se nacionaliza la totalidad de las acciones" de Amoco en Chaco, dice el el decreto leído y firmado en el campo petróleo Carrasco. Amoco Bolivia Oil & Gas AB es una subsidiaria de Pan American Energy LLC (PAE), controlada en un 60% por el grupo BP. En mayo de 2008, Repsol había aceptado transferir el control de Andina a YPFB.

Con la decisión, la estatal YPFB controla el del 98,97 de las acciones de la petrolera Chaco y el saldo pertenece a ex trabajadores petroleros. Fuentes oficiales indicaron que YPFB consolidaría la acción con una toma física de las oficinas de Chaco en la ciudad de Santa Cruz. A la hora de edición de este artículo, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos informó que las oficinas de Chaco fueron intervenidas.

"A la empresa que no respeta las normas bolivianas, tenemos todo el derecho de tomar medidas para recuperar la propiedad de los bolivianos", justificó Morales en el acto, acompañado por el alto mando militar, ministros y dirigentes sindicales nacionales.

Autoridades de gobierno explicaron que Pan American Energy no cumplió con un un decreto que le ordenaba traspasar, de manera negociada, una pequeña fracción de ese paquete a la petrolera estatal para que ésta alcance la mayoría en la compañía mixta. 

Fuentes del sector dijeron que el gobierno había ofrecido 4,8 millones de dólares por el uno por ciendo de acciones necesario para lograr la mayoría absoluta en la asamblea de accionistas. En Chaco, YPFB necesita controlar 167.271 adicionales para llegar a las 8.049.661 que corresponden al 50% más una acción, que era la mínima participación que instruye el Decreto Supremo 28701. Hasta ahora YPFB tenía 7.882.390 acciones.

En un comunicado, la petrolera PAN aseguró que mantuvo diálogos y negociaciones tendientes a alcanzar una justa valuación de su participación en Chaco y una adecuada preservación de sus derechos desde la firma del decreto 28701 del 1° de mayo de 2006, que estableció la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia.

La petrolera explicó que se analizaron opciones societarias innovadoras que atendieran a la realidad social del país y a la necesidad de mantener y expandir la producción y reservas de hidrocarburos, alcanzando niveles alentadores de consenso.

La decisión fue conocida a dos días del referéndum que definirá la puesta en vigencia de la nueva Constitución y un día después de que la petrolera anunciara la entrada en operaciones de su nuevo campo Percheles que entregará alrededor de 0.5 MMm3/d de gas para el mercado.

La oposición política interpreta que el gobierno "nacionaliza" alguna empresa cada vez que baja en las encuestas para inflamar el sentimiento nacional y mejorar la intención de voto a su favor.

"Cuán preocupado debe estar este gobierno que tiene que intervenir una empresa como Chaco para tratar de subir votos", comentó el senador de Podemos Luis Vásquez.  En su criterio, el gobierno "está matando definitivamente las posibilidades de inversión en Bolivia".

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.