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Área: Opinión >> Comentarios y enfoque
Actualizado el 2008-11-27 a horas: 16:38:41

Derechos, libertades, deberes y garantías en el proyecto de Constitución

Antonio Peres Velasco

Como no podía ser de otra manera, la dialéctica política y social de Bolivia ha llevado a los actores políticos, a modificar algunos contenidos sensibles y polémicos del proyecto de Constitución Política del Estado, aprobado en Enero de 2007 en Oruro por la Asamblea Constituyente. El acuerdo político establecido en Octubre pasado, plasmado en una nueva versión de la propuesta constitucional, ha contribuido a disipar parcialmente algunos temores y dudas sobre el devenir político de nuestro país y a superar, por el momento, un eventual "juego de suma cero", en el que unos ganaban y otros perdían.

En nuestro criterio, el programa de derechos, libertades y garantías del proyecto de Constitución importa un importante avance y esfuerzo por visualizar problemáticas colectivas hasta ahora ignoradas. Sin embargo, es también evidente que el mismo solo podrá adquirir legitimidad, efectividad y vigencia plena, si se cimenta en el diálogo, el consenso y la concertación. Con sus limitaciones e inconsistencias, ésta -como cualquier otra preceptiva constitucional- debe ser conocida y apropiada por sus destinatarios, antes que impuesta por la acción estatal o "encriptada" en acuerdos políticos circunstanciales.

Preceptos de referencia

Como se da en la mayoría de los textos constitucionales, el tema que nos ocupa está contenido en la Primera Parte de la propuesta constitucional que lleva la denominación de "Bases Fundamentales del Estado. Derechos, Deberes y Garantías" y se desarrolla específicamente en los títulos II (Derechos Fundamentales y Garantías), III (Deberes) y IV (Garantías jurisdiccionales y acciones de defensa).El Título II, relativo a "Derechos y Garantías", despliega los siguientes capítulos:Capítulo I (Disposiciones Generales). Capítulo II (Derechos Fundamentales).Capítulo III (Derechos Civiles y Políticos).Sección I (Derechos Civiles).Sección II (Derechos Políticos)Capítulo IV (Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena, Originario campesinos).Capítulo V (Derechos Sociales y Económicos).Sección I (Derecho al Medio Ambiente).Sección II (Derecho a la Salud y a la Seguridad Social).Sección III (Derecho al Trabajo y al Empleo).Sección IV (Derecho a la Propiedad).Sección V (Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud).Sección VI (Derechos de las Familias).Sección VI (Derechos de las Personas Adultas Mayores).Sección VII (Derechos de las Personas con Discapacidad).Sección IX (Derechos de las Personas Privadas de Libertad).Sección X (Derechos de las usuarias y los usuarios y de las consumidoras y consumidores).Capítulo VI (, Educación, Interculturalidad y Derechos Culturales)El Título III, relativo a "Deberes" consta de un solo artículo que establece deberes en materia de cumplimiento de la CPE y las leyes, promoción de los valores y principios de la CPE, derecho a la paz y cultura de paz, trabajo, educación, tributación, denuncia de corrupción, asistencia familiar, socorro en desastres naturales, servicio militar, defensa nacional, protección del patrimonio natural y cultural, defensa de los recursos naturales y protección del medio ambiente.

El Título IV, relativo a "Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa" consta de dos capítulos, el primero de los cuales (Garantías Jurisdiccionales) desarrolla una preceptiva referida a: principio general de garantía, regulación legal, vulneración de derechos y responsabilidad, delitos, derechos de las víctimas, prohibiciones especiales, protección jurisdiccional y debido proceso, presunción de inocencia y otras materias de similar naturaleza.

Consideraciones críticas

Desde la anterior aproximación al tema que nos ocupa, la lectura de la propuesta constitucional modificada (que incluye cambios positivos) permite plantear algunas consideraciones críticas. Estos planteamientos críticos responden al único propósito de llamar la atención sobre aspectos sensibles y polémicos que deber ser analizados con especial detenimiento, precisamente en la pretendida construcción de consensos y soluciones compartidas.

Inclusión exhaustiva

En la consideración crítica del programa constitucional analizado, es importante destacar como un dato positivo de la propuesta, la inclusión exhaustiva de derechos y garantías. En efecto, el menú de derechos es completo y prácticamente exhaustivo. Podría decirse que, ninguna prerrogativa reconocida por la normativa de los Derechos Humanos ha quedado excluida.Esta fortaleza programática de la propuesta constitucional conlleva, sin embargo, una debilidad congénita, consistente en el casuismo preceptivo en el que se incurre como consecuencia de la necesidad de incluir un importante conjunto de actores, conglomerados sociales, organizaciones, grupos y sujetos políticos y sociales.

Esa situación podría explicarse por la necesidad política de regular con detalle e incluir al proyecto constitucional la mayor cantidad de adherentes colectivos, precisamente en el componente de "Derechos", en el que todos mostraron un gran interés y una sorprendente capacidad de propuesta. Como podrá verse más adelante, ese casuismo da lugar a una mayor densidad y complejidad normativa y perjudica el carácter general que debe tener toda preceptiva constitucional. Bajo una visión metodológica diferente, gran parte de esa carga preceptiva podía haberse trasladado a la cadena normativa derivada (códigos, leyes, etc.).

Tratamiento desigual

En relación al planteamiento expuesto en el punto anterior, cabe llamar la atención sobre el desigual tratamiento preceptivo que caracteriza al título comentado. Desde un punto de vista formal como sustantivo, un programa constitucional debe basarse en un tratamiento equilibrado de las materias incluidas, en lo concerniente a su alcance, profundidad y nivel de abstracción.

En este orden, la propuesta constitucional comentada se caracteriza más bien por un tratamiento desigual y por desarrollar algunos énfasis temáticos, presumiblemente a partir de visiones ideológicas preestablecidas. Llama la atención, por ejemplo que las secciones referidas a "Derecho a la Salud y a la Seguridad Social" y "Derecho al Trabajo y al Empleo" presenten una extensión y contenido mayores que los que corresponden a las secciones de los "Derechos Civiles" y los "Derechos Políticos".

Una lectura detenida de las secciones correspondientes a los "Derechos Sociales y Económicos" muestra con claridad que muchos de sus contenidos son repetitivos e inconvenientes. Así, por ejemplo, parece ociosa, por obvia, la formulación del Art. 48 (I) que prescribe que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio.

Se advierte asimismo que la preceptiva desplegada contiene imprecisiones conceptuales y polémicas, como en el caso del Art. 52º que menciona que el Estado garantizará el reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones empresariales y de las formas democráticas organizativas empresariales. Con referencia a esa formulación cabe preguntarse si, a partir de esta nueva versión constitucional referida al libre derecho de asociación empresarial, se introduce un requisito nuevo constitutivo y se amplía la potestad del Estado, para calificar el carácter democrático o no democrático de tales asociaciones. Hasta donde entendemos, las asociaciones se basan en un principio de libertad y de autonomía de voluntad y presuponen un espacio de autorregulación (estatuto) que la ley permite. El artículo comentado sugiere un propósito estatal de control de ese espacio de autorregulación, a partir del aludido carácter democrático.

Desequilibrio entre derechos y deberes

Mientras el régimen de derechos se desarrolla a lo largo de 96 extensos y detallados artículos (Art.13º al Art. 109º), el régimen de deberes se presenta en un sólo artículo (Art. 109º) que se limita a enumerar en forma genérica los deberes de los bolivianos y las bolivianas.

A primera vista, se advierte que el esfuerzo constituyente, para tratar esta temática y para traducirla en una propuesta constitucional consistente y concordante con los otros componentes o regímenes, no ha sido tan intenso ni exhaustivo. Así, pues, es notoria la diferencia existente en el tratamiento de derechos y deberes.

En esta materia se debe tener en cuenta que, aunque derechos y deberes representan las caras de una misma moneda y por ello parece razonable que su tratamiento constitucional sea relativamente equilibrado, las asimetrías existentes entre una y otra dimensión muestran claramente el tipo y proyecto de ciudadanía implícito en la propuesta constitucional.

No faltarán quienes, desde el prejuicio político e ideológico o desde el análisis histórico, concluyan que este desequilibrio confirma una vez más cierta tendencia social, política y cultural a cargar las tintas en los derechos y a pasar por alto las obligaciones y las responsabilidades.

Dualidad y dicotomía normativa

Uno de los cuestionamientos más importantes que se ha formulado sobre la propuesta constitucional comentada es el relativo a su anclaje "andinocentrista" que enfatiza lo comunitario a diferentes niveles. Indudablemente, el régimen de "Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos" es expresión de ese soporte ideológico.

Al igual que en el caso del desarrollo preceptivo de la jurisdicción indígena campesina originaria (justicia comunitaria), este régimen especial de derechos introduce una dualidad y dicotomía normativa que, no obstante la legitimidad del propósito de fondo (¿protectivo o promocional?) y de la realidad de la regulación internacional, puede generar efectos contrarios a los buscados, precisamente a partir de la consolidación de prácticas excluyentes en el régimen general y de remisión al régimen especial.Sobre este régimen se pueden esgrimir las mismas observaciones que se plantean a propósito de la proyección que se le da a la justicia comunitaria, en lo concerniente al carácter general y absoluto que presentan algunos artículos y a la posibilidad conflictos y colisiones normativas intraconstitucionales.

Inconsistencia programática

También, cabe mencionar que el programa o modulo constitucional analizado pierde consistencia en el capítulo sexto, cuando, en vez de entrar al tratamiento directo de los derechos culturales, empieza un tratamiento dogmático y descriptivo de la educación y la cultura. Por ello, este capítulo resulta "hipertrofiado" respecto de otros que tratan de derechos tan importantes como los culturales.Esta inconsistencia programática, relacionada con la secuencia y forma de tratamiento de las distintas materias, se expresa también en el carácter excesivamente reglamentario y casuístico que caracteriza a gran parte del texto constitucional, frente al carácter general y ambiguo de otros contenidos que sí requieren de mayor precisión y definición. En esta parte, se revela también un "armado" insatisfactorio del texto constitucional.

Adiciones en materia de garantías

Finalmente, se tiene que, aunque de un modo general el Título IV (Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa) reproduce contenidos clásicos de la tradición jurídica constitucional, presenta algunas adiciones que no pasan desapercibidas, por responder a la visión ideológica de la mayoría constituyente.Por ejemplo, los Arts. 111º y 112ºº propuestos establecen el carácter imprescriptible de los "delitos de genocidio, de lesa humanidad, de traición a la patria, de crímenes de guerra" y "los delitos cometidos por servidores en contra del patrimonio del estado y causen grave daño económico". Cabe recordar que, en la versión original se incluía, en esta formulación, los delitos contra el medio ambiente."

En ese mismo orden, el Art. 123º propuesto consagra el principio de retroactividad de la ley "en materia de corrupción, para investigar procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del estado. En este punto, aunque el precepto no esté referido a la creación de tipos penales, cabe preguntarse si el mismo no vulnera el principio "nullum crimen, nulla poena sine praevia lege".

Como es fácil advertir, tanto las formulaciones originales como las recientemente aprobadas parecen responder a un fundamento y propósito esencialmente ideológico y, de un modo u otro, están relacionadas con situaciones políticas y económicas de la historia reciente del país. Lo que es difícil prever es, en realidad, el uso perverso que se puede dar en el futuro a estos preceptos, en el marco de la confrontación política y la arbitrariedad.

Pero, así como existen contenidos añadidos al régimen de garantías, existen también algunas supresiones y modificaciones, con relación a la Constitución hoy vigente; es decir, existen nuevos contenidos preceptivos, pero también se han suprimido y modificado útiles formulaciones de la la Carta Magna vigente.

Por ejemplo, ya no queda rastro del precepto contenido en el Art. 15º de la Constitución vigente que establecía: "Los funcionarios públicos que, sin haberse dictado el Estado de sitio, tomen medidas de persecución, confinamiento o destierro de ciudadanos y las hagan ejecutar, así como los que clausuren imprentas y otros medios de expresión del pensamiento e incurran en depredaciones u otro género de abusos están sujetos al pago de indemnización de daños y perjuicios...".

Conclusiones

Conforme a las anteriores consideraciones, se puede llegar a las siguientes conclusiones:a) El programa de "Derechos, Libertades, Deberes y Garantías" de la propuesta constitucional comentada incluye exhaustivamente toda la gama de derechos humanos establecidos por la regulación jurídica interna e internacional.b) La consistencia interna de ese programa se encuentra afectada por un tratamiento desigual y un evidente casuismo, en términos de alcance y profundidad y de énfasis de unos derechos en detrimento de otros.c) Es absolutamente evidente un desequilibrio entre derechos y deberes, resultado probablemente de las circunstancias y presiones que acompañaron al trabajo de la Asamblea Constituyente, que perfilan el tipo de ciudadanía subyacente en la Constitución y que ratifica cierta vocación cultural de "estar sólo para los derechos, pero no para las obligaciones".d) Muchas partes del programa analizado presentan una redacción reglamentaria y casuística e incluye contenidos que, podrían ser incluidos en la Carta Magna en formulaciones más generales y remitidas en aspectos específicos a la normativa derivada (códigos, leyes, etc.) e) Algunos preceptos pueden resultar polémicos y conflictivos, a partir de la inclusión de ciertos términos o frases que pueden operar a manera de "cuñas" para forzar la interpretación en sentidos diferentes de los usuales en la tradición jurídica y constitucional.f) Como no podía ser de otra manera, existe una correlación estrecha entre discurso ideológico y propuesta normativa que explica, por ejemplo, el carácter retroactivo de las leyes anticorrupción y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, etc.Para finalizar y cerrando el círculo de reflexión sobre el tema, se puede decir que los títulos II (Derechos y Garantías), III (Deberes) y IV (Garantías jurisdiccionales y acciones de defensa) deben formar parte de un proceso de genuina concertación, de la construcción de una visión colectiva y nacional, de un discurso y de una normativa compartida y legitimada por la acción comunicativa de los actores y destinatarios de la Constitución Política del Estado.

--- ---www.institutoprisma.org

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