El Imperio, el Plan Colombia y la conspiración contra Bolivia en Paraguay

Luís Agüero Wagner

El viceministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Jorge Lara Castro, un viejo favorecido de la embajada norteamericana de Asunción, recibió ayer a Christopher McMuller, subsecretario norteamericano de Asuntos del Hemisferio Occidental, en una sugestiva visita de cortesía en la que abordaron la situación de crisis que atraviesa Bolivia.

El vice canciller Jorge Lara Castro es un conocido agente del imperio, dado que a través del "Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo" (ALTER VIDA). una ONG muy vinculada a profesionales universitarios fundada hacia 1985, recibe fuertes sumas de USAID.

La mayoría de los funcionarios del gobierno de Fernando Lugo, entre los cuales los más destacados son la ministra de la mujer Gloria Rubín, el ministro de emergencias Camilo Soares, la ministra de la juventud Karina Rodríguez o Liz Torres, son activistas cooptados por la embajada norteamericana de Asunción.

El encuentro tuvo lugar en la Cancillería Nacional y contó con la presencia de la embajadora norteamericana y ex operadora del Plan Colombia, Liliana Ayalde, y de la consejera política Joan Shaker.

Christopher J. McMullen es un ex funcionario del Pentágono que, nativo de Pennsylvania y graduado en historia latinoamericana en la Universidad de Gergetown, antes de ocuparse de la oficina para el Cono Sur y Brasil se desempeñó como Cónsul general en Sao Paulo Brasil. Previamente sirvió en lugares conflictivos, donde Estados Unidos incentivó escuadrones de la muerte, como El Salvador, Nicaragua o Colombia.
Cuando la prensa le preguntó sobre la razón de su visita a Paraguay, McMuller señaló que la finalidad de la misma es interiorizarse de los términos en los que la embajada norteamericana puede fortalecer la cooperación con el gobierno paraguayo. "Vinimos a Paraguay a visitar nuestra embajada y conocer en qué podemos ayudar al gobierno del presidente Lugo", afirmó, evidenciando una vez más los estrechos vínculos del obispo con el imperialismo norteamericano, que sufragó a la mayoría de los movimientos que impulsaron su candidatura estableciendo ONGs como mampara y receptores de dólares de USAID, el Fondo Nacional para la democracia y otras fundaciones.

También reconoció que hablaron sobre la situación de crisis que se vive entre la oposición y el gobierno de Bolivia, y la manera en que seguirán los términos de relacionamiento en general entre la embajada paraguaya y la norteamericana.

Preguntado si la situación de Bolivia podría repetirse en Paraguay, McMuller señaló que personalmente no tiene la percepción de que haya una posibilidad de violencia y de problemas de ese tipo en Paraguay., seguro de la enorme influencia norteamericana sobre los medios de comunicación de Paraguay y en los dólares imperialistas que distribuye por intermedio de USAID, como los que regularmente suele recibir el vice-canciller Lara Castro a través de una ONG utilizada como mampara, Alter Vida.

Recordó que la relación entre Paraguay y Estados Unidos fue siempre muy estrecha, desde tiempos en que proveía experimentados torturadores y adiestradores de asesinos, en los años de la guerra fría.

"Nosotros hemos tenido una relación muy estrecha con Paraguay por muchos años y estamos dispuestos a trabajar con el gobierno del presidente (Fernando) Lugo porque estamos de acuerdo con su agenda", indicó al respecto.
Estados Unidos mantiene una enorme influencia en Paraguay, desde que en 1939 impulsó el ascenso al poder del dictador José Félix Estigarribia, quien encabezó un autogolpe, disolvió el parlamento, persiguió a la oposición y a los estudiantes e impuso por decreto una constitución Nazi Fascista. Previamente, como parte de sus tratos con Washington había entregado la zona petrolífera a la Standard Oil Company en las negociaciones de Paz de Buenos Aires, en 1938, luego de la guerra paraguayo-boliviana en la que la Shell y la Standard se disputaron el petróleo del subsuelo chaqueño.  

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.