UNASUR investiga la masacre en Pando; garantiza imparcialidad y resultados en 40 días

La comisión de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) investiga desde este miércoles la masacre de al menos 18 campesinos y estudiantes el 11 de septiembre en la localidad de Porvenir, departamento de Pando. No será la típica pesquisa que demora meses y hasta años; en 40 días se presentará un informe de resultados, prometió el jefe de la delegación Rodolfo Mattarollo, consultor de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina.

La comisión investigadora se entrevistará con el Presidente Evo Morales, escuchará testimonios de representantes de la oposición y de detenidos en Pando, y conversará con los dirigentes cívicos que fugaron a Brasilea.

Informes oficiales de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y del Defensor del Pueblo confirman que los campesinos fueron emboscados, presumiblemente por funcionarios de la prefectura de Pando. El principal acusado de la masacre es el prefecto Leopoldo Fernández, confinado en la ciudad de La Paz.

Mattarollo declaró a Prensa Latina que la comisión a su cargo cumplirá una tarea muy objetiva que contribuya a serenar los ánimos y a conocer la verdad sobre las ejecuciones humanas en Pando. La investigación de UNASUR será una base que permita esclarecer los hechos y deje las puertas abiertas a investigaciones más profundas.

A comienzos de los años 70, Matarollo fue parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), brazo armado del trotskista Partido Revolucionario de los Trabajadores, asegura Emilio Martínez (http://ciudadanoxbolivia.blogspot.com)

El ERP formó la Junta de Coordinación Revolucionaria integrada por el Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) de Uruguay, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) de Chile y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Bolivia.

Matarollo trabajó en la Subsecretaría de Derechos Humanos en el gobierno de Néstor Kirchner. Durante su gestión firmó un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Justicia de Cuba.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.