La Cámara de Representantes contradice a Bush que propuso excluir a Bolivia

Diputados de EE.UU. extienden vigencia del ATPDEA y SGP hasta 2009

(Agencias).- La Cámara de Representantes de Estados Unidos extendió por un año las preferencias arancelarias para las exportaciones de Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, y el Sistema Generalizado de Preferencias (GSP) que facilita las ventas de 4.650 productos de 144 países en desarrollo. Se espera que el Senado ratifique la decisión en esta semana, informó el presidente del Comité de Medios y Arbitrios Charles Rangel.

El presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) Ernesto Antelo declaró la semana pasada que "el sentimiento de indignación en EE.UU. por la afectación (expulsión) a su Embajador" tiende a generalizarse en aquella nación, tornando imprevisibles sus consecuencias a futuro no solo en lo comercial, sino también en los planos económico y político.

Antelo informó que los congresistas estadounidenses Eliot L. Engel (demócrata) y Dan Burton (republicano) decidieron quitar su apoyo a Bolivia en el trámite de extensión de las preferencias arancelarias.

La semana pasada, el gobierno de George W. Bush propuso excluir a Bolivia del programa de preferencias arancelarias, en represalia a la expulsión del embajador norteamericano de La Paz.

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) alertó que sin ATPDEA se cerrarían más de 500 empresas del rubro de cueros, joyería, madereras y manufacturas, entre otros. Las exportaciones bolivianas a Estados Unidos ascendieron a 412 millones de dólares en 2007.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) José Miguel Insulza anunció que pedirá a EE.UU. que reconsidere su decisión para no dañar a muchas pequeñas industrias y dejar sin trabajo a más de 50 mil trabajadores.

Los países de la Unión Europea podrían suplir a los mercados de Estados Unidos en caso de que se suspenda la Ley ATPDEA, aseguraron hoy la primera Vicepresidente del Parlamento Europeo Gabriela Cretu, y su colega italiano Giusto Catania.

El embajador boliviano para asuntos de integración y comercio Pablo Solón declaró al diario Opinión que Washington no podrá amedrentar a Bolivia con este tipo de medidas disciplinarias.

Con la ampliación de los beneficios de la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA, por su sigla en inglés) y del SGP, que vencían el 31 de diciembre de 2008, el Congreso norteamericano está reconociendo que Bolivia es un país soberano y que ningún presidente puede imponernos condiciones, comentó la ministra de Producción y Microempresa Susana Rivero.

El IBCE precisó que tan importante determinación en nada cambia la situación actual de Bolivia, que continuará excluida del beneficio mientras el país mantenga su situación de “descertificación” en materia de lucha contra el narcotráfico.

El IBCE recordó que la representante Comercial de EE.UU. Susan Schwab dijo que “la suspensión podría ser levantada tan pronto como el gobierno boliviano mejore su desempeño bajo los criterios de las leyes ATPA y ATPDEA”, lo que en palabras sencillas significa que, mientras las señales en la lucha contra el narcotráfico continúen siendo negativas, así Bolivia esté en la Ley de extensión del ATPDEA para el 2009, seguirá suspendida de tal beneficio, como fue establecido el viernes pasado, luego de su descertificación por los EE.UU.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.