Entrevista a Lilia Solano integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado colombiano

Colombia: La ley de justicia y paz legalizó el robo de tierras y las fortunas de los paramilitares

Ricardo Daher - www.suramericapress.com

La ley de justicia y paz, es decir el acuerdo del gobierno colombiano con los paramilitares, sólo sirvió para crear condiciones para legalizar las tierras robadas a los campesinos, obtener el perdón anticipado para los crímenes de lesa humanidad, y para acceder al poder político, sostuvo Lilia Solano, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado colombiano, en su visita al Foro Social Europeo procedente de Bruselas donde participó el el tribunal popular que juzgó y condenó al gobierno de Alvaro Uribe por crímenes de lesa humanidad.

Lilia Solano destacó la importancia del fallo aunque es poco optimista de que los gobiernos y empresas europeas que negocian en Colombia lo tomen en cuenta. Sin embargo destacó que “esta condena es muy importante para las víctimas de los 30 mil detenidos desaparecidos, de los 4 millones de desplazados internos, mientras se mantienen las torturas, las desapariciones forzadas. Estos son crímenes que se están cometiendo permanentemente mientras el gobierno dice que todo se reduce al enfrentamiento con la insurgencia. Lo cierto es que los crímenes que el Estado comete son sistemáticos y permamentes, y si la comunidad internacional no los condena, nos quedamos en Colombia solos poniéndole el pecho a las balas”. Consultada sobre el freno a la investigaciones a la violación de los derechos humanos cometidas por los paramilitares acogidos a la ley de justicia y paz del gobierno de Uribe, tras la extradición de 14 de sus jefes a Estados Unidos, Lilia Alonso profesora, investigadora, trabajadora de los derechos humanos, e integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, sostuvo que desde un principio, “creíamos que la ley de justicia y paz se creó para extender perdón y olvido a los paramilitares, y que no iba a someterlos a la justicia”. La ley explicó, lo que realmente creo fueron las condiciones para tres cosas: que les legalizaran las tierras que habían robado a los campesinos y los bienes obtenidos, en segundo lugar que les perdonaran los crímenes de lesa humanidad, y en tercer lugar para que pudieran tener después acceso al poder político”. “Eso está muy claro en el acuerdo entre Estados Unidos y el presidente Alvaro Uribe de que los paramilitares que fueran extradictados sólo pagarían por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero, pero no por las masacres, los asesinatos y las desapariciones”. Solano adviertió que este acuerdo entre los jefes paramilitares, el gobierno de Uribe y Estados Unidos, ha extendido aún más la impunidad “dejando claro que aquellos que se dedican a servir al Estado a través de la estrategia paramilitar, podrán seguir cometido crímenes contando con la seguridad de que nunca pagaran por esos crímenes”. Al mismo tiempo denunció que Estados Unidos se involucra en una estrategia que le beneficia totalmente “y no le importa que haya justicia, ni que las víctimas tengan acceso a la verdad, a la reparación integral y a garantías de que esos crímenes no se repetirán”. “Asi vemos una vieja estrategia de élites locales corruptas, comprometidas con crímenes, apoyadas por Estados Unidos y legitimidas por la comunidad internacional, como los países europeos, que sólo les interesa poder hacer negocios con los países de turno, aunque éstos estén comprometidos con crímenes”, subrayó al denunciar la pasiva complicidad de los gobiernos de la Unión Europea. Mitad del territorio en manos de narcotraficantes Solano estimó que al menos la mitad del territorio del país está en manos de narcotraficantes y paramilitares. Subrayó que estas bandas armadas ”han logrado apropiarse de más de medio país porque cuentan con el respaldo del gobierno, con el respaldo de gobiernos anteriores, pero muy particularmente de este gobierno de Alvaro Uribe. Tienen la colaboración de fuerzas armadas, las fuerzas públicas, y han logrado comprar a los políticos regionales”. Al mismo sostuvo que los paramilitares han logrado asociaciones ventajosas con los gremio económicos nacionales e internacionales. ”Hay ejemplos muy claros, la British Petroleum, que está muy presente en Arauca, ha contrado para su seguridad a los militares colombianos, y los militares colombianos a su vez han subcontratado a los paramilitares”. De esta manera se construye una cobertura de seguridad para los inversores extranjeros, aunque para ellos tienen que desplazar gente, desaparecer o asesinar a sindicalistas. ”Lo más importante es ofrecerle garantías a las empresas extranjeras de que podrán actuar libremente”. “Esto está más que demostrado con lo que pasó con la bananera norteamericana Chiquita Brand. En el Uraba antitioqueño, la empresa bananera destinaba recursos al pago directo de los paramilitares. Esos paramilitares sembraron el terror en la región. En el Uraba antioqueño corrió sangre de los sindicalistas, del movimiento social, de los movimientos de derechos humanos, del movimiento campesino. Ellos pagaron con sus vidas las garantías que el gobierno le otorgó al gran capital”. A su vez subrayó la complicidad de Estados Unidos con el narcotráfico, ya que se beneficie de sus recursos. Solana explicó que la mayor parte del dinero de la exportación de la droga se queda en los bancos norteamericanos. ”La prueba de que se queda en los bancos norteamericanos es que Estados Unidos se opone visceralmente a la legalización de la droga” sostuvo. “Estados Unidos no quiere comprometerse a otra cosa que no sea destruir a Colombia, fumigarla, enviarle armas, aplastar sus líderes sociales”. Denunció que Estados Unidos y el ejército colombiano tienen medios técnicos para ubicar a la guerrilla, “pero no les interesa, les interesa más perseguir a las organizaciones sociales, porque saben que son las organizaciones sociales las que se han puesto en pie a pesar de que le quitan la vida, a decir no vamos a dejar que nuestra soberanía, riqueza, todo quede en manos del gran capital y de Estados Unidos”. “Por eso golpean al campesinado, al pueblo colombiano, a los indígenas. Organización que se levanta, organización que la golpean. Esa es la estrategia en que están comprometidos los dueños del poder en Colombia y los Estados Unidos, y legitimados por los países europeos que mantienen la actitud de decir que en Colombia hay democracia, y como Uribe fue electo, actúan como si no pasara nada”. Lilia Solano explicó que la ley de justicia y paz no desmanteló el paramilitarismo y que nunca existió la voluntad de hacerlo. ”Lo único que se hizo fue un proceso de legitimación, y sólo existió una reingeniería del paramilitarismo. Se reorganizaron, se reciclaron unos líderes, sobre todo los líderes que hicieron acuerdos de delación a cambio de reducción de penas con los Estados Unidos. El paramilitarismo sigue funcionando con nueva dirigencia. Y los políticos involucrados por el paramilitarismo y que fueron en la cárcel, cumplieron meses de prisión y ya están saliendo en libertad”. Uribismo sin Uribe Pese a que el presidente Alvaro Uribe haya declarado que no buscará un tercer mandato a través de una reforma constitución –tarea a la que muchos de sus seguidores siguen abocados- Solano no cree que se vaya a producir un cambio en la situación de los derechos humanos y la violencia en Colombia. “Ya se están perfilando lo que nosotros decimos Uribe versión decente” explicó. Para esta activista de los derechos humanos, profesora e investigadora, “Estados Unidos conocía ya desde el primer mandato de Uribe sus vínculos con el narcotráfico y los paramilitares”. Ahora se preparan para presentar un candidato algo más presentable aunque de igual ideología. “Ahora aparecen delfines como Juan Manuel Santos, el ministro de Defensa, que es igual de extrema derecha que Uribe, y que no parece tener vínculos tan directos con los narcotraficantes y el paramilitarismo. También figura como delfín el senador Germán Vargas Llera y otros como el vicepresidente Franciso Santos. En todo caso la definición del candidato para suceder a Uribe se maneja con Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos es quien decide el candidato al dar su espaldarazo, y debe ser un candidato que no sólo de garantías al sistema, sino también a los negocios de las multinacionales norteamericanas y extranjeras. Lamentablemente existe la posibilidad de que tengamos un presidente peor que Uribe”. Confesiones de paramilitares Pese a las denuncias contra el presidente Uribe, la comunidad internacional lo sigue respaldando. Sin embargo, sostuvo Solano, las pruebas de las relaciones de Uribe con el paramilitarismo y el narcotráfico son conocidas desde hace tiempo. “Una de las pruebas concretas es la confensión de uno de los paramilitares que reveló que cuando Uribe era gobernador de Antioquia, las AUC realizaron la masacre del Aro (*). Los paramilitares entraron al pueblo, asesinaron gente, cortaron sus cabezas, jugaron fútbol con las cabezas, mientras los militares cerraban las salidas del pueblo para que nadie pudiera avisar sobre lo que pasaba. Cuando culminó la masacre, los paramilitares buscaron al ahora presidente Uribe, entonces gobernador, y éste los felicitó por la acción. Pero no sólo eso, los paramilitares que han confesado crímenes han demostrado claramente los vínculos entre esa estrategia y este gobierno”. Sin embargo Uribe aparece con gran respaldo en las encuestas de opinión en su país. Lilia Solano justifica ese respaldo por el poder de los sectores a los que representa. “Uribe representa a sectores muy importantes en el país. Representa a los gremios económicos, a todo el sector mafioso paramilitar que es enorme en el país y que ha logrado infiltrarse en los negocios y en la política. Además controla los medios de comunicación porque los gremios económicos son sus dueños. En todos estos años el gobierno ha repartido una enorme cantidad de puestos de gobiernos regionales, en la administración pública, en la embajadas, en organismos públicos, por lo que también controla esa base de poder. Además debemos decir que el poderío paramilitar se ha apropiado de las regiones por la vía armada y Uribe también los representa”. ”Si visitas La Florida en Estados Unidos, toda esa clase alta colombiana con propiedades alli y que controla el país, se siente representada por Uribe. Si cuentas empresarios, narcotraficantes, paramilitares, medios de comunicación, y la clase media que apoya a quien promete hacerla subir y se sienten representados por Uribe, recoge un enorme respaldo”. ”Nosotros, como no tenemos medios de comunicación, y nuestra lucha está tan golpeada por la fuerza del aparato del Estado, nuestras voces quedan aísladas. Pero representamos el rostro de las víctimas que es enorme. Sólo en el país 4 millones de desplazados internos que siguen siendo asesinados, perseguidos, a los que se les acusa de amigos de la guerrilla, que los someten a la pobreza de tal forma que pierdan el sentido de la dignidad humana y que ya no les importe más nada que la sobrevivencia”. (*) El 25 de octubre de 1997 tropas combinadas del Ejército y las ACU rodearon el pueblo del Aro y sus 2000 habitantes, como parte de una ofensiva regional contra las FARC, con el objetivo de hacer abandonar la región y “conquistarla”. El Ejército rodeaba el pueblo, los paramilitares penetraron en éste y masacraron a 4 personas en la plaza, permanecieron en él durante cinco días y ejecutaron al menos a 11 personas, entre ellos 3 niños, incendiaron 47 de las 68 casas, destruyeron tuberías del agua potable y obligaron a huir a la mayoría de la población. Se fueron el 30 de octubre, y las ACU se llevaron más de 1.000 cabezas de ganado, lo saqueado en las casas y el comercio. Al final se reportó la desaparición de 30 personas.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.