"Somos lo suficientemente fuertes como para partir al país", amenaza un diputado cruceño de Podemos

Comenzó el golpe fascista en Santa Cruz, denuncia el gobierno boliviano

Redacción Bolpress

El gobierno boliviano comunica a la comunidad nacional e internacional que en la ciudad capital del departamento de Santa Cruz se ha puesto en marcha un golpe de estado civil a la cabeza del presidente del Comité Cívico Branco Marinkovic, y con la tolerancia del prefecto Rubén Costas. El Poder Ejecutivo no responderá a las "provocaciones de grupos fascistas" y defenderá la democracia y la unidad nacional sin declarar estado de sitio en las zonas convulsionadas.

El gobierno denunció en las últimas semanas que se venía gestando una asonada violenta en Santa Cruz con apoyo interno y externo. Hoy se materializaron los malos presagios y "se dio inicio a un golpe de estado cívico prefectural contra la unidad del país y la democracia", dijo el ministro de Gobierno Alfredo Rada.

Estudiantes, activistas de la Unión Juvenil Cruceñista (UCJ) y lumpen de los grupos de choque del movimiento cívico empresarial de Santa Cruz asaltaron este martes las oficinas de Impuestos Internos, Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL).

Los delincuentes robaron computadoras, televisores, equipos telefónicos y otros bienes públicos, y quemaron muebles y documentación. Apalearon a conscriptos y policías que custodiaban los bienes del Estado. Luego de destruir entidades públicas estatizadas hace poco; los unionistas incendiaron las oficinas del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales (CEJIS).

Además, activistas de la UJC quemaron las instalaciones de Radio Patria Nueva y asaltaron las oficinas de Televisión Boliviana Canal 7 en Santa Cruz y robaron equipos. Obligaron a Radio Alternativa a suspender emisiones e intimidaron a otros medios no alineados con el autonomismo patronal, tal y como ocurrió la semana pasada en Cobija, donde cuatro radioemisoras tuvieron que interrumpir su trabajo en resguardo de la integridad física de sus periodistas.

Se instala una especie de "terrorismo regional y cívico en cuatro departamentos para secuestrar la voz del pueblo y de las conciencias libres que tratan de expresar sus opiniones", lamentó el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana. Lo curioso es que la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), fiel guardiana de los medios privados, no ha dicho una sola palabra en defensa de la "libertad de expresión".

El ministro de Defensa Walker San Miguel valoró la templaza de los efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía que se enfrentaron a los vándalos "sin disparar ni una bala", aun a costa de su seguridad personal, conscientes de que la ultra derecha busca muertos y heridos como bandera política.

El ministro Rada responsabilizó de todo lo ocurrido en Santa Cruz al dirigente cívico Marinkovic y al prefecto Costas, quien no cumple con su obligación elemental de garantizar la tranquilidad ciudadana y la convivencia pacífica y "desde las sombras alienta este tipo de actos violentos. Estos dos personajes alentaron, promovieron y llevaron adelante esta violencia fascista y racista".

San Miguel reveló que los grupos opositores planean tomar en las próximas horas la refinería de Palmasola e interrumpir la producción de carburantes, pero "los fascistas no pasarán". "Lo que están atacando en el fondo es la democracia. Quieren derrumbar el orden institucional que se ha construido con tanta dificultad, pero no lo vamos ha permitir porque tenemos el apoyo popular", aseguró Quintana.

El gobierno no declarará estado de sitio regionalizado, pues esa extrema medida constitucional radicalizaría aún más a las hordas de choque de la ultra derecha. Además, las libertades democráticas de un millón de habitantes en Santa Cruz no pueden ser alteradas por la obra de 500 o mil malandrines, explicó el ministro San Miguel.

Las autoridades del Poder Ejecutivo dicen enfrentar a criminales y delincuentes comunes que responden a un régimen terrorista demente que se quedó sin argumentos políticos y que es incapaz de debatir democráticamente.

El gobierno apelará a instrumentos legales y constitucionales para detener el golpe cívico fascista. Prefiere esperar a que el puñado de violentos organizados y financiados por algunos poderes locales se desgaste, y que el timorato Poder Judicial encarcele a los cabecillas.

Les toca a las autoridades judiciales "poner en su lugar" a los vándalos que maltratan a la gente y que roban los bienes públicos; a las pseudo autoridades regionales que mandan a golpear a jefes policiales, que desafían a las autoridades militares y que amenazan con tomar cuarteles; y a los "padres de la patria" que convocan abiertamente a la sedición.

El ganadero, terrateniente y jefe de bancada de los diputados de Podemos Antonio Franco "aplaudió" las tomas en Santa Cruz. Fomentó los saqueos el diputado Pablo Klinsky (Podemos), hombre de confianza de Marinkovic.

"No nos van atropellar, si vamos hablar de enfrentarnos hablemos de enfrentarnos, si vamos a hablar de guerra habrá guerra, pero no nos van imponer las cosas. Somos lo suficientemente fuertes como para partir al país y si tengo que agarrar un palo, una onda, un arma, lo voy hacer, pero voy a defender mi territorio y nadie va a pasar por encima", desafió el diputado de Podemos por el departamento de Santa Cruz Oscar Urenda.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.