Glencore tiene plazo hasta el 1 de junio para renegociar sus contratos con Comibol

La transnacional Glencore, dueña de Sinchi Wayra, tiene plazo hasta el 1 de junio para negociar con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) la modificación de su participación en los yacimientos mineros de Bolívar, Porco, Colquiri y San Vicente, informó el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados José Pimentel.

El ministro de Minería Luís Alberto Echazú y el presidente de la estatal de minería informaron que no habían podido renegociar la migración de los contratos de arrendamiento a riesgo compartido con las empresas Sinchi Wayra y Panamerican Silver.

Por esta razón, la Comisión parlamentario determinó darles un plazo de 15 días para que esos convenios sean suscritos y el Congreso Nacional los apruebe o rechace. Pimentel recordó que hace un año la instancia que dirige declaró nulos esos contratos porque fueron firmados hace 10 años y no tiene autorización legislativa.

"Estos contrato se están ejecutando sin la aprobación congresal y en el momento veremos qué medidas precautorias debemos tomar para que no se paralicen las operaciones y, al contrario, el Estado garantice sus intereses y la estabilidad de los trabajadores", adelantó el diputado.

Miranda aseguró ayer que en los nuevos contratos de riesgo compartido la participación será de 50-50 y añadió que el aporte de la Corporación en las inversiones futuras de las minas será cubierto con las utilidades que percibirá en cada una.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.