El Tribunal Permanente de los Pueblos enjuicia a ETI/Telecom Italia, Telefónica, al CIADI y al gobierno de los Países Bajos

Telecom Italia agrede a Bolivia y se gana el repudio internacional

Organizaciones de la sociedad civil de varios países reunidas en la Cumbre Social de los pueblos en Lima condenaron la decisión de ETI/Telecom Italia de solicitar a la Corte del Estado de Nueva York el embargo de las cuentas de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) como parte de la estrategia de agresión al gobierno de Bolivia.

Reunidas en la ciudad de Lima en el marco de la Cumbre Social de los Pueblos Enlazando Alternativas 3, varias organizaciones sociales protestaron vehementemente ante la nueva agresión de Telecom Italia contra el Pueblo boliviano.

La empresa transnacional italiana (controlada en 10% por la española Telefónica) ha solicitado a la Corte del Estado de Nueva York el embargo de las cuentas de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), valuadas en varias docenas de millones de Euros.

ETI/Telecom Italia tomó esa decisión en el contexto de la demanda presentada el 12 de octubre de 2007 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, institución dependiente del Banco Mundial) contra Bolivia.

La medida que podría afectar considerablemente a uno de los países más empobrecidos de América Latina, puesto que en el caso en el cual el CIADI fallara a favor de Telecom Italia, esa suma le sería revertida directamente, alertaron las organizaciones sociales.

En aplicación de políticas neoliberales en los años 90, los sectores económicos estratégicos de Bolivia fueron privatizados y entregados al capital transnacional, causando graves impactos económicos, sociales y ambientales.

La política del actual gobierno boliviano tiene por objetivo revertir esta situación y recuperar la soberanía sobre estos sectores para que contribuyan al desarrollo nacional. En abril de 2007, el gobierno boliviano anunció la intención de retomar el control de ENTEL de manera legal y negociada. La empresa italiana reaccionó presentando ante el CIADI el 12 de octubre de 2007 una solicitud formal para iniciar una acción de arbitraje contra Bolivia, exigiendo compensación por un daño ficticio a sus inversiones.

Se trata de una demanda injustificada por varias razones. En primer lugar, no respeta la decisión soberana tomada por Bolivia el 2 de mayo de 2007 de retirarse del CIADI, un tribunal privado parcializado con las transnacionales. En segundo lugar, ETI/Telecom Italia no ha invertido el dinero prometido en Bolivia según su contrato y por lo tanto no ha cumplido eficientemente en la provision de servicios. La empresa ENTEL debe actualmente aproximadamente 82 millones de dólares por impuestos impagados a Bolivia.

En tercer lugar, ENTEL es una empresa italiana y española, por lo que resulta incomprensible el uso del Tratado Bilateral sobre Inversiones entre Bolivia y los Países Bajos, a través de una compañía holandesa constituida sin dirección y que sólo tiene un apartado postal. 

ETI, subsidiaria en papel de Telecom Italia, es el mayor accionista de ENTEL y es una compañía prácticamente sin empleados.  Es parte de un grupo de compañías holandesas entre las que también están International Communication Holding (ICH) N.V. (con cero empleados) y Telecom Italia International N.V. (con 7 empleados), la compañía holding de Telecom Italia. Fue establecida por Telecom Italia en los Países Bajos para gozar de las ventajas fiscales que ofrece este país y de los tratados bilaterales de protección de las inversiones que ha firmado con un número importante de países empobrecidos.   ETI/Telecom Italia, Telefónica, el CIADI y el gobierno de los Países Bajos fueron denunciados ante el Tribunal Permanente de los Pueblos que sesiona actualmente en Lima (Perú) por no respetar el derecho del pueblo boliviano a un desarrollo soberano.   

Se solidarizaron con el pueblo boliviano, protestaron enérgicamente contra la decisión de ETI/Telecom Italia de embargar las cuentas de ENTEL en Nueva York y exigieron a la empresa que desista del juicio ante el CIADI un colectivo social amplio y diverso, integrado por la Alianza Social Continental; Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe; CAOI, Perú; Movimiento Boliviano por la Soberanía y Integración Solidaria de los Pueblos, Bolivia; Jubileo Sur; Acción Ecológica, Ecuador; ACIN-Colombia; ACSUR Las Segovias, Estado español; Agrupación Rodolfo Walsh, Argentina; ASUD, Italia; ATTAC Argentina, ATTAC Chile,Ayllus del Perú, Perú; Bolivia Trópico Cbb, Bolivia; Campanya “Qui deu a Qui”, Cataluña ;Campanya « No et Mengis el Món”, Cataluña; CEIBA-Amigos de la Tierra Guatemala; Censat-Agua Viva, Colombia; Centro de Mujeres Candelaria, Bolivia; CNDC, Bélgica; Colegio Alvino Maestro, Perú; Confederación General de Trabajadores del Perú, Perú; Confederación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia- Bartolina Sisa (CNMCB-BS); Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSTUCB); CONFEUNASSC C-N-C Ecuador; Consejo de Amautas Indígenas del Tahuantinsuyu, Bolivia; Consejo NAC-Pueblos Originarios, Perú; CRBM, Italia; Cross Cultural Bridges-Holanda/Bolivia;Dialogo 2000, Argentina; Ecologistas en Acción, Estado español;Encuentro Popular, Costa Rica; Entrepobles, Cataluña; Estados UnidosFEANSIRTRASALUD, Venezuela; Federación de Mujeres El Alto, Bolivia;  FEJUVE El Alto, Bolivia; FENASINDPRES, Venezuela; FENATRAU, Venezuela; FENTAP, Perú FENTRASEP, Venezuela; FERMYPE, Bolivia; FETRATEL, Venezuela; FOESIFV, Italia;  Food and Water Watch, EEUU;  Foro Social SMP, Perú;  Fredimadd, Bolivia;  Fuerza Socialista Bolivariana de Trabajadores, Venezuela;  Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP, Argentina); FUTEV, Venezuela; Institute for Policy Studies, EEUU; MIPES, Perú; Ojalá, Holanda;  OMAL-Paz con Dignidad, Estado español; Organización Desarrollo Comunitario, Perú; Oxfam International, Bolivia; Programa Chile Sustentable, Chile; Red Intercultural, Ecuador; Red Jubileo, Perú ; Rede Brasil sobre Institucoes Financeras Multilaterais, Brasil; REDES-Amigos de la Tierra (Uruguay), Seis Federaciones del Trópico, Bolivia; SINAFUM, Venezuela; Sindicato STEE-EILAS, Euskadi; Taller Ecologista, Argentina; Teatro-Remte, Bolivia; Terre des Hommes, Italia; Transnational Institute, Holanda y Xarxa de l’Observatori del Deute en la Globalització, entre otros.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.