Referéndum revocatorio de mandato en tres meses

¿Evo o los prefectos autonomistas? El pueblo dirá quién sirve y quién se va

Redacción Bolpress

El Presidente Evo Morales promulgará rápidamente la Ley de Revocatoria de Mandato Popular sancionada este jueves por el Senado apenas le entreguen la norma que deja en manos del pueblo la decisión de ratificar o cesar en sus funciones al Presidente de la República, Vicepresidente y a los nueve prefectos de departamento.

Satisfecho por la aprobación, Morales aseguro que la ley profundizará la democracia y permitirá al pueblo resolver la crisis política que no han podido remediar el gobierno y los partidos de la oposición.

¿Quién sirve para gobernar? El pueblo boliviano tiene la última palabra y tendrá que pronunciarse en las urnas por la continuidad del proceso de cambio o por el retorno al pasado, sin violencia y en el marco de la legalidad, dijo Morales.

Según el presidente del Senado Oscar Ortiz (Podemos), la Cámara Alta determinó aprobar la Ley porque hasta la fecha no ha prosperado ningún intento de diálogo y porque el Movimiento al Socialismo (MAS) pretendía viabilizar la próxima semana el referendo sobre el proyecto de Constitución Política del Estado redactado por la Asamblea Constituyente. “Creímos que era mejor ir al voto ciudadano antes de que eso suceda, evitar cualquier confrontación y dar una salida pacífica al país”.

El Poder Ejecutivo envió el proyecto de Ley de Revocatoria de Mandato Popular al Congreso en diciembre del año pasado. La norma de 11 artículos fue aprobada a mediados de diciembre en la Cámara de Diputados; el 15 de enero el Senado la aprobó en grande y el 7 de mayo la sancionó sin modificación alguna. 

La Ley norma la convocatoria al Referéndum Revocatorio de Mandato Popular, un mecanismo institucional de consulta al pueblo para que, mediante voto universal, directo, libre y secreto, exprese su decisión sobre la continuidad o no de una autoridad elegida también por voto universal.

La consulta debe realizarse 90 días después de la promulgación de la Ley. El referéndum revocatorio presidencial se realizará en circunscripción nacional, en tanto que el referéndum de revocatoria o continuidad de la gestión de los Prefectos de Departamento se hará en circunscripción departamental. 

La pregunta del referéndum revocatorio nacional es: ¿Usted está de acuerdo con la continuidad del proceso de cambio liderizado por el Presidente Evo Morales Ayma y el Vicepresidente Álvaro García Linera? En el referéndum revocatorio departamental se consultará: ¿Usted está de acuerdo con la continuidad de las políticas, las acciones y la gestión del Prefecto del Departamento?

Para revocar el mandato de una autoridad se requiere un número de votos mayor al total de votos que obtuvo en la última elección. Por ejemplo, para sacar al Presidente y al Vicepresidente se requiere un porcentaje de votos superior a 53,740% y más de 1.544.374 votos. 

Se revocará la gestión de los Prefectos si los votos en su contra son mayores a los que obtuvieron en las elecciones del 18 de diciembre de 2005: 361.055 votos (37.988%) en el caso de La Paz; 66.999 votos (42.306%) en Chuquisaca; 9.958 votos (48.032%) en Pando; 46.842 votos (44.637%) en Beni; 299.730 votos (47.877%) en Santa Cruz; 63.630 votos (40.954%) en Oruro; 79.710 votos (40.690%) en Potosí; 64.098 votos (45.646%) en Tarija y 246.417 votos (47.641%) en Cochabamba.

Si el Presidente y Vicepresidente pierden su mandato, el Presidente convocará a elecciones generales por un nuevo período constitucional en un plazo de 90 a 180 días desde la emisión del cómputo oficial emitido por la Corte Nacional Electoral. El cargo de los Prefectos revocados será declarado vacante y el Presidente designará al sucesor hasta que se elija a la nueva autoridad departamental en un proceso eleccionario. 

El diálogo ya no tendrá cabida en el nuevo escenario político con elecciones anticipadas, sino una anunciada guerra propagandística. Continuarán las consultas autonómicas en Beni y Pando, el 1 de junio, y en Tarija el 22 de junio.

El objetivo prioritario de la oposición de derecha es legitimar con votos las autonomías de la media luna, condenadas a morir de inanición en un absoluto aislamiento internacional. También quieren bajar a Evo y por eso lo empujan a un referéndum revocatorio en un momento difícil, con la canasta familiar por las nubes y crisis alimentaria mundial.

Lo peor que podría ocurrir es que el pueblo ratifique a todos en sus cargos y todo siga igual.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.