El cardenal Terrazas apoya el sondeo ilegal en Santa Cruz

El cardenal Julio Terrazas, representante máximo de la Iglesia Católica en Bolivia, participó en la consulta para aprobar el estatuto autonómico de Santa Cruz, apoyando de esta manera un acto anticonstitucional. Minutos después de emitir su voto esta mañana, el jefe de la curia manifestó públicamente su apoyo al “referéndum” y convocó a los ciudadanos cruceños a votar.

Terrazas pidió respeto para los resultados de la consulta señalando que “como en todas las cosas de los hombres habrá perdedores y ganadores”. Con esta actitud, el cardenal refrenda un proceso electoral liderado por logias latifundistas, contradiciendo a la propia Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), cuyo secretario general monseñor Jesús Juárez señaló que “una cosa son las autonomías y otra el referéndum autonómico, que debe tener su base en una Constitución Política aprobada por todos”. En horas pasadas, Juárez pidió a los autonomistas fomentar una cultura de la legalidad para que “las leyes se cumplan y que se vaya por el camino establecido”.

No es la primera vez que el cardenal Terrazas toma partido por los grupos de poder de Santa Cruz. Días atrás, el prelado puso en duda la existencia de indígenas guaraníes semiesclavizados en haciendas del chaco cruceño, pese a que diversos informes de organizaciones de derechos humanos, e inclusive documentos de la Iglesia Católica, confirman la persistencia de relaciones laborales servidumbrales en Bolivia como consecuencia de la desigual e inequitativa distribución de la tierra en el país.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.