Ronald Larsen y otros patrones de la provincia Cordillera apedrean y disparan a indígenas y funcionarios del Estado; es la segunda agresión en un mes

Hacendado norteamericano arma grupos de choque para defender latifundios en el chaco cruceño

Atacaron con piedras, petardos y balas a funcionarios del Viceministerio de Tierras y del INRA en inmediaciones de la hacienda Caraparicito, ubicada en la Localidad de Lagunillas, aproximadamente a 80 kilómetros de Camiri. Los autores intelectuales y materiales de la agresión son ganaderos y hacendados, entre ellos un ciudadano norteamericano vinculado a las elites políticas y empresariales de la capital cruceña.

Aunque el saneamiento en la zona beneficiará a 10 mil pequeños propietarios y consolidará una TCO a favor de comunidades indígenas guaraníes, muchas de ellas explotadas laboralmente, los hacendados y ganaderos conformaron “comités de defensa” con gente armada para impedir el ingreso de funcionarios de gobierno y paralizar los trabajos de saneamiento.

No es la primera vez que los terratenientes de la provincia Cordillera de Santa Cruz impiden con violencia el saneamiento de sus haciendas. El 29 de febrero secuestraron y amenazaron de muerte a las máximas autoridades agrarias nacionales y dispararon a las llantas de su vehículo.

A las 10 de la mañana de este viernes 4 de abril, la comisión oficial integrada por 40 funcionarios del INRA y del Viceministerio, resguardada por un contingente policial de 40 efectivos, reanudó los trabajos de saneamiento en la localidad Alto Parapetí, y otra vez encontró la resistencia violenta de los hacendados.

La caravana fue detenida en la localidad de Ipati por un grupo de gente a bordo de más de una decena de vehículos que amenazó a los conductores con quemar los vehículos que transportaban a los funcionarios de gobierno. Sin embargo, el contingente rompió el bloqueo y continuó su camino, bajo asedio permanente de amenazantes ganaderos que los perseguía a bordo de seis vehículos.

A las 15:30, los representantes del gobierno llegaron a la hacienda “Caraparicito”. La vía estaba totalmente bloqueada por un remolque sin llantas de ocho metros de largo, varios troncos y piedras. Detrás de estos obstáculos los hacendados levantaron una barricada y más atrás colocaron una cisterna en medio del camino.

Comenzó una fuerte discusión seguida de insultos y empujones. Los ganaderos desconocieron al gobierno de Evo Morales. “Esto les va a durar unos días más porque ya no estarán ustedes”, dijo uno de los propietarios, en alusión al estatuto autonómico que el empresariado cruceño pretende aprobar el 4 de mayo.

Los ganaderos gritaban que no había cautivos en sus haciendas, aunque los guaraníes que acompañaban a la comisión oficial les desmentían. Los periodistas que cubrían estos incidentes preguntaron por qué impiden el saneamiento si no existen indígenas cautivos en sus predios, pero los hacendados no respondieron. Luego de un forcejeo se logró retirar el primer remolque y la comisión avanzó con la policía.

En ese momento salió de su hacienda el norteamericano Ronald Larsen, gritando y amenazando directamente al viceministro de Tierras Alejandro Almaraz. En el secuestro del 29 de febrero, este mismo personaje intimidó a Almaraz con armas de fuego. El grupo de choque de los hacendados comenzó a lanzar petardos, cohetes y piedras a diestra y siniestra, hiriendo en la cara a un policía y a un guaraní, y también a un concejal de Lagunillas. La policía tuvo que usar gases lacrimógenos para frenar la agresión. Luego se negoció una tregua, sin que ninguna de las partes haya abandonado sus posiciones.

Ambos bandos permanecen en sus posiciones: el contingente oficial integrado por 40 funcionarios, 36 policías y alrededor de 50 indígenas guaraníes, frente al “comité de defensa” ganadero integrado por 50 personas, algunas armadas y equipadas con radioreceptores.

¿Quién es Larsen?

Un norteamericano protagonizó dos agresiones a una comisión oficial en menos de 40 días. Este extranjero levantisco que contrata matones para evitar que los guaraníes obtengan una TCO en Alto Parapetí se llama Ronald Larsen.

Larsen, relacionado con el Cuerpo de Paz, llegó al chaco boliviano en 1968 y al año siguiente compró la hacienda de Caraparicito. Con los años, su hacienda se convirtió en un complejo turístico con atractivos naturales, gimnasio, sala de juegos, comedor, sala de reuniones, biblioteca, sauna e hidromasaje.

Las haciendas ganaderas del Chaco son parte de un proyecto turístico impulsado por la Prefectura de Santa Cruz. La inversión de las propiedades privadas, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), alcanza un millón de dólares, según un reporte del Nuevo Día (5 de junio de 2007).

Larsen está bien relacionado con la jerarquía política del departamento. La Prefectura cruceña eligió a Caraparicito como ejemplo de manejo ambiental. Dentro de la hacienda de 2.800 hectáreas existe una “Reserva Natural de Patrimonio Privado” de 2.335 hectáreas. El 4 de junio de 2007, Larsen recibió en su hacienda al prefecto Rubén Costas, al presidente del comité cívico Branko Marinkovic, y al presidente de la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO) en ese entonces Gabriel Dabdoub.

Todo por la tierra

Larsen y los hacendados de la provincia Cordillera, en alianza con las elites de Santa Cruz, conformaron un “comité de defensa” en la provincia Cordillera integrado por medianos y grandes propietarios, en ellos Juan Carlos Santistevan, dueño del predio Mandioty de una extensión de 1.885 hectáreas; y la familia de Elvy Abbet de Malpartida, dueña del predio Itacay de 9.783 hectáreas.

Los más activos del clan son los Larsen. Según datos del INRA, el padre, Ronald Larsen, es dueño de Caraparicito de 3.377 hectáreas y de Caraparicito II, de 3.399 hectáreas. Su hijo Duston posee el predio Yaguapoa de 2.696 hectáreas. Todas estas propiedades se ubican en los cantones Choreti, Camiri y Cuevo (Santa Cruz); y Sapirangui y Guembe (Chuquisaca).

De un total de 98.875 hectáreas en Alto Parapetí, 51.512, el 52 por ciento de toda la tierra, se concentran en 14 predios categorizados como empresas. Las 40 pequeñas propiedades identificadas en el lugar suman una superficie de 7.755 hectáreas, es decir el 7,8% de la tierra.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.