Indígenas y legisladores preparan protestas contra la JIFE

Legisladores indígenas y dirigentes cocaleros preparam protestas contra la resolución de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), organismos de la Organización de las Naciones Unidas, que pidió a Bolivia y Perú prohibir el acullicu y la industrialización de la coca.

El diputado del MAS y dirigente cocalero de Nor Yungas de La Paz Gabriel Flores declaró que el pedido de la JIFE es un atentado contra la cultura boliviana y una guerra política contra el gobierno de Evo Morales. "No lo vamos a permitir", enfatizó.

Flores explicó que la hoja sagrada es esencial para la supervivencia de los pueblos de la cultura boliviana, en particular los andinos. "La hoja de coca como mate, acullico, alimento y medicina no es dañina para la salud. Por consiguiente, en Bolivia existen muchas personas que la consumen", indicó Flores. Agregó que lo que sí debiera prohibir el organismo internacional es el consumo de cocaína, tabaco, alcohol y precursores que sirven para la elaboración de clorhidrato base de cocaína.

Los productores de coca de Nor Yungas están en emergencia y en las próximas horas anunciarán acciones de defensa de la coca.     

El senador del MAS Lino Villca y Flores anunciaron que se reunirán en ampliados para determinar las futuras medidas. "No permitiremos que se prohíba el consumo de la coca. La decisión de la ONU es un atropello a los pueblos indígenas y estamos dispuestos a defender la sagrada hoja de coca que tiene elementos nutricionales", indicó Villca.

"Por qué la ONU no restringe la producción de armamento bélico que está orientado a la confrontación de hombres contra hombres, de naciones contra naciones", cuestionó Flores.

"La decisión de la ONU sólo entorpece las negociaciones y políticas que se adoptan, por ejemplo, en el tema de la racionalización de la hoja de coca, fundamentalmente, en el sector de los Yungas", dijo el dirigente de los productores de los Yungas Miguel Callisaya.

Volver atrás

temas << Migración >>

El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.