Denuncian grave contaminación de agua en Viacha

La población de Viacha, a 60 kilómetros de la ciudad de La Paz, sería víctima de uno de los más graves casos de contaminación ambiental. A dos kilómetros de la fábrica de cemento Viacha, y escondida entre ladrilleras, una planta de propiedad de Edgar Zapata Paniagua asociado con empresarios chilenos estaría contaminando aguas subterráneas.

Según denuncias de los vecinos afectados, la planta usa más de medio millón de litros de agua por día, la cual es vertida en una gigantesca fosa escondida tras una barda. El agua estaría contaminada con cianuro, elemento prohibido expresamente por la ley boliviana.

El agua contaminada con minerales y químicos tóxicos se infiltra a los cauces subterráneos y aflora en una enorme zona del altiplano paceño.

Las comunidades afectadas tomaron muestras de agua a un kilómetro de la planta en pozos utilizados para el riego de papa y otros cultivos.

Los análisis realizados por la verificadora SGS indican claramente contenidos de arsénico (17,5 miligramos por litro, 175 veces más de lo permitido por la Norma Boliviana 512); cianuro (0,1 miligramos por litro, casi el doble de lo permitido); cadmio (1,0 miligramos por litro, 200 veces más de lo permitido), cobre (37,5 miligramos por litro, 37,5 veces más de lo aceptable), cromo (0,12 miligramos por litro, más del doble de lo permitido), zinc (390 miligramos por litro, 78 veces más de lo permitido), hierrro (390 miligramos por litro, 3.750 veces mas de lo permitido), plomo (280 miligramos por litro, 28.000 veces más de lo permitido).

El análisis químico fue realizado hace mas de un año, pero ni el Alcalde de Viacha, hombre de UN, ni nadie de la Alcaldía, Viceministerio de Medio Ambiente o del Ministerio de Minería atienden los reclamos.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.