Jubilados defenderán en las calles el IDH como fuente de financiamiento de la renta Dignidad

Los jubilados y rentistas agremiados defenderán en las calles la renta Dignidad financiada con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), dijo el presidente de la Confederación Nacional de Rentistas Jubilados de Bolivia Julio García.

En criterio de García, sólo el IDH garantiza la sostenibilidad del beneficio vitalicio para los ancianos, y no así el financiamiento externo, como proponen los prefectos opositores renuentes a compartir parte de sus ingresos con los ancianos. El ministro de Gobierno Alfredo Rada convocó a los prefectos de Pando, Tarija, Santa Cruz, Beni y Cochabamba a evitar la confrontación y sumarse a la movilización en beneficio de las personas mayores de 60 años.

En Santa Cruz, el Vicepresidente Álvaro García Linera explicó que la renta Dignidad redistribuye equitativamente los recursos del Estado y reduce la pobreza. Los 205 millones de dólares anuales que se destinarán al pago en 2008 (una parte de los 1.800 millones de dólares que genera la actividad hidrocarburífera en el país) no es dinero del Presidente, Vicepresidente, prefecturas o alcaldías, sino ingresos de los recursos naturales, del gas y petróleo que pertenecen a todos los bolivianos.

Volver atrás

temas << Referéndum revocatorio >>

El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.