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La nota, que aparece en la página A20 de la sección internacional del matutino, cita a Jeremy Bigwood, investigador del National Security Archive de la Universidad George Washington en esa capital, al afirmar que grupos de estudiantes venezolanos recibieron desde 2003 considerables sumas de dinero de USAID para su "promoción de la democracia" y otros "programas". Bigwood reunió documentos oficiales del gobierno de USA para probar esta información.
Una vocero de la embajada de USA en Caracas citada por el diario, Jennifer Rahimi, dijo que USA apoya "actividades no partidistas de la sociedad civil", pero que no financia a los movimientos de oposición. "No hay ninguna conspiración para influenciar el resultado del referendo constitucional", afirmó Rahimi.
Comentando el referendo venezolano de hoy, 2 de diciembre, el Washington Post hace énfasis en que los estudiantes de la oposición son alumnos de "institutos privados de elite" como la Andrés Bello, "la prominente
universidad católica de Caracas".
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Oaxaca, la chispa de la insurrección
Cesar Zelada
Los acontecimientos en Oaxaca, México, son espectaculares. Ante el embrión de poder obrero y campesino que surge al calor de la lucha democrática por echar al parásito y mafioso Ulises Ruiz de la alcaldía (que ahora por la acción de las masas se a tornado en política-ideológica), el Estado Federal envió 4 536 efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP), apoyados por 120 agentes de inteligencia, para meter garrote a los honorables trabajadores oaxaqueños. Esta medida defensiva y desesperada lo único que ha logrado es encender la chispa de la revolución nacional. Esta es la lección histórica para todos los revolucionarios del mundo entero. Leer el artículo
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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.
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