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Área: Opinión >> Comentarios y enfoque
Actualizado el 2007-10-31 a horas: 22:25:00

¿El Comité Cívico de Cochabamba defiende el IDH?

(Equipo de Acción Política – zona Sur de Cochabamba).- ¡Saquen al ejército! Con esa orden empezó la matanza para el pueblo boliviano en octubre del 2003. Un grupo que siempre había vivido de los negociados en el estado (hoy en las prefecturas y comités cívicos) ordenaba así quitar la vida de decenas de compatriotas.

Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, Manfred Reyes Villa, Yerko Kukoc, Jaime Paz, Mario Cossío, Rubén Costas, Leopoldo Fernández entre otros, justificaron la matanza de octubre diciendo que era un “narco levantamiento”, que la nacionalización era imposible y que estaba en peligro la Democracia misma.

Los actuales prefectos Rubén Costas (ligado al empresariado agropecuario y ganadero), Ernesto Suárez (ex adenista hoy de Podemos), Leopoldo Fernández (ex ADNista, ministro de Tuto Quiroga), Mario Cossío (MNRista) y Manfred Reyes Villa (empresario de bienes y raíces, ADNista, MBLista y NFRista), hicieron una alianza con el gobierno de Goni contra los movimientos sociales. Hoy dicen defender sus recursos prefecturales, dinero que sale de los recursos naturales y que fue defendido por gente de los barrios populares, campesinos, obreros, jubilados, desocupados, gremiales, transportistas y muchos más.

Ordenaron disparar … y hoy se creen dueños de la riqueza

Desde siempre, Goni, Reyes Villa y sus aliados estaban en contra de los movimientos sociales y sus demandas, sus “argumentos técnicos infalibles” eran:

1. La nacionalización no es viable porque el Estado boliviano deberá indemnizar a las petroleras una suma multimillonaria. El monto de indemnización serían unos 8.000 millones de dólares. Bolivia no tiene dinero ni podrá conseguirlo para indemnizar a las transnacionales y realizar nuevas inversiones.

2. Nadie prestará dinero a Bolivia después de haber violado, con la “nacionalización”, los contratos y el derecho legal internacional del inversionista privado. La nacionalización haría caer el valor de todas las empresas, lo cual nos puede llevar a una crisis peor. Bolivia logró muy poco con las nacionalizaciones que se produjeron en 1937 y 1969. ¿Qué se pretende nacionalizar si las reservas hidrocarburíferas a 6.000 metros de profundidad continúan siendo de propiedad del Estado?

3. Desarrollar los 55 trillones de pies cúbicos de reservas de gas requerirá 4.400 millones de dólares. Sin capitales para traerlos a la superficie y monetizarlos, estaríamos nacionalizando yacimientos sin valor alguno.

4. La idea de nacionalizar va en contra de la “corriente de modernidad, democracia y libre empresa”, pues en la región y el mundo se busca captar capitales privados y no espantarlos.

5. La agenda de “algunos movimientos sociales” ha desviado el debate económico nacional, en base a desinformación, consignas y discursos sin fondo, hacia el ámbito político-ideológico.

¿Quién está detrás de los conflictos sociales?

En octubre los conflictos sociales estuvieron a la orden del día. Recordemos algunos de ellos: Capitalía, Pedido de cierre de la Asamblea Constituyente, Escasez de diesel y gasolina, Administración del Aeropuerto de Viru Viru, Subida de precio de los productos de la canasta familiar, Propuesta de recorte del IDH a prefecturas, Alcaldías y universidades. Todos estos conflictos crearon un clima de incertidumbre en la población boliviana, sobre todo por la amplificación y exageración de los diferentes medios de información.

La característica de estos conflictos en Bolivia es la siguiente: los sectores privilegiados u oligarquías (oposición política, cívica y prefectural) arremeten contra el gobierno y los movimientos sociales respecto al proceso de cambio social (Cfr. Unir, Informe conflictividad, agosto).

A lo largo de este año, los conflictos se concretaron en tres momentos principales: el primero, a principios de año cuando el Comité Cívico Cruceño trató de romper la ecuación de 5/4 (cinco departamentos en contra de las autonomías frente a cuatro a favor) en Cochabamba, encontrando en el prefecto Reyes Villa un aliado para convocar a un nuevo referéndum autonómico.

El segundo, en Sucre, a raíz del pedido de trasladar la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la ciudad de La Paz a Sucre, respaldando un viejo sentimiento colectivo de recuperar la capitalidad plena.

El tercero se produce a raíz de la propuesta de recorte del 30 % de los ingresos del IDH a favor de la renta vitalicia para los mayores de 60 años.

Los que verdaderamente están detrás de estos conflictos sociales, ahora concretada en esta marcha en defensa del IDH, son las oligarquías, grupos de poder y empresariales, camuflados en los comités cívicos y las prefecturas de los departamentos.

Comité Cívico ¿Asamblea de la cochabambinidad?

Es necesario recordar que el actual comité cívico (Oscar Zurita, Javier Bellot, Carlos García, Edgar Zurita, Jaime Apala) fue elegido en un proceso turbulento, polémico y de violencia, que no contó con el apoyo de instancias que representen a sectores populares de la sociedad. En aquel momento (septiembre del 2006) la Central Obrera Departamental COD y la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba FSUTCC se manifestaron en oposición al proceso por no considerarlo legitimo intentando crear un “Comité Cívico del Pueblo”.

Después del 11 de enero ya no se podía negar el papel que jugaba y que aún juega el Comité Cívico de Cochabamba, cuando en aquel momento entre gente de la prefectura y los representantes del comité cívico organizaban a los grupos fascistas (léase jóvenes por la democracia) proveyéndoles de armas para que pudieran arremeter con toda su ira. De esta manera los lazos entre la prefectura y el comité eran claros, se trataba de defender los intereses individuales tanto de los sombríos representantes del comité cívico como del prefecto departamento.

Enero se fue quedando en un “rincón del olvido”, pero las acciones del comité cívico prosiguieron atribuyéndose la representatividad de toda la región, hablando por todos y cada una de las personas que habitan Cochabamba. Defendiendo a ultranza la democracia o lo que entienden por ello, que en sus términos quiere decir el modelo político, económico, social vigente hasta hace unos años atrás (cabe resaltar que ese modelo –neoliberalismo- aún pervive en nuestro país y que aún resta mucho camino para superarlo), el mismo que les permitió enriquecerse y ser lo que ahora son “hombres exitosos” con la suficiente autoridad moral y ética para hablar por todos.

De esta manera se intenta borrar detalles que en el fondo develan las estructuras del poder que todavía les queda, los intereses que van protegiendo, por lo tanto no es casual que por ejemplo el Comité Cívico cruceño esté en manos de ganaderos, empresarios y terratenientes que intentan mantener intacto lo mucho que consiguieron durante todos los años en que estuvieron encaramados a los gobiernos del neoliberalismo; que el comité cívico cochabambino quede en manos también de empresarios que tienen estrechas relaciones económicas con la prefectura del departamento.

Esas pueden ser las razones para defender el recorte presupuestal, e insinuar que ellos defienden “nuestros derechos y nuestros recursos para lograr un desarrollo armónico con justicia social y equidad”, cuando bien sabemos que el único derecho que defienden es continuar enriqueciéndose desde estos espacios; que la equidad y la justicia social solo les interesa cuando se trata de ellos, pero no de los otros (11 de enero).

Entonces es preciso cuestionar la legitimidad de las decisiones y acciones del comité cívico, observar el trasfondo ideológico, los nexos e intereses que persigue.

Presupuesto de la Prefectura

Según datos del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, el año 2001 el Estado solamente recibía 188 millones de dólares, mientras que para el presente año los ingresos por regalía, Impuestos Directos a los Hidrocarburos (IDH) y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), han aumentado a 1,572 millones de dólares. Del total de ese monto de dinero 56,9 % se asigna a las Prefecturas, 34,4 % a los Municipios y 8,8 % a las Universidades Públicas.

En los últimos años, las prefecturas departamentales son las que más se han beneficiado de la distribución de los recursos de hidrocarburos, lo que implica que sus ingresos se han cuadruplicado, pero el uso o gasto de los recursos han destinado una mayor parte a gastos corrientes, es decir al funcionamiento de la institución pública.

La Ley de Descentralización Administrativa establece que las prefecturas deben asignar el 85% de las regalías a la inversión y la Ley de Hidrocarburos señala expresamente que “todos los beneficiarios destinarán los recursos recibidos por el IDH, para los sectores de educación, salud y caminos, desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de trabajo”. Sin embargo, leyes y decretos reglamentarios abren un abanico de posibilidades para el uso de estos recursos.

De acuerdo con el Presupuesto General de la Nación 2007, el departamento que más recursos de regalías e impuestos a los hidrocarburos destina a gasto corriente es Santa Cruz, con 80%.

Hasta finales de septiembre, el Ministerio de Hacienda, ha reportado que las prefecturas tenían depositados en cuentas bancarias 2.952 millones de bolivianos, lo que demuestra que apenas habían ejecutado un poquito más de la mitad (50%).

De acuerdo con el Presupuesto General de la Nación 2007, el departamento que más recursos de regalías e impuestos a los hidrocarburos destina a gasto corriente es Santa Cruz, con 80% y sólo 20% para inversión; luego están Beni (69%) y Potosí (65%). Mientras que la prefectura de Oruro tan solamente ha asignado el 42% a gastos corrientes.

Accionpolitica.cbba@gmail.com

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