Avanza el modelo zapatista

(Alia).- Las Cañadas, Chiapas. Donde se acaba el asfalto y la vereda de tierra se vuelve más sinuosa, comienza el territorio zapatista. “Aquí manda el pueblo y el gobierno obedece”. Esta leyenda, inscrita en los accesos principales de los poblados donde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) tiene sus bases de apoyo, demarca los enclaves rebeldes. Un conjunto de remotas aldeas en dos subregiones de Chiapas: Oventic y Polhó, en las tierras altas; y Morelia, San Miguel y La Garrucha, en la región de Las Cañadas de la selva Lacandona.

Son pequeños conglomerados de viviendas de barro o de madera con techo de lámina, pintadas con alegres murales donde se glorifica o rememora la etapa épica, romántica, del EZLN: la de la lucha armada, del 1 al 12 de enero de 1994, y se recrea el pasamontañas o el paliacate rojo como íconos irremplazables de la rebelión indígena.

“Aquí manda el pueblo y el gobierno obedece”, se repite una y otra vez en aquéllos enormes manchones dentro del mapa geográfico de Chiapas, lo mismo en la fría serranía del altiplano central que en la húmeda selva tropical de la Lacandona.

Comunidades olvidadas, donde hasta 1994 el 99 por ciento de ellas no tenía luz eléctrica, agua, servicio postal o teléfono, y el 90 por ciento no contaba con maestros de educación elemental. Su único vínculo con el exterior era la Iglesia católica. “Ahora estamos avanzando. Poco a poco pero estamos avanzando. En el terreno productivo, en el terreno educativo, de salud, estamos avanzando”, dice Rigo, un mando zapatista de San Miguel, un ejido de las Cañadas, en la selva Lacandona.

Rigo no habla de más: en los últimos 12 años, las comunidades zapatistas, más cohesionadas que el resto de comunidades indígenas o campesinas rurales, han desarrollado su propio sistema educativo (“semillita de sol”), de salud (promotores comunitarios y dispensarios médicos) y su propio sistema centralizado de producción agropecuaria a escala.

“Nosotros sabemos que debemos depender cada vez menos del exterior, que debemos generar nuestros propios medios de subsistencia, aunque siempre necesitamos efectivo para comprar sal, tabaco, jabón, limas para afilar machete, pilas para la radio y lámpara de mano”, explica Rigo mientras viaja con nosotros de San Miguel a Ocosingo.

“Todo se reparte equitativamente”, dice Rigo. El Comité Clandestino Revolucionario Indígena (el CCRI), el más alto mando político-militar del EZLN, establece las metas de producción para cada Caracol: Morelia debe de producir cierta cantidad de maíz, para garantizar el suministro en aquellas comunidades donde la producción no es tan eficiente o donde la tierra está muy desgastada; La Garrucha debe generar tantas cabezas de ganado vacuno; Tierra y Libertad debe engordar tantas gallinas y cerdos. San Miguel debe ampliar su producción de caña de azúcar para garantizar al resto de comunidades zapatistas el suministro de endulzante (panela o piloncillo); Polhó debe mejorar sus cafetales, incrementar la productividad del aromático, incrementar el valor agregado del grano y mejorar los canales de comercialización con México y con el extranjero; y Oventic debe ampliar su base internacional de solidaridad con el movimiento.

El ambiente se vuelve más húmedo a medida que penetramos el territorio bajo control de los rebeldes. La selva es cada vez menos selva conforme van sucediéndose las apacibles aldeas zapatistas, donde hombres y mujeres aran la tierra con yuntas de bueyes en espera de las lluvias. A la vera de la carretera o en el entronque con algún camino de herradura, donde la selva está más tupida, es común hallar a hombres o mujeres montados a caballo o arreando a mulos cargados con leña o a grupos de jóvenes que salen del monte con su machete bajo el sobaco y la resortera lista.

Son jóvenes de mirada resuelta, descubierto el rostro, sin el caluroso pasamontañas de lana o el paliacate rojo que suelen portar como lo que son: milicianos del EZLN.

El canto de las chicharras es ensordecedor, aunque los niños de San Miguel han elaborado una trampa para atraparlas adicionando la mitad de una botella plástica a una larga vara.

Los zapatistas le han ganado nuevas tierras al bosque y a la selva para la milpa colectiva, el cafetal colectivo, el cañaveral colectivo (para producir panela o piloncillo); y en la parcela individual, en el traspatio de sus humildes moradas, crían cerdos, gallinas, guajolotes y patos.

Morelia

La cercanía de la frontera con Guatemala ha permitido a los zapatistas mantener en sus tiendas cooperativas cierta competitividad frente a los comercios establecidos en las principales cabeceras municipales de los territorios bajo su influencia.

“Podemos dar mejor precio porque compramos en Guatemala”, confiesa Elías, en quien recae la responsabilidad de administrar la tienda comunitaria. Morelia es quizá el Caracol más desarrollado de los cinco bastiones zapatistas en Chiapas. En las cooperativas zapatistas una Coca-Cola de 600 mililitros cuesta solo 3.50 pesos; un tubo de galletas maravillas, de Gamesa, seis pesos.

“Ya casi no da la tierra”, dice Marcos Pérez Lorenzo, presidente del comisariado en el Ejido Laguna El Carmen Pataté. “¡Pataté Nuevo!”, precisa.

A Marcos Pérez Lorenzo y a su esposa los topamos en un tramo de tercería en donde por accidente nos aventuramos. Era una brecha trunca de la selva, donde un enorme tractor arrastra troncos de árboles recién derribados. El espectáculo es más que dantesco: “¡Los zapatistas están vendiendo madera!”, exclama. Ese mismo día, por la tarde, confirmamos que, lo mismo en el territorio bajo el gobierno del Caracol de Morelia que en el de La Garrucha, se estaba vendiendo la madera a un aserradero del municipio de Las Margaritas.

Marcos Pérez Lorenzo viajó en nuestra Caravana con placas de Québec, Canadá, hasta el entronque donde la carretera se divide en dos: a la izquierda Patate Nuevo, a la derecha San Miguel, una pequeña aldea en medio del camino hacia La Garrucha, sede de uno de los gobiernos regionales de los zapatistas.

Este año, por ejemplo, Pataté Nuevo tiene autorizado talar dos mil metros cúbicos de madera. Según Marcos Pérez Lorenzo, la venden a razón de 620 pesos el metro cúbico, aunque para el próximo año, los ejidatarios de Pataté Nuevo han pactado un precio de 670 pesos el metro cúbico con los madereros de Las Margaritas. Se reparten equitativamente el producto de la venta. “Así tenemos dinero, de otra forma no, porque aquí la tierra no da mucho, como dos zontes por hectárea, cuando bien da. A razón de 400 mazorcas por zonte”, precisa Marcos Pérez.

En el trayecto, pequeños hatos de ganado vacuno pastan en descampados hurtados a la selva o rumian la hierba que crece caprichosa a un costado de la agreste carretera, casi siempre serpenteando por entre pequeñas colinas accidentadas.

“En Pataté Nuevo ya no hay zapatistas, puro independiente”, dice el presidente del Comisariado Ejidal. Los habitantes de Laguna del Carmen Pataté, según Marcos Pérez Lorenzo, abandonaron desde 1995 la causa del EZLN. Arriaron la bandera negra con la estrella roja y retornaron a su antigua militancia: La Unión de Uniones, que luego se transformó en la ARIC (Asociación Rural de Interés Colectivo), a la fracción autodenominada Independiente.

Las tierras que comparten Pataté Viejo y Pataté Nuevo colindan con La Garrucha. El Caracol zapatista “Hacia un nuevo amanecer” se asienta sobre un manto petrolífero.

“Desde hace 10 años Pemex hizo esos registros y los selló. Sabemos que hay petróleo, y creo que si lo van a explotar el petróleo nos debería tierras buenas, escuelas, clínicas, tecnologías, créditos para producir”, dice Pedro de un solo tirón, casi sin tragar saliva.

En Laguna del Carmen Pataté no hay escuela ni clínica y el agua escasea. “A veces tenemos que pedir pipa desde Ocosingo y si alguien se enferma tenemos que ir hasta Ocosingo”, se queja Marcos Pérez Lorenzo.

Marcos Pérez Lorenzo nació en Pataté Viejo. Su padre llegó allí desde 1956, cuando abandonó la finca Santa Rita, de Antonio Nájera, un rico hacendado de Comitán. “Así es como llegó mi papá hasta acá. El presidente Lázaro Cárdenas dijo a los campesinos que buscaran tierras nacionales para declarar su ejido”, rememora.

San Miguel

Hay angustia en el rostro del insurgente Rigo: su nuera agoniza. La joven insurgente, esposa de su primogénito, contrajo fiebre tifoidea. Languidece desde hace tres días. José Carlos, el joven promotor de salud no puede hacer más por ella. El paracetamol que le dio para aliviarle el dolor no fue suficiente. La joven miliciana tiene tres meses de embarazo y la partera comunitaria teme que el bebe muera dentro del vientre materno.

Esa es la razón por la que Rigo, que es mando zapatista en San Miguel, retornó la víspera de Oventic, a donde acude cada mes para prestar servicio comunitario durante siete días. Rigo forma parte de la estructura política regional de los zapatistas.

Los automóviles que disponen en la comunidad partieron desde el viernes a La Garrucha, donde al igual que él, los mandos medios acuden también a capacitarse y a dilucidar y resolver los problemas comunitarios. Por eso, no hay trajín en las polvorientas calles de San Miguel. Casi todas las pequeñas aldeas de la región de Las Cañadas lucen semivacías.

Al contrario, la sede de los Caracoles bulle de gente. Los milicianos celebran concejo. Algunos insurgentes hacen guardia en los accesos principales donde se tramita el permiso de ingreso a los Caracoles. Grupos de hombres y mujeres que sesionan bajo la sombra de algún árbol o en aulas construidas ex profeso para sus deliberaciones.

En su propia comunidad y conforme pasa el tiempo, el sufrimiento de Rigo es mayor; desde una pequeña colina llama por celular a Ocosingo para pedir auxilio.

“Antes, cuando no había tecnología, cosechábamos a razón de cuatro a cinco zontes por hectárea; ahora sacamos a veces 120, a veces 130 zontes por hectárea (400 mazorcas hacen un zonte, 20 zontes una tonelada); lo que pasa es que antes los pobres sembrábamos en los cerros y los ricos tenían sus fincas, pero nosotros recuperamos la tierra y ya tenemos yuntas para trabajar”, dice Rigo.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.