Los del Comité de Emergencia de La Paz se sienten "traicionados"

La capitalía entra a los debates de la Asamblea Constituyente

El Comité Especial de Diálogo de la Asamblea Constituyente consensuó y aprobó una agenda de discusión base de seis puntos, entre los cuales figura de forma camuflada la controvertida disputa por la sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo entre La Paz y Chuquisaca. La inclusión de este tema en las discusiones de la Asamblea es la demanda principal de los chuquisaqueños, mientras que los paceños, en un histórico cabido, encomendaron a sus representantes evitar este debate por considerar que lo único que hace es dividir al país y desviar la discusión de temas de fondo.

La agenda de trabajo aprobada incluye seis puntos con sus correspondientes sub temas: 1. Caracterización del Estado (Visión de País, Modelo de Estado, Sistema de Gobierno, Religión, Pueblos indígenas y Originarios y Deberes, Derechos y Garantías; 2. Poderes del Estado (Organización, Forma de Elección, Funcionamiento, Composición, Atribuciones y Asiento Institucional; Otros Órganos; Control Social; Sistema Electoral; Sistema de Representación Política y Seguridad y Defensa); 3. Estructura Territorial del Estado (Autonomías Departamental y Municipal, Provinciales, Regionales e Indígenas y Descentralización; División Política y Administrativa del Estado); 4. Modelo Económico y Modelo Social (Sistema Económico, Organización Social del Estado y Sistema Educativo y Cultural); Tierra, Territorio y Recursos Naturales (Disposiciones Generales, Dominio y Propiedad, Régimen de Uso y Aprovechamiento; Hidrocarburos; Minería; Recursos Hídricos; Energía; Forestal y Tierra y Territorio) y Disposiciones Transitorias.

Según varios representantes en la Asamblea, el sub tema “Asiento Institucional” del punto dos de Poderes del Estado abre la puerta al debate sobre la sede de los Poderes, aunque no necesariamente se refiere al “traslado” de los poderes, como exige Chuquisaca. 

El Comité Interinstitucional de Chuquisaca está conforme por la inclusión de la capitalidad, pero aclaró que aún no se repuso el tema al debate en el Foro. El jefe de bancada de Podemos Rubén Darío Cuellar valoró el consenso alcanzado por unanimidad tras dos días de discusión, el cual “no excluye del tratamiento de la Asamblea a ningún tema. No hemos hablado de capitalidad, hemos hablado sede de los poderes públicos, ese era un propósito democrático y principista”.

Los asambleístas Raúl Prada (MAS), Carlos Alberto Gotilla (Podemos) y Humberto Tapia (ASP), todos paceños, firmaron el acuerdo. Según Prada, la definición “Asiento Institucional” no es sinónimo de capitalidad plena. “No es traslado de poderes; este Comité tiene la misión de sacar del atolladero en el que se encuentra la Constituyente, analizar los alcances de la descentralización administrativa de los poderes”, explicó.

El representante oficialista reveló que el Comité de Diálogo se comprometió a no debatir el traslado de Poderes y por tanto las interpretaciones sobre un posible retorno del tema de la capitalidad a los debates es solamente una especulación. De todas maneras, el asambleísta de Chuquisaca por el MAS Esteban Urquizu explicó que el debate en el punto Poderes del Estado abarcará al cómo y dónde funcionarán los poderes.

“Lamentablemente, y con mucha pena, tenemos que decir que parece que hubieran traicionado el cabildo de La Paz porque han firmado el documento, y su actuación es muy preocupante”, declaró a la agencia ABI Ángel Villacorta, representante de Unidad Nacional (UN). Villacorta acusó a los representantes de Podemos, UN y del MNR de haberse valido de una maniobra para incluir en el eje Poderes del Estado el sub tema “Asiento Institucional”.

"Rechazamos la incorporación del término ‘Asientos Institucionales’ y ratificamos la decisión que tomó la plenaria en sentido de que en aras de la unidad nacional tiene que reconocerse la resolución del 15 de agosto (2007) que excluye de la discusión de la Asamblea el término de la capitalidad”, declaró el primer vicepresidente de la Asamblea Roberto Aguilar (MAS).

El constituyente Mario Orellana dijo que primero se esperará el informe de los constituyentes paceños antes de asumir una posición. “Es evidente que se agenda en el índice de temas a discutir por la Comisión Especial de Diálogo, con la denominación de asientos institucionales; obviamente este es un sinónimo de la capitalidad. Nosotros estaremos a la espera de que nuestros representantes de La Paz informen detalladamente y posteriormente haremos conocer nuestra posición. Es evidente que habrá un rechazo total a esta determinación”, adelantó.

El presidente del Comité de Emergencia de La Paz Luís Revilla lamentó “la traición de los delegados al cabildo de dos millones de bolivianos del 20 de julio de 2007” y no descartó que se exija el cambio de representantes. “Censuramos y deploramos la actitud de los asambleístas paceños que han aceptado que este tema sea parte del debate. Consideramos que esa determinación es una traición en contra de La Paz y de las resoluciones del cabildo”, reclamó.

El Comité de Emergencia de La Paz se reunirá este sábado para interpretar los alcances del término “Asiento Institucional” y eventualmente definir acciones.

El acuerdo será puesto a consideración de la Comisión Política conformada por asambleístas y delegados de partidos con representación en el Congreso este lunes 1 de octubre. La presidenta de la Asamblea Silvia Lazarte informó que a partir del próximo martes comenzará el debate de la agenda aprobada.

Los temas duros son modelo de Estado, autonomías, reelección presidencial, sistema parlamentario, elección de magistrados, redistribución de tierras, modelo económico y eventualmente la capitalidad, dijo el asambleísta Carlos Romero (MAS).

 El cónclave debe entregar la nueva Constitución hasta el 14 de diciembre.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.