Calificada de "ilegal y subversiva" y ningún organismo internacional reclamó explicaciones por la medida

Gobierno peruano clausura radio opositora

Ricardo Daher

El gobierno de Perú clausuró una radio opositora al considerar que estaba emitiendo con su permiso vencido. El primer ministro Jorge del Castillo dijo que la decisión era "absolutamente legítima". Hasta ahora, ningún organismo internacional reclamó explicaciones por la medida

Radio Orión fue calificada de "ilegal y subversiva" y se procedió a su clausura después que la emisora convocara a protestar con el primer ministro y otras autoridades en la región de Pisco, donde un terremoto desvastó la ciudad.

 El primer ministro dijo que la clausura se debió a que la radio no había renovado su licencia de funcionamiento y que su cierre e incautación de sus equipos fue ordenado por un juez. Del Castillo dijo que el gobierno "respeta la libertad de expresión" y que la medida no fue una respuesta a las protestas.

Por su parte el director de la emisora, Eloy Yong sostuvo que la emisora opera legalmente desde 1994 y que había solicitado autorización para ampliar la potencia de la radio.

 

El sábado 8 de setiembre, el primer ministro Jorge del Castillo llegó a Pisco acompañado del director de la Secretaría General Iberoamericana, Enrique Iglesias, y de los embajadores de China, Gao Zhengyue, y del Japón, Hitoiro Ishida, el jefe de la delegación de la Comisión Europea, Antonio Cardoso, el ministro de Defensa, Allan Wagner, y la congresista Lourdes Alcorta. En la Plaza de Armas los esperaba una multitud que comenzó a abucharlos y exigir ayuda y compensaciones económicas. Según el gobierno, la reacción se debió a que la emisroa Orión incitó a las protestas al asegurar que el gobierno mintió sobre el grado del terromoto para reducir las ayudas económicas a los damnificados.

 

Después del abucheo en presencia de los diplomáticos extranjeros, el primer ministro Del Castillo exigió del Ministerio Público que investigara a quienes instigaron a las protestas. "No se puede permitir la instigación a la violencia. Esperamos una actitud contundente" subrayó.

El primer ministro fue cotundente y calificó a Eloy Yong como "seudo periodista irresponsable".

"Este mismo personaje (Yong) hace más o menos 10 días le pidió a la gente que vayan a asaltar la base aérea de Pisco para sacar alimentos que 'no se querían entregar' y está plenamente identificado ese irresponsable", dijo. Recordó que Yong ha sido siete veces candidato a la alcaldía de Pisco y las siete veces perdió, por lo que suele atacar al actual alcalde que le ganó la última elección.

 

La respuesta del ministerio público no se hizo esperar. Cuatro días más tarde, decenas de policías asaltaron la casa del dueño de la emisora para confiscar los equipos. Según denunció Eloy Yong, la policía se llevó todos los equipos de transmisión y golpeó a su esposa en el allanamiento.

 

Yong rechazó haber promovido la protesta y dijo que las denuncias sobre la inoperancia oficial eran anteriores.

 La clausura de la emisora no ha provocado aún ninguna reacción de los organismos internacionales, de Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Parlamento Europeo ni la de la prensa internacional, tan conmovida tiempo atrás por la no revocación de la licencia de Radio Caracas Televisión en Venezuela.  

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.