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La Comisión Defensa de la Niñez y de la Adolescencia en Potosí, conformada por varias instituciones y parlamentarios Potosinos, investiga el trabajo de más de 40 ONGs que trabajan en el Cerro Rico de Potosí con el objetivo de erradicar el trabajo infantil minero. Según observaciones preliminares su trabajo no causa ningún efecto positivo. La prensa potosina informó que cada organización recibiría un monto aproximado de cuatro millones de dólares.
Por otro lado, la ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente modifica dispone que todos los países, organismos oficiales y no gubernamentales, nacionales o extranjeros, deberán registrar ante la Directiva de la Asamblea los datos del personal, montos erogados e informe de actividades que realizaron en apoyo a la Asamblea Constituyente. Esta información tendrá carácter público.
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Oaxaca, la chispa de la insurrección
Cesar Zelada
Los acontecimientos en Oaxaca, México, son espectaculares. Ante el embrión de poder obrero y campesino que surge al calor de la lucha democrática por echar al parásito y mafioso Ulises Ruiz de la alcaldía (que ahora por la acción de las masas se a tornado en política-ideológica), el Estado Federal envió 4 536 efectivos de la Policía Federal Preventiva (PFP), apoyados por 120 agentes de inteligencia, para meter garrote a los honorables trabajadores oaxaqueños. Esta medida defensiva y desesperada lo único que ha logrado es encender la chispa de la revolución nacional. Esta es la lección histórica para todos los revolucionarios del mundo entero. Leer el artículo
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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.
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