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Área: Opinión >> Comentarios y enfoque
Actualizado el 2007-06-21 a horas: 13:52:47

Una respuesta a los argumentos de Francesco Zaratti

Ley de desarrollo sostenible del sector hidrocarburos

Víctor Hugo Sainz Ossio

Franceso Zaratti criticó al Presidente de la Republica y luego comentó las observaciones que DON Evo Morales hizo cuando vetó la Ley de Desarrollo Sostenible del Sector Hidrocarburos (DSSH) 093/2007, aprobada por el congreso el 19 de abril del 2007.

Víctor Hugo Sainz Ossio

Boliviano, experto en temas hidrocarburíferos. Reside en EE.UU.

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La crítica y los comentarios de Francesco, deben ser respondidos ya que constituyen una visión sesgada sobre los comentarios del Presidente a la Ley 093/2007. Con esta respuesta no pretendo dar ningún juicio de valor sobre los motivos de Francesco.

Francesco dice, “... las observaciones a la ley DSSH por parte del Presidente de la Republica podrían significar un desconocimiento y una violación de un acuerdo político que viabilizó la aprobación de los contratos, actitud criticable desde el punto de vista de la credibilidad política.”

El Presidente de la República no puede comprometer los intereses del país con ningún acuerdo político, sobre todo cuando involucra el sector hidrocarburos. Si existió algún acuerdo político (para la aprobación de esta ley), es preciso que Francesco revele su fuente de información. O que no haga este tipo de insinuación que confunde a la opinión pública.

Si Francesco insinúa que el Presidente hizo un acuerdo político para aprobar los contratos firmados, hay que aclarar que, el Congreso (con las observaciones de PODEMOS) aprobó los contratos negociados por YPFB, porque sólo encontró algunos errores de forma y no porque el Presidente hizo un acuerdo político.

La credibilidad política del presidente está basada en su lucha diaria para revertir el proceso de saqueo de nuestros recursos hidrocarburíferos, que anteriores gobiernos establecieron como norma. Y, a los cuales Francesco criticó duramente. Claro que después paso a ser miembro y defensor de uno de ellos - el gobierno de Carlos Mesa.

Los comentarios de Francesco a las observaciones del Presidente son:

1. La Ley de DSSH – 093/2007 en su primer artículo dice:

“Artículo 1. Exclusión de Alícuota Adicional. La actividad extractiva de hidrocarburos sujeta a Contratos de Operación queda excluida de la aplicación de la “alícuota adicional a las utilidades extraordinarias por actividades extractivas de recursos naturales no renovables”, establecida en el artículo 51 bis de la ley 843.”

La observación del Presidente es:

“En cuanto al Artículo 1 (Exclusión Alícuota Adicional), implicaría que ante la eventualidad de que los volúmenes de exportación aumenten más de lo comprometido, con los ya establecidos mejores precios, las ganancias también serán mayores. Entonces las compañías deberán pagar un impuesto adicional planteado en el Artículo 51 de la Ley N° 843. Ésta última norma no fue abrogada y la alícuota adicional a las utilidades extraordinarias por actividades extractivas de recursos naturales no renovables sigue vigente. Por lo tanto, este Artículo debe ser suprimido.”

La observación de Franceso dice que:

“... esa exclusión no fue fruto de una maniobra de la oposición para favorecer a las empresas transnacionales, sino la aplicación pura y simple del primer inciso del Anexo F, que a la letra dice: I: La Participación de YPFB establecida en este Contrato reemplazará la “alícuota adicional a las utilidades extraordinarias por actividades de recursos naturales no renovables” establecida en el Artículo 51 bis de la Ley 843 en el caso de que ésta sea derogada, no siendo dicha participación de aplicación hasta ese momento.

Y añade:

“En otras palabras el Estado ha acordado con las empresas petroleras que éstas transfieran un porcentaje de sus utilidades a YPFB, determinado por las tablas del Anexo F, a cambio de la derogatoria del Surtax. Si el Surtax no se deroga (por lo menos en lo que se refiere a los Contratos de Operación), no hay Participación de YPFB y, probablemente, tampoco hay Surtax.”

Franceso asegura que la exclusión de SURTAX (25% adicional sobre utilidades extraordinarias de las empresas) “...no es una maniobra de la oposición para favorecer a las empresas transnacionales, ... ”. Cómo sabe Francesco que esta no es una maniobra de la oposición, si esta Ley fue propuesta por PODEMOS, con el pretexto de viabilizar la implementación de los contratos.

Para no pecar de ingenuos, hay que recordar al pueblo de Bolivia que Jorge Quiroga, Roberto Ruiz Vass Werner y otros (hoy miembros de PODEMOS) patrocinaron y trataron de comprometer al país con un proyecto que de exportación de LGN a un costo de siete mil millones de dólares. Y, con un precio de venta de gas tan irrisorio que el país iba a recibir 12.6 centavos de dólar por millar de pie cúbico. Aquí, cabe recordar que Francesco y yo publicamos un artículo denunciando a Pacific LNG como un proyecto lesivo a los intereses del país (PULSO, Diciembre del 2002).

También, hay que recordar que Francesco declaró públicamente su objeción a la reclasificación del Campo San Alberto como descubrimiento nuevo, por el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, sin embargo fue él, como empleado del gobierno de Carlos Mesa, quien justificó después de una pantomima legal, que ese campo era “técnicamente antiguo, pero legalmente nuevo”. Aquí cabe preguntar qué credibilidad técnica o política tiene Francesco para criticar la credibilidad política del Presidente de la República.

Por lo tanto, la objeción que hizo el Presidente a la derogatoria del SURTAX en la Ley 853, es una correcta evaluación de la Ley 093/2007 - elaborada y propuesta por PODEMOS. Organización con una historia política nefasta.

Francesco, da la impresión que la implementación de los contratos se ha detenido y que es necesaria una nueva negociación, cuando dice: “En conclusión la observación obliga a modificar los contratos (¡a menos de un mes de su suscripción!), con el fin de mitigar el error inconcebible de aprobar tablas de participación de YPFB con porcentajes decrecientes con los volúmenes producidos.” Nada más errado, ya que el veto presidencial a la Ley 093/2007 sólo dilata la aplicación de la participación de YPFB detallada en el anexo F.

Por lo tanto, antes de saber si es más conveniente implementar las tablas del Anexo F o aplicar el SURTAX, es necesario hacer el siguiente análisis:

Tomar en cuenta las predicciones del precio de gas natural en el Cono Sur. La Agencia de Información de Energía (Energy Information Agency, EIA) de los Estados Unidos de Norte América, pronostica que para el año 2030 este precio será de: $US 9.89 por millón de BTU.

El gobierno ha comprometido la venta de 30 millones de metros cúbicos por día (Mmc/d) al Brasil y 27.7 Mmc/d a la Argentina.

Estos 57.7 Mmc/d deberán ser entregados dentro de cuatro años.

Durante los próximos cuatro años, la participación de YPFB de acuerdo a las tablas del Anexo F es prácticamente cero.

Nuestro gas tiene ya un precio de venta promedio de $US 4.56 por millón de BTU.

Es razonable suponer que un precio promedio de venta por los próximos 30 años será de $US 7.23 por millón de BTU, o más.

También es razonable suponer que las inversiones de las compañías serán recuperadas en los primeros cuatro a seis años a partir de este año. Lo que hace que las utilidades de las empresas alcancen niveles “extraordinarios”; y

Por último, la posibilidad de comprometer mayores volúmenes de venta a otros mercados es real.

Es necesario hacer un cálculo comparativo entre lo que recibirá YPFB (que como se ve en las tablas del Anexo F es prácticamente cero en los próximos cuatro años) a partir del quinto año, como resultado de la implementación de los contratos versus la aplicación del SURTAX.

Este cálculo implica la utilización de curvas de producción para cada uno de los mega campos, y otros como Itau e Incahuasi que tendrán que entrar en producción en los próximos 10 años. Este análisis también debe tomar en cuenta cómo se definen los “Costos Recuperables”. Sólo así se podrá evaluar técnicamente si es mejor aplicar el SURTAX o las tablas del Anexo F. Y, para tomar la decisión de abrogar el SURTAX tenemos tiempo.

En conclusión, la intuición y olfato comercial de largo alcance del Presidente no está fuera de foco, y contrasta con una visión miope y a corto plazo que Francesco plantea en su artículo.

2. En cuanto a la segunda observación del Presidente, la Ley 093/2007 dice:

Articulo 2. Plan de Desarrollo. La programación de actividades e inversiones que debe ejecutar el Titular de los Contratos Petroleros después de la declaratoria de comercialidad, debe asegurar la eficiente explotación técnica y económica de las reservas de hidrocarburos, para garantizar el abastecimiento y el desarrollo de los mercados interno y externo.

Francesco dice:

“La observación es desacertada en cuanto las condiciones de comercialización pueden cambiar de un año a otro y tener que ajustarse al interés nacional. De hecho, los Contratos de Operación firmados distan mucho de ser perfectos y el Estado debería reservarse el derecho de modificar el Plan de Desarrollo en función de su interés y en fuerza de la soberanía que ejerce sobre los recursos hidrocarburíferos.”

Nada más desacertado que la observación de Francesco que, continua con un análisis miope de lo que el Presidente pretende prevenir. Y es que, las compañías petroleras retengan los campos sin implementar las inversiones programadas en el Plan de Desarrollo arguyendo que no se puede “... asegurar la eficiente explotación técnica y económica de las reservas...”. Incluso después de haber hecho un estudio técnico y económico para la Declaratoria de Comercialidad.

Por lo que es menester recordar los siguientes antecedentes.

El Artículo 38 de la Ley 3058 es específico sobre la Declaratoria de Comercialidad. Es obligación del Titular declarar la comercialidad del Campo para su aprobación por YPFB.

Ley 3058, TITULO IX, DEFINICIONES, dice:

“Descubrimiento Comercial.- Es el hallazgo de hidrocarburos, en uno o más reservorios, en un Campo dentro del área de contrato, cuya explotación y producción se encuentre respaldada por un análisis económico que demuestre su rentabilidad. El Titular deberá notificar a YPFB.”

El Plan de Desarrollo, es el proceso técnico que permite pasar de la fase de exploración a la de producción y es el compromiso de inversión de un área descubierta.

Los contratos recientemente firmados son de campos que ya fueron declarados comerciales. Con la implementación de este artículo, PODEMOS da a las petroleras una oportunidad adicional de parar el proceso de inversiones, por cualquier razón. La implementación del Plan de Desarrollo está ligada a la devolución de los campos no desarrollados.

Por lo tanto, una vez que un campo es declarado comercial, el Plan de Desarrollo debe ser implementado. La única opción, para las petroleras, es cumplir con las inversiones comprometidas en el Plan de Desarrollo o devolver el campo.

Reiterando, si por cualquier razón, dentro de los plazos establecidos, el Titular incumple con la obligación de presentar el Plan de Desarrollo o pagar una suma equivalente al costo del último pozo perforado en el Campo, deberá devolver todo el Campo a YPFB, en cumplimiento del artículo 39, parágrafo III de la Ley 3058.

En caso de descubrimientos comerciales, donde no se cumplió con la disposición de perforar un pozo por parcela, el Titular deberá devolver obligatoriamente estas parcelas al Estado boliviano, tal como lo establece el Artículo 39, parágrafo V de la Ley 3058.

Por lo tanto, la posible consecuencia de la implementación de este artículo es: Las petroleras retienen los campos sin hacer las inversiones comprometidas en el Plan de Desarrollo.

El Presidente está protegiendo los intereses del país cuando quiere prevenir lo que Jorge Quiroga hizo. Jorge Quiroga promulgó un decreto que permitió a las petroleras dividir las parcelas en 100 partes, y devolver una de esas partes, eludiendo su responsabilidad de invertir en la perforación de un pozo por parcela como lo mandaba la Ley 1689 de Sánchez de Lozada.

3. El tercer artículo de la Ley de PODEMOS, dice:

“Artículo 3.- Abastecimiento de los Mercados. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 3058, el Poder Ejecutivo con carácter prioritario debe garantizar la atención del mercado interno de manera permanente e ininterrumpida, considerando el consumo doméstico, transporte, comercial, e industrial. Asimismo promoverá las iniciativas de industrialización de los hidrocarburos en el país.”

La observación de Francesco es la siguiente:

“La tercera observación apunta al art. 3ro. de la Ley DSSH que establece una prioridad del abastecimiento del mercado interno y la promoción (no prioridad) de la industrialización. De acuerdo a la observación, con ese artículo “se permitiría a las compañías deslindar sus responsabilidad con el Mercado Interno”, cuando en realidad han sido los Contratos de Operación los que no han establecido obligaciones claras de las compañías para con el Mercado Interno, más allá del subsidio de 13$ por barril que reciben los campos pequeños y marginales. Las consecuencias de esa omisión las estamos viviendo con el desabastecimiento de diesel oil, fuel jet, l GLP y el mismo gas metano. En el fondo, la observación parece dirigida a garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales de exportación, aun en desmedro del abastecimiento interno.”

Nuestra respuesta es la siguiente:

Este artículo permitiría a las compañías petroleras desabastecer el mercado interno. Esto lo podrían hacer por varias razones y de varias maneras, pero principalmente debido a la diferencia de precios con el mercado de exportación. Es más, deposita toda la responsabilidad del abastecimiento del Mercado Interno sobre el Poder Ejecutivo.

La Ley 3058 expresamente establece que la distribución de gas natural por redes, el suministro y distribución de los productos refinados de petróleo, así como de las plantas de proceso en el mercado interno son servicios públicos (Art. 14). Por lo tanto, la Política Nacional de Hidrocarburos debe satisfacer la demanda del mercado interno de manera permanente e ininterrumpida, garantizando la seguridad energética de la población (Arts. 10d y 11d). La implementación operativa de esta obligación está a cargo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), entidad que, a partir de la firma de los contratos de exploración y producción, establece claramente las condiciones de abastecimiento del mercado interno por parte de las compañías petroleras (ver por ejemplo, la cláusula 7.15 del contrato con PETROBRAS). En consecuencia, las empresas petroleras que suscribieron dichos contratos con el Estado boliviano, están obligadas a abastecer el mercado interno, en cumplimiento de la ley vigente y las obligaciones contractuales con YPFB.

La observación del señor Presidente es hacer que las compañías petroleras garanticen la producción destinada a proyectos de industrialización (no sólo producir para exportar) y elaboren estudios de prefactibilidad (y no solamente “promuevan” la industrialización), además de abastecer el mercado interno.

Una vez más, la visión del Presidente es de largo alcance y reduce las observaciones de Francesco Zaratti a una interpretación muy limitada.

4. La cuarta observación de Francesco con relación al Artículo cuatro de la Ley 093/2007, es la siguiente:

“También el art. 4 de la Ley DSSH ha sido observado. En este caso, sin embargo, la observación parece más de forma que de sustancia, ya que responde a la exigencia que hace la ley de normas y procedimientos claros para la tipificación y aprobación de los Costos Recuperables. Aun así, no se elimina el alto grado de discrecionalidad que puede existir en el reconocimiento de los Costos Recuperables.”

La Ley 093/2007, dice”

“Artículo 4.- Costos Recuperables. La reglamentación de los Costos Recuperables deberá establecer normas y procedimientos que permitan el reconocimiento de aprobación de dichos Costos, únicamente cuando los mismos sean útiles, utilizables y utilizados.”

Nuestra respuesta es que, los costos recuperables deben ser definidos de manera precisa. La expresión “costos útiles, utilizables y utilizados” cubre un amplio y ambiguo espectro de gastos por parte del Titular. Por lo tanto, el Presidente está mejorando las condiciones contractuales que negoció Manuel Morales. Sugiere que los Costos Recuperables se limiten a: Costos de Operación, Costos de Capital, Depreciación y Amortización para cada año fiscal, Intereses y Costos de Financiamiento (con ciertas limitaciones) y Costos para el abandono de operaciones. Reduciendo a un mínimo “... el alto grado de discrecionalidad que puede existir en el reconocimiento de los Costos Recuperables.”

Otra vez la intuición del Presidente “le da en clavo” y merece nuestro apoyo.

No comentamos los demás artículos por falta de espacio y porque su importancia es menor con relación a lo anteriormente analizado.

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