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"Los países de la OCDE acordaron invitar a Chile, Estonia, Israel, Rusia y Eslovenia a iniciar discusiones para convertirse en miembros de la organización", anunció el presidente de la reunión anual de la OCDE que se celebra en París, el ministro de Economía español Pedro Solbes.
Además, esta organización también "ofreció un compromiso reforzado, con vistas a una posible membresía, a Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica", agregó el ministro español.
La respuesta chilena fue acorde con tamaña distinción. "Nos invitan a jugar en primera división", fue lo primero que expresó el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Alejandro Foxley, en las puertas de la sede de la OCDE, en París.
La justificación de la Administración de Michelle Bachelet –en palabras del canciller- fue una recompensa a la “persistencia” de ese país, que ya por 1992 manifestó su deseo de integrarse a este cártel. En 2003 pidió formalmente su adhesión.
Con esta convocatoria, Chile se convierte en la segunda nación latinoamericana en integrarse a la OCDE. La otra es México, integrante desde 1994, año en que se firmó el Norther American Free Trade Agreement (Nafta), entre ese país, Canadá y Estados Unidos.
La OCDE dijo que espera que Chile actúe como un "difusor" de buenas políticas en América latina y le permita comprender mejor la región. "Chile cumple con todas las condiciones jurídicas y políticas que la OCDE exige. Es un país muy representativo del sur de América" y su membresía "será útil para comprender mejor esa parte del mundo", señaló Solbes.
Chile "se ha distinguido en los últimos años por tener políticas económicas, sociales y de medio ambiente que han estado marcando las pautas" en América latina, y es bueno "que haya un país en esa región del mundo que pueda funcionar como multiplicador y difusor de las mejores prácticas", estimó por su lado el secretario general de la organización, el mexicano Ángel Gurría.
Estas políticas que marcaron las pautas son las definidas por el Consenso de Washington, es decir, economía abierta (se trata del país con más tratados de libre comercio rubricados), no intervención estatal y privatizaciones.
La OCDE es una organización de cooperación internacional, compuesta por 30 Estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Fue fundada en 1961 y su sede central se encuentra en París. El principal requisito para ser país miembro es liberalizar progresivamente los movimientos de capitales y de servicios. Los países miembro se comprometen a aplicar los principios de: liberalización, no discriminación, trato nacional y trato equivalente.
La adhesión de Chile podría concretarse en un año y medio a dos años, estimó el encargado de la OCDE en la Cancillería chilena, Claudio Rojas Díaz. Las negociaciones centrales para su adhesión versarán sobre inversiones (mercado de capitales, no discriminación de la inversión) y medio ambiente, precisó.
Los países que integran la OCDE son todas naciones desarrolladas, salvo las excepciones de México y Turquía, y algunas que deberían ubicarse en una especie de “purgatorio”, como Grecia, Hungría, Portugal y Polonia. Sobre el resto de los integrantes no caben demasiadas dudas: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Holanda, república Checa, Eslovaquia, Reino Unido y Suiza.
Este tipo de organizaciones priman los intereses políticos, y este premio que se le otorga a Chile convierte al Palacio La Moneda en un interlocutor de los intereses de estas potencias. No obstante, el concepto de desarrollo ya no es el mismo de antes. Millones de mexicanos tratando de cruzar el muro que Estados Unidos construye, exportaciones de commodities, o sector tecnológico ausente, no son síntomas de desarrollo económico.
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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.
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