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A diferencia de entonces, hoy se insiste con un proyecto denominado por la Prefectura como el de “Ojo vivo” aludiendo a un elemental conjunto de cámaras Lowght móviles en puntos de la ciudad para captar señal e imágenes en monitores para coadyuvar a reducir la inseguridad en la ciudad de Cochabamba, cuyo índice delictivo ha subido inusitadamente casi de manera proporcional a las inversiones en logística a favor de la policía.
Se debe reconocer que cualquier iniciativa será siempre bienvenida; lo raro de todo es que algunos funcionarios prefecturales no están del todo contentos con el Proyecto del “Ojo vivo” por dos razones, la primera, por el manejo improvisado en manos poco expertas, y la segunda y fundamental, por que -así lo hacen saber- algún vivo o “viva” pretende hacer un negocio de familia con la ex – Concejal del NFR Sandra Covarrubias de Jiménez, se dice que “casualmente” la empresa ICATEL-BOLIVIA vinculada a su “esposo” está por adjudicarse tamaño proyecto que, a finales de la gestión municipal del NFR, se pretendió incluir en el POA edil, pero por cuestión de tiempo no pudo colocar, entre otros, diversos insumos que revenden del Brasil con una agencia importadora de la que hizo gala la ex Concejal en fecha 7 de febrero y publicada al día siguiente en Los Tiempos (08-02-2007) a momento de inaugurar el proyecto “Ojo Vivo” que ojalá, una vez más, no sea una avivada para colocar un costoso equipo de cámaras, monitores y centrales para recibir imágenes mediante un sistema que desde hace décadas son utilizados en países vecinos con cierto éxito a precios hoy por hoy muy bajos.
Es ampliamente conocido la particular relación que tiene el entorno prefectural con la ex – concejal Sandra Covarrubias de Jiménez, quizá por ello no sea recomendable adquirir esos productos de la novata empresaria, pues podría fácilmente deducirse de favoritismo, pese al poco imaginativo “método” de demostración “experimental gratuito” que actualmente se viene ejecutando en manos improvisadas y no ajenas a un manejo político.
Finalmente, el proyecto no es en sí mismo cuestionado; lo que contribuya a elevar índices de seguridad serán siempre buenos, si a eso apunta la colocación de cámaras con circuito de alcance local para el seguimiento post delictual, cuanto de orden preventivo, no es deplorable siempre y cuando sea manejado profesionalmente y, sobre todo, si está desestimado cualquier vestigio de favoritismo personal, político, sentimental, etc.
Un llamado de atención a los que supuestamente deben controlar y fiscalizar la gestión Prefectural, es decir, a los Consejeros y a la Contraloría, por supuesto a los medios de comunicación y periodistas que por el momento resultan hoy el mejor modo de transparentar y mejorar ese necesario proceso de accountability o rendición de cuentas para evitar que el Gobierno Departamental Prefectural, nacional o municipal no sea una instancia donde el “recorte” presupuestario, que hoy promete confrontar de nuevo, se ejecute internamente en forma de “diezmos” favoreciendo iniciativas con rostro loable, pero con alma deplorable, eso claro si están cruzadas por favoritismos típicos de mentalidades patrimoniales que dominaron tanto tiempo en la región y que vistieron conocidos cuellos blancos de políticos y empresarios que aún se sienten viables pero que, sin embargo, no pasan desapercibidos a los simples ojos de ciudadanos y ciudadanas que estamos vivos por gracia del señor, para apelar y servir a la memoria y conciencia colectiva.
Master en Gerencia Política
Marianarosseti2006@yahoo.com
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Ciudades vigiladas: Cámaras que cambian libertad por seguridad
Algunos Gobiernos del mundo están implementando planes para vigilar la mayor superficie de ciudades, utilizando una red de cámaras de vigilancia policial. El impacto social, político y cultural que significa la instalación de cámaras de vigilancia en toda una ciudad, al ser un hecho tan reciente sólo han sido advertidos en su lado negativo por la literatura, y carecen de estudios difundidos popularmente sobre sus efectos.
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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.
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