Área: Economía >> Energía e hidrocarburos
Actualizado el 2007-05-11 a horas: 12:27:39
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Luego se recuperará la empresa de almacenaje, las empresas de exploración y explotación Chaco y Andina y por último la empresa Transredes

Preparan la ampliación de la refinería de Santa Cruz con una inversión de 3 millones de dólares

Luego de la recuperación de la propiedad del petróleo, del gas natural, y particularmente de las plantas de refinación, el gobierno boliviano prepara un programa de ampliación de la capacidad productiva de las refinerías, particularmente de la planta Guillermo Elder Bell de Santa Cruz.

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El Estado dejará de exportar 5 mil barriles de petróleo diarios para alimentar con esa producción a la refinería cruceña, informó el ministro de Hidrocarburos Carlos Villegas. Lo primero que se hará es producir diesel, lo que implicará un ahorro de divisas en la importación de una parte del diesel que se consume en el mercado interno. Por otro lado, disminuirán las subvenciones del Estado. Los precios de los carburantes seguirán congelados y controlados.

La ampliación se concretaría en ocho meses, con una inversión de tres millones de dólares. Al próximo año estaría funcionando en Santa Cruz una refinería con una capacidad ampliada de 5 mil barriles día. Más adelante se ampliaría la capacidad de la refinería Gualberto Villarroel de Cochabamba en 12.500 barriles diarios.

La exportación de crudo reconstituido dará una ganancia importante a las refinerías. Esos recursos tendrán dos finalidades: pagar el precio de compra de las refinerías que asciende a 112 millones de dólares sin afectar los ingresos de YPFB y del TGN, y ampliar las plantas.

Villegas considera que la recompra es "un hito en la historia petrolera de Bolivia", con la recuperación de las dos refinerías comienza la “tercera etapa de la nacionalización”. "Lo que ha pasado ayer es que Bolivia controla nuevamente todo este proceso productivo de industrialización y la comercialización de los derivados del petróleo. También se ha recuperado el excedente económico que se genera en las refinerías". La paradoja de la década del 90 era que conforme se iba capitalizando y privatizando, YPFB quedaba fuera de la cadena de los hidrocarburos. "Se la convirtió en una empresa residual y simultáneamente la empresa estatal brasilera iba conformando la cadena posesionándose en las diferentes fases. El mensaje que daba en aquel entonces Petrobras era que la rentabilidad del negocio petrolero es así en la medida en que la empresa controle y participe en la cadena de los hidrocarburos".

Ahora, por decisión del pueblo y del gobierno se están recuperando las empresas capitalizadas y privatizadas. Hemos empezado por las refinerías, porque se constituyen en centros neurálgicos de la cadena de los hidrocarburos, dijo Villegas. De aquí en adelante, se recuperará luego la empresa de almacenaje, posteriormente las empresas de exploración y explotación, Chaco y Andina, y por último la empresa Transredes.

El traspaso de la administración de las refinerías de Petrobras a YPFB será ordenado y el trabajo en ambas plantas no sufrirá mayores cambios ni se detendrá, aseguró Villegas. El Presidente Evo Morales garantizó la provisión de hidrocarburos, y la estabilidad y la continuidad laboral a todos los trabajadores. El 95 por ciento del personal de las refinerías es nacional, sólo hay cinco por ciento de gerentes de Brasil que serán reemplazados por profesionales bolivianos.  De producirse desabastecimiento "sería por la especulación" que deberá ser denunciada de inmediato para que YPFB asuma las acciones necesarias. Se habilitará una línea telefónica para recibir denuncias de posibles casos de especulación.
En la refinería de Valle Hermoso están reunidos los trabajadores para expresar a la opinión pública nacional que apuestan por este proceso de fortalecimiento de las refinerías. Según el vocero Alex Contreras, se ha dado un mensaje a nivel internacional: El gobierno necesita nuevos socios no patrones.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.

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