Actualizado el 2007-04-01 a horas: 13:40:06
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4min.
La nacionalización arrodillada
Andrés Solíz Rada
Los intentos de los pueblos oprimidos por liberarse del sometimiento imperial son enfrentados unas veces por la violencia brutal y directa, como la ejercitada por la CIA para derrocar a Jacobo Arbenz, en Guatemala, en 1954, o Salvador Allende, en Chile, en 1973, o inoculando el virus de la parálisis, la desorientación y el desaliento en el torrente sanguíneo del movimiento transformador, como ocurrió en Bolivia, con la Revolución de 1952. La Revolución de 1952, siguió llamándose proceso revolucionario después que EEUU hizo abortar la nacionalización de las minas, al impedir la instalación de fundiciones de minerales, tomó el control del petróleo, a través del Código Davenport, y centralizó, en su Embajada, en La Paz, toda la información oficial.
Abogado y periodista y ex parlamentario. En los últimos 30 años fue uno de los más destacados defensores de los recursos naturales en Bolivia. Fue el primer ministro de Hidrocarburos de la gestión de Evo Morales.
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Con la tercera nacionalización del petróleo, del 1-05-06, ocurrió esto último. Las petroleras aparentaron acatar la medida e, inclusive, “aceptaron” el contrato marco, por el que se convertían en prestadoras de servicio, de manera que YPFB recuperaba la propiedad, la posesión y el control absoluto de los recursos del subsuelo. Esta vez el virus castrador fue inoculado mediante el “inocente” anexo “F”, por el que los Contratos de Operación se convirtieron en Contratos de Producción Compartida. Por los Contratos de Operación, las Petroleras ejecutan por sus propios medios y por su cuenta y riesgo, a nombre de YPFB, las actividades de Exploración y Explotación, a cambio de una retribución.
Por los de Producción Compartida, las Compañías recobran el derecho de anotar el valor de sus participaciones en el negocio petrolero, incluyendo las reservas de gas asociadas al mercado de exportación, sobre las que tiene derecho propietario, lo que hacen constar en sus balances primero y en las Bolsas Internacionales de Valores después.
Con este antecedente, Petrobrás informó, el 31-03-07, que suscribió en La Paz Contratos de Producción Compartida, lo que le permite anotar el valor de las reservas en las Bolsas de Valores. Como contrapartida, la nacionalización del primero de mayo se convirtió en cáscara vacía, de manera que el gobierno tuvo que limitarse a afirmar que había logrado mayores ingresos por la venta de mayores volúmenes de gas y petróleo.
Propuso, sin éxito, que las fórmulas del anexo “F” sean conocidas por el Senado en sesión reservada, es decir de espaldas a la ciudadanía. Paralizó los juicios por los delitos de contrabando, evasión impositiva y estafa cometidos por las transnacionales. Pasó a mostrarse las nuevas exportaciones a la Argentina como un fin en si mismo y no como un mal necesario, a fin usar esos recursos para el fortalecimiento nacional. YPFB no controlará la cadena productiva ni podrá impulsar la industrialización de los hidrocarburos.
Debido a lo anterior, Bolivia tiene ahora grandes dificultades para obligar a las compañías a abastecer el mercado interno a precios inferiores a los internacionales. Continuará exportando materia prima con destino a las industrias de Argentina y Brasil, mediante la construcción de enormes gasoductos, en tanto las regiones del interior del país seguirán careciendo de recursos energéticos. Tampoco podrá, con la garantía del valor de las reservas, anotadas por empresas foráneas, obtener los préstamos necesarios para impulsar proyectos capaces de transformar nuestra economía.
¿Podía Bolivia seguir otro camino y enfrentar al monstruoso poder de las petroleras, respaldadas por potencias imperiales, como EEUU, Inglaterra, Francia y España, así como por los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, el BID y la CAF, además de centenares de ONG que han copado posiciones claves dentro del MAS de Evo Morales? ¿Por qué demandar al primer presidente que se reclama indígena una conducta más radical que la exigida, por ejemplo, a Kirchner y Lula, quienes, finalmente, están a la cabeza de países con mayores posibilidades de resistir al Nuevo Orden Mundial, liderado por esa mezcla de fanático y demente que es George Bush?
¿Podía optarse por el rumbo de hacer prevalecer la dignidad y el interés nacionales, plasmados en el Decreto de Nacionalización, con sólo el respaldo del gobierno cubano o del régimen de Chávez, una de cuyas bases de su economía está asentada en el consumo norteamericano del petróleo venezolano?
Posiblemente, la respuesta sea negativa. Evo tenía pocas opciones de hacer algo diferente de lo que hizo con los contratos petroleros. Perdió, en cambio, la oportunidad de hacer algo profundamente revolucionario. Ello consistía en decirle la verdad al país, lo que hubiera fortalecido su liderazgo moral frente a los sectores excluidos de América Latina, para los que representa una esperanza.
Al no hacerlo, está ofreciendo un desolador espectáculo, en el que las transnacionales petroleras, parlamentarios neoliberales que apoyaron a Hugo Bánzer Suárez y Gonzalo Sánchez de Lozada, junto a los dirigentes del MAS, convocan al pueblo a respaldar los Contratos Petroleros, signados por el siniestro anexo “F”, y que, en lo fundamental, contribuirán a mantener la sumisión de Bolivia a los centros de poder mundial.
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El racismo nunca pudo ser probado científicamente, lo que también sucede con los originarios.
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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.
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