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Actualizado el 2007-02-28 a horas: 16:49:46
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La negación de derechos

F. Xavier Iturralde

Eh ahí el conflicto real, conclusión sobre las debatibles, pero interesantes opiniones de Pedro Portugal M. en el programa Fisuras del 25 de febrero en PAT

F. Xavier Iturralde

F. Xavier Iturralde Es economista diplomado por la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de l'Université de Paris, con pos grado de l' University of Washington y bachillerato técnico del Colegio Alemán de Sao Paulo, Visconde de Porto Seguro. Trabajó en el sector privado financiero (Bancos, FFP's Coop. de Ahorro y Crédito), de seguros de vida y salud, construcción de caminos. Trabajó en "O Estado de Sao Paulo" y "Jornal da Tarde".

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Portugal expuso que el indigenismo viene de hace 30 a 40 años e incluso,  fue parte de políticas estatales hacia las poblaciones originarias, porque al indígena se lo consideraba incapaz de asumir el control de su situación. Proceso en el que el Estado termina quitándole su identidad cultural. Al presente, el gobierno estaría practicando un neo-indigenismo, especie de sobre valoración de ciertos aspectos indígenas en un discurso que estaría fuera de la realidad de lo que es el mundo indígena, pero que tiene el común denominador del anterior indigenismo correspondiente  a políticas y a  planes, donde el  indígena es la excusa, en ningún caso el motor, ni mucho menos el operador. Por lo que el termino de indigenismo e indígena deberían ser remplazado por el  de poblaciones originarias, con el objeto de apoyar y alentar la emergencia del pensamiento de éstas, sus diferencias, en un contexto de visión globalizadora, así como en el marco del acontecer nacional.

El problema principal radicaría en  que la política indígena para el indígena, valga la redundancia, por parte de operadores no indígenas, se estaría realizando sobre ideas falsas de lo que ellos piensan que es el mundo indígena. Esto, porque los elementos importantes de las políticas de definición del Estado no están en manos de indígenas, lo que estaría acentuando la  utilización de peculiaridades indígenas como identificación con ese mundo, convertida en una excusa en la aplicación de hechos que los mismos operadores políticos no los entienden. Razón por la cual, no existiría un texto con términos concretos políticos, económicos, sociales  que explique lo que sería la aplicación de un modelo indígena, que debería traducirse en un hecho concreto: la capacidad de controlar la situación real. Lo que existiría actualmente es una caricatura o barniz “for export”,  que en el fondo hace valer políticas y pensamientos tradicionales dentro de la dinámica del acontecer boliviano y mundial.

Situación que es peligrosísima para las poblaciones originarias en lo que concierne a la supuesta contradicción entre regiones autonómicas y las de su  mundo, como si realmente el indígena estuviera enfrentado, lo que en el fondo no es más que un cálculo político de algunos para utilizarlo. Siendo lo positivo y real que, mas bien, el gobierno actual aproveche todo este caudal de resistencia y de expectativa indígena,  para permitirle asumir los derechos que les fueron negados.

Definitivamente, el innegable conflicto sería la secular negación de los derechos de la población originaria. El poder colonial español para mantenerla,  eliminó el desarrollo natural de los pueblos que había para evitar la posible perdida de sus  privilegios. No tomaron en cuenta aspectos biológicos, sino los físicos y de comportamiento cultural para denigrar al indígena y al mestizo. Por lo que al presente se necesitaría innovar y  hacer que las poblaciones originarias se integren en el contexto universal de control de su realidad y de participación en la administración de una realidad común, para encauzar su propia. La que debería estar alejada de los conflictos generados por gobernantes con pasado personal y político basados en  pugnas derivadas de los años 70 entre el modelo capitalista y socialista, ahora con disfraz indígena. 

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... a fondo

El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.

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