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El director del Banco Mundial en Bolivia Marcelo Giugale informó que la estrategia boliviana fue aprobada por los 184 países miembros del organismo “con absoluta unanimidad”.
"Esa es la solidaridad internacional que se traduce en el respaldo de los países para fortalecer el proceso de cambio en el país, apoyar sobre todo el Plan Nacional de Desarrollo que hemos ido planificando", dijo el Presidente Morales luego de agradecer el espaldarazo del organismo.
"Desde el punto de vista financiero esto es una parte de las concesiones, también habrán donaciones sobre todo para el mantenimiento de la riqueza natural de Bolivia, el medio ambiente y por supuesto, mucho apoyo y asistencia técnica de acuerdo a lo que el gobierno nos pida", dijo Giugale.
Durante los próximos dos años, el Banco asignará cerca de 141 millones de dólars para 10 proyectos dentro de las áreas de gobernabilidad, con especial énfasis en la lucha contra la corrupción, fomento de la creación de empleos, y la inclusión social a través del mejoramiento en la provisión de los servicios públicos.
En los próximos dos años se llevarán a cabo varios estudios, los cuales abordarán áreas de inquietud para el gobierno, como es el caso de las autonomías regionales, la gestión de los recursos naturales y la inversión dirigida al crecimiento. El objetivo principal de estos estudios será recopilar experiencia internacional para ayudar a fundamentar las decisiones que tome el gobierno a la hora de formular políticas públicas, informa el Banco en su sitio web.
De acuerdo con la Iniciativa Multilateral de Alivio de la Deuda (MDRI, por sus siglas en inglés), el Banco Mundial canceló una deuda de la AIF por un total cercano a los 1.500 millones de dólares contratados y desembolsados hasta diciembre de 2003. El alivio de la deuda de la AIF entró en vigencia el 1 de julio de 2006 y equivale, en promedio, a un apoyo presupuestario por alrededor de 43 millones de dólares al año durante los siguientes 35 años.
Proyecto de infraestructura urbana
El Proyecto de infraestructura urbana, por 30 millones de dólares, pretende mejorar el acceso de los pobladores que viven en las zonas peri-urbanas de las principales ciudades de Bolivia a la infraestructura y los servicios básicos.
“En la década de los noventa, Bolivia logró mejorar las condiciones de vida, el acceso a servicios sociales básicos e indicadores sociales, sin embargo, el país enfrenta persistentes niveles de pobreza y desigualdad”, señaló Connie Luff, Representante residente en Bolivia del Banco Mundial. “Este proyecto apoya directamente de una de las prioridades del gobierno, que es, la entrega de servicios de mejor calidad a la población y el desarrollo de instituciones más transparentes y responsables”, agregó Luff.
El Proyecto de infraestructura urbana se concentrará en La Paz, El Alto, y también en Santa Cruz. En este último departamento, el proyecto trabajará con la cooperativa de agua y saneamiento más importante de la ciudad, SAGUAPAC.
Específicamente, el proyecto apoyará mejoras en la infraestructura urbana de La Paz, mejoras en el transporte en la ciudad de El Alto eliminando los embotellamientos y ampliación de la cobertura del alcantarillado en las zonas marginales de Santa Cruz. El crédito de AIF libre de intereses por 30 millones tiene un plazo de reembolso de 35 años e incluye 10 años de gracia.
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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.
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