Actualizado el 2007-01-05 a horas: 14:00:59
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7min.
¿De Guatemala a Guatepeor?
Diez años de Paz…
Alfonso Gumucio D.
Se trata de una Paz bastante frágil, pues la guerra se ha trasladado a las calles y ya no tiene un tinte político sino de delincuencia común. Guatemala es un caso crónico de violencia de la más salvaje que se pueda imaginar. Para un país tan pequeño, las cosas que suceden en Guatemala superan a las que han sucedido en Colombia en los momentos más duros. En Colombia los enfrentamientos tienen que ver mucho con la guerrilla y el narcotráfico, mientras que en Guatemala con todo tipo de tráficos que no tienen nada de político.
Escritor, cineasta, periodista, fotógrafo y especialista en comunicación para el desarrollo. Ha trabajado en programas de comunicación para el cambio social en África, Asia, América Latina y el Caribe, con agencias de Naciones Unidas, con fundaciones internacionales y ONGs.
Fue miembro de la redacción del Semanario "Aquí" y ha publicado en un centenar de diarios y revistas de Bolivia, América Latina, Europa, Norteamérica, África y Asia. Dirigió películas documentales en varios países. Es Coordinador del Grupo Temático de Comunicación para el Cambio Social en la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC).
Ha publicado más de veinte libros de poesía, narrativa, testimonio, y estudios sobre literatura, cine y comunicación, entre ellos: Historia del Cine Boliviano (1982); Cine, Censura y Exilio en América Latina (1979); Luis Espinal y el Cine (1986); Las Radios Mineras de Bolivia (1989) en colaboración con Lupe Cajías; Comunicación Alternativa y Cambio Social (1990); La Máscara del Gorila (1982) Premio del Instituto Nacional de Bellas Artes de México; Haciendo Olas: Comunicación Participativa para el Cambio Social (2001), Antología de Comunicación para el Cambio Social (2008).
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Luego de 34 años de conflicto armado, el 29 de diciembre del año 1996 se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, que consolidó el Acuerdo de Paz de Esquipulas, firmado en 1987. Luego de varios años de negociaciones lentas y difíciles, finalmente la guerrilla guatemalteca y el gobierno acordaron la desmovilización de las fuerzas guerrilleras y de una parte del ejército. Guatemala no aguantaba más una guerra interna tan sangrienta. Muchos todavía no lo saben, o no son conscientes de ello, pero en ese país centroamericano la guerra dejó un saldo de 200 mil muertos y desaparecidos. Todavía se encuentran cada cierto tiempo cementerios clandestinos con decenas y a veces centenas de restos humanos.
Dos detallados informes sobre derechos humanos fueron elaborados luego de la firma de los Acuerdos de Paz: el de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), conocido como “Guatemala, Memoria del Silencio” (12 tomos), y el que elaboró para la iglesia católica Monseñor Gerardi, fundador y coordinador general de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) y obispo auxiliar de la Ciudad de Guatemala. Monseñor Gerardi fue asesinado poco días después de la presentación del informe -en cuatro tomos- conocido como “Guatemala Nunca Más”, y oficialmente titulado “Informe para la Recuperación de la Memoria Histórica (REHMI)”. Ambos informes coinciden en las cifras y en apuntar a los responsables. El ejército fue el principal causante de las muertes, responsable por más de 95% de los abusos y crímenes. La política de “tierra arrasada” del General Ríos Montt, a principios de la década de 1980, hizo que comunidades mayas enteras fueran exterminadas. Frente a los 200 mil muertos y desaparecidos de Guatemala, los 30 mil de Pinochet y Videla aparecen como un dato menor.
A diez años del acuerdo “las causas que le dieron origen, sobre todo en lo económico y lo social, permanecen intactas y, en algunos casos, más graves”, según afirma el analista político Miguel Ángel Sandoval. El ejército se ha mantenido en los cuarteles y si acaso colabora en tareas de control del narcotráfico y patrullajes contra la violencia común. La guerrilla ha desaparecido por completo, incluyendo algunos transfugios notables. La violencia ha cambiado de naturaleza, se ha extendido a lo largo y a lo ancho del territorio de Guatemala, y tiene muchas caras. La cara más obvia es quizás la del narcotráfico, que es poderoso y opera en las zonas selváticas del Petén. Se dice que allí hay más de 300 pistas clandestinas donde aterrizan las avionetas cargadas de cocaína, procedentes de Colombia. Tal será el valor del cargamento, que por lo general las avionetas son incendiadas para no dejar huellas. Los ajustes de cuentas entre las bandas de narcotraficantes, los proveedores y los distribuidores, contribuyen a la cifra promedio de 16 muertes violentas diarias en Guatemala, una cifra enorme si se considera la población del país, que apenas supera los 12 millones de habitantes. Otra fuente de violencia son las “maras”, originadas en la ciudad de Los Ángeles, cuyo territorio se ha extendido por México y América Central. Los grupos de jóvenes tatuados de la Mara 18 o la Mara Salvatrucha ingresan a esas bandas como a una agrupación religiosa fanática. Los crímenes horrendos que cometen, los asaltos en plena luz del día, son parte del ritual. En días pasados un grupo satánico violó, asesinó y decapitó a una niña de seis años. No es necesario decir más. A lo anterior se suma la violencia que generan todos los tráficos que el pequeño territorio de Guatemala es capaz de contener: tráfico de bebés (el tercer país en el mundo en el negocio de las “adopciones”); tráfico de piezas arqueológicas (cuando los arqueólogos llegan a un sitio recién descubierto, ya encuentran los túnelos abiertos por los “huaqueros”); tráfico de especies de animales exóticos; tráfico de maderas preciosas (poderosos intereses de la burguesía guatemalteca); tráfico de obras coloniales… ¿Falta algún tráfico en esta lista? Seguro que en Guatemala no falta. Los asaltos en la vía pública, los robos de carros que se acompañan de asesinatos, algunos crímenes de cariz político, los secuestros “express” y los otros, son moneda de todos los días y crean una situación tan incierta en Guatemala, que uno de los firmantes del Acuerdo de Paz, el General (retirado) Otto Pérez Molina, se presenta ahora como candidato a las próximas elecciones presidenciales con un slogan que sin duda le va a traer bastante votos: “Urge mano dura”. Quienes tratan de combatir el crimen y la violencia, terminan con frecuencia o en el exilio por razones de seguridad, o por lo menos envían fuera del país a sus familias para evitar represalias. Es el caso de Alejandro Giammattei, Director del Sistema Penitenciario, y ahora candidato oficialista a la Presidencia de la República. Hace unos meses la policía intervino en la prisión de Pavón, que estaba totalmente tomada por los propios delincuentes que allí residían, y desde entonces las mafias le han puesto precio a la cabeza de Giammattei. Si bien el Acuerdo de Paz de 1996 ha arrojado algunos saldos positivos, todavía queda mucho por hacer, particularmente en lo que se refiere a los derechos de la mayoría de la población de Guatemala: los mayas. La inclusión de los mayas ha sido lenta, y muchos de los acápites que se refieren a ellos no han sido cumplidos. Sus radios comunitarias son perseguidas y clausuradas a instancias de los poderosos. Los índices de educación, salud y pobreza en las poblaciones mayas siguen siendo los más bajos, la población maya sigue siendo marginada en esta suerte de apartheid centroamericano donde unas cuantas familias controlan la economía y la sociedad. Sin embargo, hay algunos indicios de mejoría. El gobierno actual ha nombrado a más de 300 funcionarios de origen maya en la administración pública, algunos en cargos altos: un ministro y un vice-ministro. El respeto por las lenguas y la cultura de los mayas, ha permeado en la sociedad, aunque el racismo y el “clasismo” arrogante de los ladinos todavía se manifiestan. Quienes han sido críticos sobre el proceso de paz, no tienen espacio en los medios que pertenecen a los grandes empresarios. Es el caso de Miguel Ángel Sandoval, un defensor de los derechos humanos que se acaba de despedir de los lectores de Prensa Libre, pues por “política editorial” su columna “Letra con Filo” no volverá a aparecer. Queda para el recuerdo del Acuerdo de Paz Firme y Duradera una preciosa moneda de un Quetzal, que cuando recién empezó a circular parecía de oro. Su diseño muestra a una paloma que emerge de la palabra Paz. La moneda ha sido muy manoseada en estos diez años, en el sentido literal como en el político. Ahora ya no luce su brillo de oro, ya no refulge. Es una moneda cualquiera, oscurecida por el tiempo, entre la demagogia y la desesperanza.Volver atrás
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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.
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