Augusto Pinochet: epitafio para un tirano

Mario Amorós

El general asesino y traidor falleció en el Día Internacional de los Derechos Humanos

En enero de 1978 un tribunal italiano condenó a un policía llamado Eugenio D’Alberto por proferir una “ofensa imperdonable” a sus superiores: les había llamado “Pinochet”. El juez dictaminó que este término era una “calificación injuriosa”, ya que les acusaba de ejercer el mando con “métodos de naturaleza autoritaria y represiva” (Azócar, Pablo: Pinochet, epitafio para un tirano. Cuarto Propio, Santiago de Chile, 1998). A su muerte, 33 años después del golpe de estado que le instaló de manera ilegítima y brutal en el poder, Pinochet es repudiado como uno de los símbolos universales de la cobardía y la traición e incluso en Chile ha perdido numerosos apoyos desde que se descubrió que, además de ser el máximo responsable de crueles y masivas violaciones de los derechos humanos, saqueó los fondos públicos en proporciones multimillonarias.

Sin embargo, en su “legado” hallamos las claves que nos explican la situación actual de Chile. Al adelantarse en más de un lustro a Margaret Thatcher y Ronald Reagan en la aplicación del proyecto neoliberal, la dictadura de Pinochet condenó a la miseria a amplias capas de la población: en 1990, al ceder el poder al presidente Patricio Aylwin tras perder el plebiscito de 1988, el 45% de la población vivía en condiciones miserables. Aún hoy, a pesar de la reducción de la extrema pobreza, Chile es uno de los países donde la brecha social es más acentuada y donde la indefensión de los trabajadores frente al poder económico es mayor, puesto que está vigente el Código del Trabajo de 1980. Asimismo, las transnacionales del cobre, la pesca y la madera depredan los principales recursos naturales del país en virtud de su alabada “apertura” económica y la educación y la sanidad públicas han sufrido las consecuencias del “tsunami” neoliberal.

Por otra parte, y a pesar de los notables avances derivados de su histórica detención en Londres el 16 de octubre de 1998, la impunidad continúa vigente, gracias esencialmente al decreto-ley de amnistía de 1978, y la inmensa mayoría de los asesinos y torturadores goza de plena libertad. Durante los tres lustros de la interminable transición chilena sólo 46 personas han sido juzgadas y condenadas en firme por las violaciones de los derechos humanos y de ellas 24 ya han recobrado la libertad porque recibieron penas muy livianas. Los tres gobiernos anteriores al actual de Michelle Bachelet promovieron la elaboración de tres informes sobre los crímenes de la dictadura, pero no procuraron que sus responsables fueran juzgados, al contrario se empeñaron y se empeñan en garantizar su impunidad, desde las exitosas gestiones para lograr el retorno del tirano de Londres a, por ejemplo, el indulto en 2005 de Manuel Contreras Donaire, uno de los asesinos del sindicalista Tucapel Jiménez en 1981, por el presidente Ricardo Lagos.

Además del modelo neoliberal y de la ominosa herencia de la impunidad, Pinochet lega unas Fuerzas Armadas con privilegios inadmisibles en un régimen democrático y, aunque algunos de ellos han sido anulados por reformas constitucionales, todavía se apropian del 10% de los beneficios de la venta del cobre (la gran riqueza del país) y conservan una capacidad de intervención en la escena política considerable. Tampoco hasta el momento los militares han admitido su grave responsabilidad en la destrucción de la democracia el 11 de septiembre de 1973 y en la masacre del movimiento popular que sostuvo al Gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende. Porque, como sostiene el sociólogo Tomás Moulian, “no tienen conciencia del daño que causaron, creen que esos asesinatos fueron necesarios, creen que formaron parte de la guerra por la civilización, contra el marxismo, que era el mal”.

No obstante, Pinochet ha fallecido a los 91 años de manera muy diferente a la que soñó: salvado de sentarse en los tribunales por demente, abandonado por la mayor parte de sus fieles (desprovistos también del argumento de la supuesta “austeridad prusiana” del general), repudiado por la conciencia democrática de la humanidad y procesado en distintas causas judiciales por violaciones de los derechos humanos.

La dictadura que encabezó fue uno de los capítulos más oscuros y tenebrosos de la historia americana del siglo XX. Porque destruyó un esperanzador proceso de cambio social en democracia, porque refundó el país a partir de los dogmas neoliberales y porque de manera cruel masacró a miles de personas e institucionalizó la tortura, hasta el punto de que el 13 de noviembre de 1974 el tirano aseguró a los obispos Fernando Ariztía y Helmut Frenz en referencia al cura español Antonio Llidó, secuestrado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) el 1 de octubre y desaparecido tres semanas después: “Ése no es un sacerdote, es un marxista y a los marxistas hay que torturarles para que hablen. La tortura es necesaria para acabar con el comunismo”.

La geografía de la memoria histórica en Chile tiene al menos dos visitas inexcusables. Por una parte, el impresionante Memorial levantado en el Cementerio General de Santiago en recuerdo de las 3.197 personas oficialmente asesinadas o hechas desaparecer por la dictadura, con el nombre de Salvador Allende en el centro. Y por otra, Villa Grimaldi, un nombre que por sí solo condensa todo el indescriptible horror de la dictadura de Pinochet, un lugar donde cinco mil “prisioneros de guerra”, de la guerra que el tirano se inventó, fueron torturados de manera atroz y de donde al menos 226 personas fueron hechas desaparecer, probablemente al ser lanzados sus cuerpos al océano en helicópteros militares por agentes de la DINA.

Alejandra Holzapfel, una militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que fue torturada y violada en Villa Grimaldi cuando tenía 19 años, que incluso fue ultrajada después con perros en otro centro de detención de la DINA, asegura, en una metáfora de la suerte del pueblo chileno, que ha podido reconstruir su vida: “Ahora los que fuimos vejados y maltratados estamos sanos, tenemos vidas y familias normales, tenemos hijos y nietos, trabajamos. Yo todavía no pierdo las esperanzas, creo que va a llegar un momento en que vamos a construir una sociedad más justa, más solidaria, llena de amor”.

Testimonios como éste y la lucha de la izquierda chilena por la construcción de una alternativa socialista al modelo neoliberal (impuesto por la dictadura y mantenido de manera acrítica por la Concertación) constituyen la auténtica derrota histórica de Pinochet y su legado.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.