Campos de concentración en EE.UU.

(Pieldeleopardo.com).- Existen sobre 800 campos de concentración en Estados unidos; todo listos para comenzar a funcionar y a la espera de prisioneros. El personal que los tendrá a su cargo ha sido designado y muchos cuentan con guardias las 24 horas del día. Pero están vacíos. Los operará la Agencia de manejo de operaciones de emergencia ((Federal Emergency Management Agency, FEMA) en cuanto se estime necesario aplicar la ley marcial en territorio estadounidense.

Para que esa disposición entre el vigencia todo lo que se requiere es un decreto presidencial -y el listado de nombres que firmará el fiscal general de la nación.

El Programa Rex 84 se promulgó bajo el supuesto de que un éxodo masivo allende las fronteras de EEUU las traspase desde México; esos extranjeros ilegales serían rodeados y enviados a los centros de detención de FEMA. Rex 84 dispone que en caso de necesidad muchos cuarteles podrán ser convertidos en prisiones. Dos sub programas -Operation Cable Splicer and Garden Plot- se implementarán en este caso. El primero prevé el reemplazo de las autoridades estatales civiles por federales; Garden Plot se refiere al control de la población. FEMA dirigirá las operaciones. Las respectivas órdenes del Poder Ejecutivo han sido ya registradas y cubren el marco legal necesario.

Los campos de concentración disponen de instalaciones ferroviarias y red caminera exterior, algunos disponen de aeropuertos o se sitúan cerca de un aeropuerto. Algunos pueden albergar hasta a 20.000 personas. El mayor de ellos se encuentra cerca de Fairbanks, en Alaska. Se trata de un complejo hospitalario y de salud mental con capacidad para atender hasta dos millones de personas.

Cabe señalar que el entramado de las órdenes del ejecutivo se diseñó hace unos 30 años en previsión de un estado de emergencia provocada por catástrofes naturales o la guerra; nunca fueron suspendidas, por lo que basta la firma presidencial para reactivarlas. Estos decretos autorizan al gobierno, entre otros asuntos, para:

- asumir el control de todos los medios de transporte, autopistas y puertos lacustres, fluviales y de mar, incluyendo naves y vehículos;
- censurar la prensa;
- controlar las fuentes y distribución de energía;
- expropiar la producción y distribución de alimentos, incluyendo granjas familiares;
- movilizar a la población civil y organizar brigadas de trabajo;
- asumir el control de centros de salud, educativos y de bienestar social;
- instaurar un sistema de identificación nacional;
- expropiar vehículos aéreos, incluso extranjeros, y las operaciones de los aeropuertos;
- ordenar el abandono de áreas y reubicar comunidades.

Puesto en marcha el plan de emergencia por la Agencia federal de manejo de la emergencia, el congreso no tendrá tuición ni control sobre las órdenes del Ejecutivo por un lapso de seis meses.

Los campos de concentración

No todos se han detectado. Entre los que se conocen se menciona la reactivación del campo de internación de ciudadanos japoneses y sus descendientes; otro cerca de Salem, Oregón; la construcción de nuevas instalaciones en la localidad de Umatilla. Y, desde luego, los cuarteles, bases y regimientos esparcidos por el territorio nacional estadounidense.

Se han detectado campos de concentración o edificios e instalaciones donde podrían funcionar en todos los estados de la Unión. Probablemente, además establecimientos hospitalarios de salud mental, aeropuertos regionales, áreas silvestres protegidas, campos militares cerrados, áreas tóxicas, complejos industriales abandonados, etc... pudieran usarse con fines de internación.

Se estima que bases y cuarteles militares canadienses también serían usados con este propósito, incluso algunos más allá del Círculo polar ártico.

En ultramar existe, y en funciones como campo de concentración, la base de marines en Guantánamo y se podría utilizar la prisión federal de Guayanabo, en Puerto Rico.

La pregunta es qué hecho gatillará la puesta en marcha de estas instalaciones. ¿Una catástrofe natural u ocasionada por la actividad humana? ¿Un ataque terrorista? ¿Un terremoto? ¿El colapso financiero? Cualquiera que sea la causa, una vez producida entrará en vigor la ley marcial y el país quedará en manos de FEMA. Se restringirán o desaparecerá el sistema de libertades ciudadanas y no sabremos a quiénes se estimará "peligrosos". ¿Aquellos que tienen armas en sus casas? ¿Los que hacen muchas preguntas? ¿Los que querrán saber qué realmente sucede? ¿Los que creen en la libertad de expresión? ¿Los que quieren expresarse como se les antoje?

Quienes gobiernan Estados Unidos en la actualidad están lejos de los ideales que cautelan las libertades cívicas.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.