Enviarán al Congreso los nuevos contratos hasta el 13 de noviembre

Evo: La nacionalización es un proceso que está a medio camino

Redacción Bolpress

En un encuentro con la prensa internacional, el Presidente Evo Morales dijo que la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia es un proceso que está a mitad de camino. Los próximos pasos serán la fiscalización de la producción de las petroleras en boca de pozo y, el próximo año, la tramitación de nuevas inversiones para cubrir los compromisos de exportación de YPFB.

Otra tarea será conseguir financiamiento para el tendido de ductos al interior del país. El Presidente no está dispuesto a tramitar créditos del BID a favor de Transredes para que construya los tramos Carrasco-Cochabamba-La Paz; Vallegrande-Tarija y Chaco- Uyuni, sino hacer gestiones para que Yacimientos participe en este negocio.

A través del Decreto Supremo 28701 de Nacionalización promulgado el 1 de mayo, YPFB asumió el control total de los hidrocarburos, que representan una cuarta parte del PIB de Bolivia. El Estado controla reservas de 48.700 millones de pies cúbicos de gas y 856 millones de barriles de petróleo. Las empresas extranjeras se convirtieron en "prestadoras de servicio" y ahora están obligadas de entregar toda su producción a YPFB. El Estado administrará toda la cadena hidrocarburífica, que va desde la producción hasta la comercialización, la distribución de ingresos y planes de inversión.

"Antes las compañías petroleras producían y comercializaban petróleo y gas, de ahora en adelante extraen el gas y petróleo, pero las reservas, la producción y la comercialización está a cargo de YPFB. La segunda diferencia es que las petroleras operaban bajo un régimen de concesiones donde ellas eran propietarias del recurso, hoy no hay un régimen concesional, está claro que el Estado controla el negocio petrolero y estas empresas firmaron contratos de operación con YPFB para la entrega de petróleo y gas a YPFB", explicó el presidente de YPFB Juan Carlos Ortiz.  

Los nuevos contratos de operación también tienen un "Anexo", pero con características totalmente inversas al famoso Anexo D de la capitalización. "Hemos dado la vuelta la historia. Antes pagaban 18% ahora pagan el 82%. Nos daban migajas a través del Anexo D, ahora nosotros controlamos hasta lo que respiran", subrayó el asesor de YPFB Manuel Morales Olivera.

El Anexo D servía para pagar viajes, servicios y otros gastos de las empresas petroleras, ahora sirve para todo lo contrario: establece mecanismos de control de YPFB de los gastos que realizan las empresas que explotan los 69 pozos petroleros. Los contratos de operación no tienen "letra chica" que pueda beneficiar a las compañías.

Respaldo general a Evo

El senador de Podemos Walter Guiteras comentó que los nuevos contratos devuelven la dignidad al país y sólo queda felicitar gobierno. Reconoció que cuando fue parte del gobierno (ADN) escuchaba decir a los responsables del área económica que las empresas petroleras se iban a ir del país si se les cobraba el 50 u 80 por ciento, "hubo mala información o es que servían a otros intereses", admitió Guiteras. "Esto es una buena noticia hay que decirlo y lo digo como senador de la oposición", añadió su colega Carlos Darlach, también de Podemos.

Bernd Abendroth, presidente de la Federación de Empresarios de La Paz, declaró que la nacionalización fue bien recibida por el empresariado y destacó la importancia de la seguridad jurídica para las empresas inversoras, lo cual atraerá más inversiones para el país.

José Meguela, presidente de la Cámara de Hidrocarburos, el sindicato de las petroleras en Bolivia, señaló que la firma de los nuevos contratos con las empresas es una clara muestra de que existe un común denominador entre gobierno y los inversionistas privados, y que la seguridad jurídica es propicia en este momento para generar inversiones. "Los contratos no son confiscatorios, son una relación contractual que migró y fue una migración negociada muy dura con intensas horas de trabajo", comentó.

El asambleísta de UN Samuel Doria Medina calificó de positiva la firma de nuevos contratos y anunció el inicio de un proceso de inversión importante de hidrocarburos en el sector. "Es una buena señal de que se reinicie el proceso de reinversión en el sector de hidrocarburos y diría que veo como gran ganador al pueblo boliviano porque se resuelve este tema".

El Prefecto de La Paz José Luis Paredes felicitó al gobierno por la buena negociación y comentó que "se nota que sabían lo que estaban haciendo".

La firma de contratos es un hecho trascendental, manifestó Bruno Apaza, miembro de la COB, pero todavía falta conocer a detalle el contenido de los contratos.

También hay dudas

Algunos sectores críticos consideran que en realidad el gobierno de Morales no nacionalizó los hidrocarburos, sino que consolidó la sociedad del Estado boliviano con las transnacionales petroleras, dejando cabos sueltos para que en el futuro inmediato éstas aseguren sus intereses en la explotación, refinación, comercialización y transporte de los hidrocarburos.

Lo que se ha hecho, agregan, es consolidar el 82% de impuestos y regalías sin tocar la compra de acciones que permita a YPFB convertirse en socia mayoritaria en la refinación del petróleo y el transporte de los hidrocarburos. En los hechos, las transnacionales siguen controlando la mayoría de las acciones.

La profusa propaganda oficial muestra los nuevos contratos como la consolidación de la nacionalización de los hidrocarburos y de la propiedad total de los hidrocarburos en manos del Estado boliviano, pero sin expropiar nada a nadie.

Según la "agenda de octubre", nacionalizar significaba expropiar los bienes de las transnacionales y expulsarlas del país. En se marco, no habría forma de hablar de la propiedad total de los hidrocarburos en manos del Estado boliviano cuando éste se convierte en  simple socio de las empresas.

El gobierno guarda celosamente cómo es que garantiza a las transnacionales una "utilidad razonable" y el "retorno" de las inversiones en tiempos aceptables que llenen las expectativas de los inversionistas.

Las empresas están conformes

Bolivia debe duplicar su producción de gas natural, a unos 70 millones de metros cúbicos diarios, para atender las exportaciones a Brasil (30 millones), a Argentina (27.7 millones) y para satisface la creciente demanda interna. Para ello necesita nuevas inversiones en exploración, que parecen estar confirmadas.

Luís García, representante de Repsol YPF, informó que la compañía hispano argentina está dispuesta a invertir en el campo Margarita, con más de 1.000 millones de dólares, para garantizar los nuevos volúmenes de exportación de gas natural a Argentina. Por otra parte, informó que se iniciaron las conversaciones con las autoridades de gobierno boliviano para que el Estado obtenga el 51 más 1 de las acciones.

El presidente de Repsol Antonio Brufao comentó que el nuevo contrato con Bolivia tendrá poco impacto en la empresa. Si hay algún impacto, éste será positivo porque permitirá inversiones con la seguridad jurídica necesaria, precisó.

Voceros de la productora de gas BG informaron que los nuevos contratos podrían ser tan rentables como los anteriores. La empresa inglesa confía en que su inversión hecha hasta la fecha en Bolivia será recuperada.

Ejecutivos de Total declararon que con los nuevos contratos se obtendrá una rentabilidad que hará posibles nuevas inversiones.

"Es muy temprano para dar señales de nuevas inversiones en Bolivia, afirmó el ministro brasileño Silas Rondeau. Según el funcionario, el nuevo contrato apenas prevé que Petrobras realice inversiones en mantenimiento, necesarias para garantizar la producción de los campos de gas. Rondeau reiteró que se hicieron concesiones mutuas y que el contrato es satisfactorio para ambas partes.

El Congreso espera los contratos

El Presidente Evo Morales anunció que se enviará al Congreso los 10 contratos suscritos con Repsol YPF, Petrobras, TotalFinaElf, Vintage, Matpetrol, Pluspetrol; British Gas; Andina y Chaco el lunes 13 de noviembre en el marco de la transparencia.

Se están preparando memorias a modo de resúmenes de los 69 contratos que deben ser suscritos por las empresas. El objetivo es facilitar su revisión al Parlamento, dijo el ministro de Hidrocarburos Carlos Villegas, quien espera que los documentos puedan ser aprobados hasta el 20 de noviembre.

Actualmente, la industria del petróleo pone en movimiento dos mil millones de dólares, pero con la suscripción de nuevos contratos y las inversiones que se realizarán este monto se duplicará, señalo Villegas. Morales calcula que en unos 10 a 15 años Bolivia ya no será un "país pobrecito" y mendigo.

Volver atrás

temas << Servicios públicos >>

El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.