Área: Política >> Notas de gobierno
Actualizado el 2006-09-27 a horas: 21:43:09
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Por haber dicho que el presidente paraguayo es un mentiroso

Destituyen al viceministro Rafael Puente

Redacción Bolpress

El viceministro de Régimen Interior y Policía Rafael Puente fue destituido hoy luego de que revelara que el presidente del Paraguay Nicanor Duarte “engañó" al Presidente Evo Morales Ayma con “documentos falsos” con el fir de obtener la revocatoria del status de refugiados del que gozaban los ciudadanos Ángel Acosta Centurión y Blas Concepción Franco, acusados asesinar a Cecilia Cubas.

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Según la agencia ABI, la ministra de Gobierno Alicia Muñoz envió una carta a Puente explicándole la razón de su destitución: sus "desafortunadas" declaraciones que no reflejan la posición del gobierno tensionaron las relaciones con la República del Paraguay, pese a que la Cancillería desautorizó la declaración y pidió disculpas al gobierno paraguayo.

La embajadora del Paraguay en Bolivia Nimia Oviedo transmitió al gobierno que las relaciones diplomáticas se distensionaron luego de la destitución. "El Presidente de la República y el gobierno de Bolivia tiene una línea al respecto de no afectar estas relaciones con declaraciones personales correspondientes a un Viceministro de Régimen Interior", añadió Muñoz.

El gobierno paraguayo rechazó las declaraciones de Puente, pero la ex autoridad se negó a retractarse hasta el último momento en el que cumplió funciones gubernamentales. Muñoz posesionó en el cargo de Puente al director Nacional de Asuntos Jurídicos Alberto Gamarra.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.

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