Según Regantes, el Prefecto de Cochabamba obstaculiza obtención de crédito italiano

Omar Fernández acusa a Reyes Villa de frenar Misicuni

Wilson García Mérida

(Datos & Análisis).- El Senador por Cochabamba y representante de la Federación de Regantes de Cochabamba, advierte que la exigencia del prefecto Manfred Reyes Villa para que la represa de Misicuni sea construida con una elevación de 120 metros y no 85 como está definido en el diseño oficial, sólo pretende crear un elefante blanco y frenar la ejecución del proyecto múltiple obstaculizando las negociaciones del crédito italiano que deberá concretarse el próximo mes de junio.

Wilson García Mérida

Es periodista. Reside en Cochabamba.

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Omar Fernández explicó que la posición de los regantes del valle central y de organizaciones sociales campesinas del departamento, es que la represa debe construirse tal cual está definida en los respectivos diseños técnicos, con una altura provisional de 85 metros, en base al cual se ha gestionado el crédito italiano de 30 millones de dólares; lo cual no implica abandonar el objetivo estratégico de 120 metros, que también es parte del proyecto Misicuni, ya que "no debemos olvidar que este proyecto múltiple ha sido concebido para ser ejecutado en etapas, considerando las altas inversiones que exige su plena materialización".

Aclaró que la etapa correspondiente a los 120 metros en la represa, debe necesariamente ejecutarse junto a la construcción de dos nuevos túneles desde las cuencas de Viscachas y Putucuni, complementarios al actual trasvase de Serketamayu que está diseñado para cubrir un almacenamiento de sólo 85 metros. "Si hacemos la represa con una capacidad de 120 metros, sin los dos túneles adicionales, tendremos un espacio ocioso y habremos invertido dinero sin ningún sustento técnico. Cuando lleguemos a la etapa de ampliarla a 120 metros, necesitaremos 80 millones adicionales para los nuevos túneles y éste no es precisamente el momento de plantear ese tema", dice el Senador.

El legislador que representa a los Regantes aclara también que la actual etapa que arrancará con una presa de 85 metros, no cierra en modo alguna la futura ampliación a 120 metros. "El proyecto múltiple tiene prevista para cada una de sus etapas un diseño técnico general que lo hace viable según las necesidades que irán surgiendo en los plazos previstos", afirma. Junto a la ampliación futura de la presa, agrega, se deberá invertir en otras obras complementarias como la construcción de aductores de agua potable y canales de riego, que demandarán recursos adicionales de por los menos otros 50 millones de dólares.

Por todo ello, sostiene Omar Fernandez, la exigencia supuestamente "cochabambinista" de Manfred Reyes Villa, de saltar a la etapa de 120 metros en la represa, carece de un serio respaldo técnico, y resulta inoportuna ya que viene a perturbar el proceso de licitación de la obra que deberá lanzarse en julio, "para iniciar las obras a más tardar en octubre", una vez que el gobierno de Italia enviará una comisión técnica y financiera para cerrar el contrato de crédito de 30 millones de dólares en el próximo mes de junio. Fernández exhortó al prefecto Reyes Villa desistir de su exigencia y, más bien, hacer viable el desembolso de 27 millones de dólares que debe depositar la Prefectura como contraparte local en la cuenta de la Empresa Misicuni hasta el viernes, so pena de movilizaciones desde el lunes.

llactacracia@yahoo.com

http://www.llactacracia.org/

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.