Datos sobre la nacionalización en Bolivia

(AP).- El decreto 28701 por el que el presidente Evo Morales dispuso la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo se asienta sobre cuatro pilares. El primero es que todas las empresas petroleras privadas están obligadas a entregar su producción de gas y crudo a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales bolivianos (YPFB), que decidirá sobre su comercialización, transporte, almacenaje, exportación, precios y volúmenes.

El segundo obedece a que los consorcios resultantes de la privatización parcial de YPFB en 1997, Andina S.A., Chaco S.A. y Transredes, deben vender la cantidad necesaria de sus acciones al estado para que éste se haga de la mayoría del paquete accionario.

La hispano-argentina Repsol YPF es dueña del 50% de Andina; y Panamerican Energy, en la que la británica British Petroleum (BP) tiene el 60% y la argentina Bridas el 40%, es propietaria de la mitad de las acciones de Chaco.

Transredes, dueña de la mayor parte de los oleoductos, gasoductos y poliductos de Bolivia, entre ellos el que transporta gas a Brasil, es el resultado de una sociedad entre la anglo-holandesa Shell (25%) y la estadounidense Prisma Energy (25%). Otro 16% es de socios no identificados.

En el caso de Andina y Chaco, los bolivianos mayores de edad al 31 de diciembre de 1995, como cesión del estado previo a la privatización, tienen alrededor del 48%, el resto es de quienes trabajaban hasta entonces en YPFB.

Los bolivianos son propietarios en Transredes del 34% de las acciones.

Las acciones del los ciudadanos bolivianos eran tuteladas hasta ahora por las dos administradoras de fondos de pensiones que operan en el país: Futuro, propiedad de la suiza Zurich Financial Service; y Previsión, del español Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA).

El decreto de nacionalización establece que todas las acciones de los bolivianos deben pasar a "titulo gratuito" a YPFB, y que las socias extranjeras deben vender las acciones que faltan en cada caso para que la empresa estatal tenga "el 50% más uno" de las acciones.

Los directorios de Andina, Chaco y Transredes están conformados por siete miembros, de los que cuatro eran nombrados por las petroleras foráneas. Tres eran designados por las AFP. El decreto señala que, ahora, la mayoría de las bancas, cuatro, serán ocupadas por representantes de YPFB.

Este acápite obliga también a la brasileña Petrobras dueña de la firma Petrobras Bolivia de Refinación (PBR) a vender el 50% más uno de sus acciones en ella, que es dueña de las dos refinerías de petróleo que operan en Bolivia: Palmasola y Gualberto Villarroel.

Petrobras compró a ambas en 1999 en 100 millones de dólares.

La quinta empresa afectada es la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana, de capitales alemanes y peruanos y dueña de plantas de almacenamiento y algunos poliductos, que también debe vender al estado el 50% más uno de sus acciones a YPFB.

En caso de que las empresas no acepten vender, el gobierno podría confiscar esas acciones, según ha dicho el vicepresidente Alvaro García Linera.

Las compañías tienen 180 días para adecuar, en negociaciones con el gobierno, sus contratos a la nueva norma. Si no hay acuerdo, las petroleras deben abandonar el país.

El tercer pilar es la "refundación" de YPFB para que pueda llevar a cabo todas las tareas encomendadas. La empresa había quedado reducida a un mero organismos administrativo después de la privatización parcial, llamada en Bolivia "capitalización".

En realidad, los tres primeros componentes están previstos en la ley de hidrocarburos que fue aprobada en mayo de 2005, con un apoyo parcial en el Congreso del ahora oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

Morales ganó las elecciones de diciembre de 2005 con la promesa de nacionalizar los hidrocarburos, aunque hasta entonces aseguró que no se confiscarían los bienes de las transnacionales.

El cuatro y último pilar del decreto establece que los megacampos gasíferos de San Alberto y San Antonio deben incrementar los beneficios para el estado, de manera que para él quede 82% del valor de los producido.

Ambos campos son de Petrobras, Andina y la francesa Total. Hasta ahora, como el resto de los pozos, pagaban 18% en regalías y 32% por un Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Ahora, deben pagar 32% adicionales en "participaciones" para el estado.

San Alberto y San Antonio son dos de los cuatro megacampos de gas que tiene Bolivia, país que es dueño de las segundas reservas de gas de Latinoamérica, por debajo de Venezuela.

Los otros dos no están en operaciones u ofrecen aún una producción menor a los 100 millones de pies cúbicos día.

El gobierno, según García Linera, espera obtener el próximo año alrededor de 750 millones de dólares en beneficios por la explotación, contra alrededor de 450 que el estado percibió en la gestión pasada.

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El 17 de marzo de 2009, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Corte Constitucional para el Período de Transición una demanda de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería publicada en el registro oficial No. 517 del 29 de enero de 2009. La demanda de la CONAIE contenía objeciones de forma y fondo a la ley, sin embargo fue la falta de consulta prelegislativa a pueblos y nacionalidades indígenas la que levantó más revuelo en los ámbitos jurídico y político del país. De fallar a favor, la Corte Constitucional crearía un precedente importantísimo para el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ya que toda ley posterior que amenazare con afectar sus derechos les debería ser consultada.