Los objetivos fundamentales de esta reforma eran la redistribución de tierras a favor de quienes no la poseen o la poseen en forma insuficiente, eliminación del régimen servidumbral, elevación de los niveles de producción y productividad, y una racional redistribución poblacional. En este Decreto- Ley su norma principal es sujetar los derechos sobre la tierra al trabajo, de este principio emerge el cumplimiento de la función económica-social (FES), exigida empresa medianos y grandes, y función social (FS) para indígenas y campesinos. En virtud a esta normativa deberían afectarse los latifundios ociosos y redistribuirse las tierras a favor de quienes tengan la disposición de trabajarlas. Según el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS, existen predios con grandes extensiones que no cumplen la FES, especialmente en tierras bajas.

Nuestro país tiene un extenso territorio; 109 millones de hectáreas, y una población reducida de 9 millones de habitantes, dividiendo la superficie nacional entre la cantidad de población, correspondería aproximadamente 13 hectáreas por persona; sin tomar en cuenta que el 62% de esta población está asentada en el área urbana, paradójicamente existen miles de familias sin tierra o con tierra insuficiente. El 24 de noviembre de 1992 fueron intervenidos el ex Consejo Nacional de Reforma Agraria y el ex Instituto Nacional de Colonización, después del escandaloso caso BOLIBRAS en el que un ex ministro de Estado se había apropiado, mediante tráfico de influencias, de 98 mil hectáreas en la chiquitanía.

Durante la intervención y ante la imposibilidad de auditar la situación de los títulos agrarios se concertó la Ley INRA, promulgada el 18 de octubre de 1996, conteniendo dos mandatos fundamentales: la clarificación de los derechos agrarios en el país (saneamiento de tierras), en un plazo de 10 años a partir de la aprobación de la ley, y la priorización de la titulación de tierras comunitarias de origen (TCO) a favor de pueblos indígenas y originarios.

La ejecución de la Reforma Agraria para Miguel Urioste ha seguido dos procesos distintos en occidente y oriente; en el primer caso formalizó la liberación de la fuerza de trabajo rural indígena y el reparto de tierras, aunque estuvo condicionado por los ecosistemas de altura que constituyeron su contexto ambiental. En el oriente, sirvió para legalizar extensos latifundios, algunos constituidos durante los regímenes militares que saldaron favores políticos con tierras. Asimismo, el Estado canalizó créditos, caminos, infraestructura productiva, mercados, fuerza laboral mediante asentamientos humanos dirigidos.

El investigador y analista social Carlos Romero, sostiene que dos factores distorsionaron la aplicación de la reforma agraria en tierras bajas: las anormalidades y corrupción y el poder económico y político acumulado en torno a actividades irregulares, por lo que se configuró un sistema de dominación, traducido en la imposición de relaciones económicas de explotación y aprovechamiento monopólico de las riquezas, dominación política y opresión cultural, articuladas en torno al control de la tierra y los recursos naturales.

El CEJIS resalta que, de 16.4 millones de hectáreas con vocación agrícola en el país, sólo un promedio de 2 millones son cultivadas (800 mil en tierras altas y 1.2 millones en tierras bajas).al mismo tiempo cuestiona que estos mismos sectores hayan canalizado cuantiosos créditos para la actividad agropecuaria, que no han sido destinados a este rubro. Según fuentes oficiales, el Estado se ha subrogado 60 millones de dólares del sector agropecuario, provocando la quiebra del Banco Agrícola y la hiperinflación de la década de los 80s. Actualmente la deuda de este sector con la banca privada asciende a 500 millones de dólares

Casi a un año del cumplimiento del plazo para ejecutar el saneamiento de tierras, mediante la ley INRA con una inversión de 87 millones de dólares, los resultados alcanzados son frustrantes indica Anacleto supayabe dirigente indígena.La superficie objeto de saneamiento agrario son 107 millones de hectáreas, sólo se ha efectuado el procedimiento en 18.3 millones equivalentes al 17%, y están en proceso 31.6 millones de hectáreas o sea el 29.4% y restan 57.2 millones, es decir, el 53.3%, indica el CEJIS, asimismo señala que en relación a las Tierras Comunitarias de Origen se han presentado 56 demandas en tierras bajas por una superficie de 22.1 millones, titulándose 5.4 millones de hectáreas, representando un 19% del total. Sin embargo, no sólo está en cuestión el bajo porcentaje de titulación, sino también, la irregular sobreposición de más de 800 mil hectáreas de concesiones a favor de empresas madereras. En tierras altas, totalizan 171 demandas por 12 millones de hectáreas, de este total se han titulado 434 mil hectáreas, es decir, el 2.8 %, puntualiza esta institución.

Finalmente Romero dijo que los magros resultados del saneamiento, demuestran que el proceso adolece de las irregularidades que hicieron fracasar la Reforma Agraria del 53: Control político y corporativo de las instancias ejecutoras del proceso agrario por sectores del agro- poder, corrupción, implementación de medidas de contra-reforma agraria, falta de transparencia y restricciones al control social, violencia aplicada por sectores interesados en hacer abortar el proceso.

Hay reconducir el proceso agrario y entre las medidas urgentes a tomar están: la anulación de las medidas de contrarreforma agraria porque atentan a la esencia de la política de tierras sustentada en el cumplimiento de la función económica social para consolidar los derechos agrarios; dar continuidad al proceso de saneamiento de tierras con adecuados mecanismos de transparentación y control social; reinstitucionalizar las entidades públicas ejecutoras con la finalidad de lograr su despolitización e independencia del control corporativo del agro-poder;revertir latifundios ociosos e improductivos para su consiguiente redistribución; dotación de tierras fiscales a favor de los sectores excluidos enfatizó Romero.