Los gobiernos progresistas de Latinoamérica mantienen una retórica antiimperialista, nacionalista y populista de consumo interno, al tiempo que fomentan la expansión del capital extractivo extranjero en iniciativas conjuntas con el Estado y una creciente burguesía nacional nueva. Los gobiernos progresistas articulan una narración de socialismo y democracia participativa, pero en la práctica desarrollan políticas que vinculan el desarrollo a la concentración y centralización del capital.

El Protocolo de Consulta elaborado por el gobierno mediante las disposiciones propuestas en la Ley 222 pretende organizar las actividades que tendrán que desarrollarse para realizar la Consulta a las comunidades indígenas del TIPNIS sobre el tramo carretero Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, que en el diseño previsto atraviesa el TIPNIS por el centro.Lo que está en juego no es solo una carretera que va a permitir el avance de la frontera agrícola de la producción de hoja de coca, sino también un modelo de explotación hidrocarburífera.

A principios de junio de 2010, el Presidente Evo Morales dijo que “la consulta (pública) ahuyenta las inversiones y perjudica la ejecución de obras por lo que no se podrá aplicar”, mientras que el senador del MAS y ex ejecutivo de la CSUTCB Isaac Ávalos afirmaba “que la consulta directa a los pueblos está establecida en la CPE, pero que debe ser regulada”. Hoy el gobierno defiende a capa y espada la consulta pública para la construcción de la carretera, como “expresión de derecho democrático, constitucional y colectivo que tienen los pueblos indígenas”. ¿Por qué este cambio?

Estamos pagando las consecuencias de un mal diseño constitucional. No se puede vaciar en un molde monista: la “forma Estado”, a dos civilizaciones antagónicas como son la occidental y la oriental amerindia. La forma adecuada es la “forma ayllu”, es decir, la Diarquía: a cada civilización, su propio tiempo-espacio.

El fracaso y las contradicciones de la estrategia empresarial de "argentinización" de YPF, que hacen que Repsol no sea capaz de asumir financieramente la puesta en explotación de las reservas de hidrocarburos de la zona de Vaca Muerta, plantean en toda su crudeza las exigencias del autoabastecimiento energético sostenible de Argentina. En un ambiente determinado por la creciente competencia en el mercado global de gas y petróleo, por los límites empresariales de Repsol y por la política de nacionalización parcial emprendida por el gobierno argentino de Cristina Fernández, el gobierno español de Mariano Rajoy amaga con un rumbo diplomático de choque.

La “revolución agraria” del gobierno MAS se asemeja más a una simple política de distribución de tierras fiscales y no a un proceso de redistribución de tierras con base en la afectación de los terratenientes o medianas y grandes empresas agropecuarias. Las políticas agrarias y de tierras del Presidente Evo Morales consolidaron el latifundio capitalista y el patrón de desarrollo agrario que estructuró el neoliberalismo, y dejaron en manos del agronegocio el destino de la agropecuaria boliviana.