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Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP): La propuesta boliviana para un comercio con justicia

Redacción Bolpress

Publicado el: junio 7, 2006 33 min.

El 29 de abril de 2006, los gobiernos de Bolivia, Venezuela y Cuba comenzaron a construir en La Habana la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), el nuevo mecanismo de la integración latinoamericana, cuyo programa comercial se denomina Tratado de Comercio entre los Pueblos (TCP).

El eje La Paz-Caracas-La Habana nace en un momento de crisis general del sistema, como la alternativa continental al unilateralismo hegemónico de Estados Unidos, y postulando modelos de integración y comercio que son la antítesis de la difunta Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y sus vástagos, los tratados de libre comercio (TLCs).

Los TLCs son algo así como las reglas del juego del sistema capitalista en su fase superior, el imperialismo, que contaminan de neoliberalismo, inclusive, a las Constituciones políticas de los Estados nacionales. La particularidad de los TLCs es que amplían ilimitadamente los derechos del capital, a la vez que despojan a los Estados de sus más elementales derechos y funciones.

El bloque TCP-ALBA se propone combatir esta radicalización del capitalismo retomando los viejos principios del capitalismo de Estado.

Razones del cambio de rumbo

El fracaso del modelo de desarrollo neoliberal y el despropósito de hacer competir a los países más débiles en un mercado internacional dominado por empresas transnacionales (lo que hace del libre comercio una entelequia) constituyen las razones principales que incitan al gobierno de Evo Morales a modificar el rumbo económico y a replantear los objetivos de la integración.

En vista del fracaso del mercado autárquico como distribuidor de la riqueza, la administración Morales devuelve protagonismo económico al Estado y ensaya una nueva forma de relacionamiento con el exterior, con Venezuela y Cuba.

El gobierno boliviano parte de la constatación de que el modelo de desarrollo que se aplica desde hace 20 años en casi todos los países de América no resolvió las necesidades más urgentes de las sociedades y, al contrario, provocó dos severas crisis financieras internacionales y decenas de incendios sociales que desestabilizaron la democracia.

Los gobiernos neoliberales en Bolivia ejecutaron fielmente las instrucciones del Consenso de Washington -el recetario del capitalismo que se impuso como un credo en todo el mundo a partir de la década de los 80- con la esperanza de que el mercado y el libre comercio conducirían al desarrollo. Privatizaron, derribaron aranceles, "descuartizaron" al Estado y concedieron garantías extraordinarias a la gran propiedad privada capitalista (los inversionistas). Y obtuvieron como resultado un pobre crecimiento del PIB y el florecimiento de enclaves económicos modernos rodeados de un mar de informalidad. [1]

La administración Morales pone en duda la efectividad de la "liberalización comercial y financiera" como camino seguro e infalible al desarrollo. En la actualidad existe más libre comercio que en toda la historia de la humanidad [2], pero los indicadores de pobreza y desigualdad social y económica no han mejorado sustancialmente.[3] Los acuerdos comerciales pueden ayudar a los exportadores preparados para competir en mercados extranjeros, pero nada garantiza que beneficien también a pequeños productores, microempresarios, cooperativas locales y empresas comunitarias que abastecen el mercado interno.

El economista Paul Samuelson (The gains from international trade once again, 1962) demostró formalmente que el libre comercio puede hacer más eficiente la asignación de recursos y maximizar el crecimiento económico y el bienestar de un conjunto de naciones, pero no necesariamente de todos los países participantes. En muchos casos, el libre comercio puede empeorar la economía y los grados de bienestar. La crisis mexicana fue la primera alerta del fracaso de la liberalización dictada por el Consenso de Washington y la crisis asiática de 1997 confirmó que la liberalización de los flujos de capital es ciertamente nociva. [4]

No hay tal libre comercio

La administración Morales Ayma pone en entredicho la existencia de un verdadero libre comercio en el mundo. Los países desarrollados del Norte pregonan y fomentan el librecambio en las naciones más pobres, pero continúan ejerciendo un control férreo e irrestricto de sus mercados internos y conservando amplios márgenes de intervención estatal.

Se constata que las grandes potencias tienen doble moral: por un lado exigen a los países en desarrollo renunciar al uso de las políticas públicas para impulsar sus aparatos productivos, y por otro aplican subsidios a favor de los suyos. [5] Además de los subsidios, los países ricos ponen obstáculos técnicos (barreras no arancelarias) a las exportaciones agrícolas de los más pobres.

La administración Morales argumenta que ningún país del planeta aplica el libre comercio ni lo aplicó en el pasado como un mecanismo para desarrollarse. Los actuales abanderados del libre comercio fueron en algunas etapas de su desarrollo económico los adalides de políticas proteccionistas. [6] Los ricos hicieron exactamente lo contrario de lo que ahora recomiendan a los países en desarrollo. Todos utilizaron protección arancelaria y subsidios para desarrollar sus industrias y cuando lo lograron, impusieron libre comercio a los más débiles. [7]. Como decía Friedrich List, un economista alemán de mediados del siglo XIX, los países más desarrollados "derriban la escalera" con la que han subido a lo alto al exigir a los países más pobres que liberen sus economías

El gobierno de Morales concluye que el neoliberalismo no solo trunca la integración económica regional sino que comienza a desarticular a los antiguos los pactos políticos como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) o el Mercado Común del Sur (Mercosur). El neoliberalismo todavía dominante recortó las aspiraciones políticas y acentuó los objetivos comerciales de estas alianzas. Si antes se buscaba la vinculación entre los países de la región para alcanzar la liberación y la autonomía de los pueblos, ahora el objetivo es competir entre sí por mercados e inversiones a fin de aumentar las exportaciones.

Según Pablo Solón, asesor principal del Presidente Evo Morales en asuntos de integración y comercio, los acuerdos regionales se contaminaron de neoliberalismo y terminaron beneficiando a los países de mayor grado de industrialización y desarrollo. Por eso, Morales, Chávez y Castro no se limitan a pactar la apertura de mercados reduciendo aranceles y eliminando trabas a la inversión, sino que replantean los términos de la integración incorporando objetivos de cooperación, complementación y solidaridad para agarrar fuerza y enfrentar con éxito al unilateralismo hegemónico.

¿Qué es el TCP y que pretende?

El TCP no es una sigla más que compite con el TLC norteamericano sino un replanteo de la forma de relacionamiento con el exterior. El TCP incorpora objetivos ausentes en los actuales programas de integración económica propuestos por los países del Norte, como son reducir efectivamente la pobreza y preservar a las comunidades indígenas de la homogeneización cultural que promueve el mercado, explica el gobierno boliviano.

El Consenso de Washington entendió que la liberalización comercial es un fin y no un medio, y en la confusión soslayó los verdaderos objetivos del intercambio, es decir el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. Para el TCP, el comercio y la inversión son factores entre muchos otros que contribuyen al crecimiento económico, pero nunca hay que olvidar que son medios y no fines del desarrollo.

El TCP subordina el comercio al desarrollo y bienestar humanos, y recalca que la política económica no puede reducirse al incremento del PIB o la liberalización comercial. De ahí que la prioridad del TCP es la mejora de los niveles de vida (ingresos, educación, salud, agua, cultura) y un desarrollo sostenible, equitativo, igualitario y democrático, con la participación consciente de los ciudadanos en la toma de decisiones colectivas.

Para el TCP, la competencia, la acumulación y el consumo no deben ser los únicos valores que rijan las relaciones internacionales, sino más bien la complementación, la cooperación, la solidaridad y el respeto a la soberanía de los países.

Morales y Chávez regresan al capitalismo de Estado y ensayan una ambiciosa propuesta de complementariedad comercial con la Cuba socialista. Buscan equilibrio con la naturaleza, equilibrio entre los ciudadanos y hacer de la cooperación una práctica habitual entre los pueblos.

El TCP reivindica la justicia, que es éticamente superior a la razón práctica del lucro, y aspira a un modelo comercial sustentable que haga frente al mercantilismo secante que acumula y sobreexplota de forma insostenible. El TCP rescata el concepto indígena de reciprocidad para reemplazar la categoría capitalista de competencia.

a) La visión indígena del desarrollo económico en el TCP

Los tratados comerciales diseñados en el Norte facilitan el desarrollo y la expansión del sistema capitalista a escala global a partir de dos principios: la explotación ilimitada de los recursos naturales y humanos en la búsqueda constante del beneficio, y la acumulación individual de riqueza, una visión que -según el TCP de Morales- inevitablemente destruye el medioambiente.

Los TLCs inducen a la fragmentación y posterior desaparición de las comunidades indígenas no sólo porque contribuyen a la destrucción de su hábitat sino también porque les empujan a una competencia descarnada y en igualdad de condiciones con las grandes corporaciones del norte. La contaminación y depredación con el solo fin de obtener beneficios pone en riesgo la vida de los grupos humanos que conviven más estrechamente con la naturaleza, es decir las comunidades indígenas.

El TCP pone en duda la sostenibilidad de la teoría del "crecimiento económico" y la cultura del derroche occidentales que miden el desarrollo económico de una nación según la capacidad de consumo de sus habitantes. Por ello plantea otra lógica de relacionamiento entre los seres humanos, es decir un modelo de convivencia distinto que no se asiente en la competencia y el afán de acumulación que aprovecha/explota al máximo la mano de obra y los recursos naturales.

Rescatando las premisas de la cultura indígena, el TCP postula la complementariedad frente a la competencia; la convivencia con la naturaleza en contraposición con la explotación irracional de recursos; la defensa de la propiedad social frente a la privatización extrema; el fomento de la diversidad cultural frente a la monocultura y la uniformización del mercado.

b) El Estado y las inversiones en el TCP

El TCP se propone recuperar la soberanía del Estado con un modelo comercial que limita y regula fuertemente los derechos de los inversionistas extranjeros. En la propuesta boliviana, el inversionista y su capital no son el centro articulador, ni mucho menos los protagonistas de la integración latinoamericana.

Si los TLCs de Estados Unidos subordinan los derechos del Estado y hasta las Constituciones políticas al librecambio y a la necesidad de atraer inversión extranjera, el TCP respeta el derecho soberano de los Estados más débiles a proteger sus sectores productivos.

El TCP impone fuertes reglas ambientales y sociales a las inversiones para adecuarlas a las necesidades del desarrollo productivo y preservación ambiental. El TCP reivindica el derecho de expropiación por motivos de bien público y desconoce los tribunales arbitrales extranjeros para la resolución de disputas con inversores, porque éstos están por encima de las cortes nacionales y constituyen una especie de justicia privada que no delibera de manera publica y transparente. En el marco del TCP, las controversias inversionista-Estado se resuelve en tribunales nacionales, respetando la soberanía de los países y garantizando la transparencia y participación de todas las partes involucradas.

El TCP emplea herramientas de desarrollo industrial vetadas por los TLCs, como por ejemplo exigir a los inversionistas un cierto nivel de uso de materias primas nacionales o la transferencia de tecnología, que han sido vitales para las estrategias de crecimiento de exportación de los tigres asiáticos.

A diferencia del TLC, el TCP de Morales permite el uso de mecanismos que fomenten la industrialización y no restringe el margen de maniobra del Estado para proteger el mercado interno. El programa comercial boliviano valida las subvenciones, los créditos baratos y altos aranceles para las importaciones. En el esquema comercial boliviano, aceptado por Cuba y Venezuela, las empresas extranjeras que brindan servicios en el país no reciben el mismo trato que un pequeño prestador de servicios.

En el TCP no se contemplan factores ajenos al intercambio de bienes propiamente dicho, como por ejemplo reglas y normas de propiedad intelectual, compras estatales, acceso a servicios esenciales (agua, electricidad y atención médica) o la ampliación de derechos para la inversión extranjera.

Las reglas del TCP

Como respuesta a la competitiva globalización neoliberal que fomenta la destrucción del adversario, el bloque ALBA-TCP elabora y discute propuestas de integración más abarcadoras y equitativas que trascienden el ámbito comercial y que por principio promueven la solidaridad, la complementación cultural y la colaboración entre los Estados.

Los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las iniciativas de Estados Unidos como el ALCA o la infinidad de TLCs plantean un modelo de integración internacional circunscrito al intercambio comercial entre los países. Dado su enfoque estrictamente mercantil, estas herramientas de la globalización neoliberal privilegian antes que todo la libre circulación de bienes y servicios sin reparar demasiado en las asimetrías de los actores económicos que intervienen en un por demás desequilibrado juego de libre competencia.

En la línea de las dos propuestas de integración más avanzadas como son la Alianza Social Continental (ASC) y el ALBA, el gobierno de Bolivia plantea una verdadera integración comunitaria que trascienda los campos comercial y económico, y que tenga en cuenta las diferencias nacionales respecto a población, superficie, producción, acceso a infraestructura y recursos e historia.

a) La alimentación es innegociable

El TCP entiende que la agricultura es la base del relacionamiento humano con la naturaleza, el fundamento de la seguridad y autosuficiencia alimentarias y un modo de vida para millones de personas que no puede ser tratado como una actividad económica cualquiera sometida a las reglas de mercado.

El TCP reconoce el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias; a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional para evitar que el mercado doméstico sea inundado por excedentes de otros países (a través del control de la oferta y la regulación de las importaciones); y a privilegiar el bien colectivo por sobre los derechos del agro negocio.

El TCP reconoce el derecho del Estado a conceder los máximos beneficios a productores nacionales como subsidios económicos y técnicos, a priorizar los mercados locales y a prohibir el uso de patentes.

b) Servicios esenciales para todos

Para el TCP, la provisión de los servicios públicos esenciales como la salud, educación, seguridad social y saneamiento básico, entre otros, depende de las necesidades sociales del individuo y no de su capacidad de pago.

Estos servicios vitales dependen de empresas públicas como proveedoras exclusivas, reguladas por los Estados. La negociación de cualquier acuerdo de integración debe tener presente que la mayoría de los servicios básicos son bienes públicos sin posibilidad de que sean entregados al mercado.

c) Al rescate del mercado interno y del productor nacional

El TCP valora el papel de los mercados nacionales en la generación de excedentes y descarta que el mercado externo sea el único motor del crecimiento y la prosperidad.

El TCP defiende el derecho de las economías más pequeñas a mantener barreras comerciales en sectores estratégicos, llámense aranceles aduaneros, cuotas, licencias y otras medidas no arancelarias que son instrumentos de protección de la industria nacional y el mercado interno.

En la retórica neoliberal, lo más importante es el ahorro estatal a través de la libre competencia de los ofertantes de servicios y bienes, que necesariamente bajan el costo de las compras y contratos estatales. Sin embargo, este argumento no compensa de ninguna manera el impacto que tiene sobre la producción nacional la liberalización de las compras estatales ni tampoco toma en cuenta los efectos multiplicadores de la inyección de recursos en la economía interna.

Perseguir la eficiencia en el gasto fiscal para ahorrar unos cuantos millones no justifica la privación de aplicar un mecanismo de fomento de la economía nacional ampliamente explotado por los países industrializados.

De esta forma, el TCP prioriza a las empresas nacionales (micro, pequeña y mediana empresa, particularmente las empresas sociales y comunitarias) con tratos preferenciales y otorgándoles el privilegio de ser proveedoras exclusivas de los entes públicos. [8]

Según el TCP, la libre competencia no es un principio absoluto e inamovible. Al contrario, se postula la máxima regulación en un mercado caracterizado por las fusiones empresariales y el comercio desleal.

El TCP rechaza el principio de trato igualitario entre naciones cuyas economías son abismalmente diferentes y reconoce el derecho de los Estados a conformar monopolios estatales de interés público en sectores estratégicos.

d) El bien común prima sobre el derecho propietario individual

El TCP valora el bien común por encima de cualquier derecho propietario privado; exige a los inversionistas respetar los derechos de propiedad intelectual ancestrales de los pueblos indígenas y campesinos, y niega enfáticamente el patentamiento de materiales biológicos y genéticos.

El TCP parte de la premisa de que los acuerdos de propiedad intelectual no pueden obstaculizar la difusión del progreso científico y tecnológico. Por ello se exige al inversor extranjero la transferencia de conocimiento y tecnología, y se reconoce el derecho de los gobiernos a otorgar licencias a empresas nacionales para que fabriquen versiones genéricas de medicamentos.

En contrapunto a la privatización extrema, este proyecto reconoce y defiende la propiedad social de ciertos recursos naturales y medios de producción de necesidad pública como el agua y la industria energética.

En resumen, el bloque político promotor del ALBA-TCP se propone modificar sustancialmente las relaciones económicas internacionales y también las condiciones de la asistencia bilateral o multilateral. "Debe permitírsenos usar más activamente aranceles y subsidios para el desarrollo industrial, normas de patentes menos rígidas y sobre todo nuevos modelos institucionales adaptados a necesidades internas", indica el TCP.

Las potencias diseñan tratados comerciales como instrumentos de consolidación hegemónica más que como procesos de integración. En respuesta, en el Sur se lanzan programas de unificación no sólo económica que respeten las diferencias y que se apoyen en las "ventajas cooperativas" más que en las "ventajas comparativas" del liberalismo comercial.

El objetivo del bloque Bolivia-Venezuela-Cuba es reducir las asimetrías de los países participantes con distinto nivel de desarrollo creando mecanismos de compensación, y comprometiendo a todos los actores económicos (cooperativas y empresas privadas de todos los tamaños) a dar solución a problemas esenciales para la gente, como son la alimentación, vivienda, preservación del medio ambiente y los anhelos de industrialización.

La integración del ALBA-TCP busca complementariedad productiva de los países según sus potencialidades, que cada país produzca aquello en lo cual tiene las mejores condiciones y que reciba lo que necesita, independientemente de los precios del mercado mundial. Este plan escapa a la lógica del mercado y rescata el concepto de reciprocidad de la comunidad indígena.

El mecanismo ALBA-TCP está en marcha

El "imperialismo neoliberal", la fase superior del capitalismo, "ha llegado a la fase de la locura". En este siglo los pueblos unidos de Latinoamérica tenemos que echar abajo al imperialismo para salvar al mundo. "El socialismo es el camino a la redención de los pueblos, a la verdadera liberación, a la igualdad y a la justicia". Con esas palabras, el Presidente de Venezuela Hugo Chávez oficializó el 26 de mayo el acuerdo de integración latinoamericana más radical del Continente, junto a los gobiernos de Evo Morales y Fidel Castro.

En el Chapare cochabambino, la capital de la coca, Chávez, Morales y el vicepresidente de Cuba Carlos Lage dieron sustancia al ALBA y al Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) rubricando decenas de acuerdos comerciales, sociales y políticos, que abarcan desde la minería hasta la industrialización de los hidrocarburos, todos ellos controlados totalmente por empresas públicas binacionales, mixtas o cooperativas de propiedad de los Estados participantes.

En el área energética, Venezuela ofrece a Bolivia cuatro proyectos valuados aproximadamente en 1.500 millones de dólares: una planta petroquímica, una de GTL y otras dos plantas (de 100 y 70 millones de dólares) para la separación de líquidos y destinadas a aumentar la producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP). La estatal petrolera venezolana PDVSA invertirá 800 millones de dólares en exploración y explotación de hidrocarburos. Los acuerdos que se firmarán con PDVSA implican la formación de sociedades mixtas con YPFB, en las que Yacimientos detentará el 51 por ciento y estatal venezolana el 49 por ciento.

En minería, Bolivia y Venezuela crean la compañía estatal mixta Minera del Sur (Minsur), que permite a la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) participar en toda la cadena productiva de la industria minera.

En el área agrícola, Venezuela ofrece una inversión de más de 23 millones en diversos proyectos en Oruro, Potosí, Beni, Pando y La Paz, entre ellos la instalación de una planta en el Chapare para industrializar hoja de coca y otras industrias de la quinua (1,5 millones para siete proyectos), textiles (600 mil dólares), lácteos (una planta de medio millón de dólares en Pucarani), madera (20 proyectos con una inversión de 950 mil dólares), turismo (450 mil dólares), miel (10 plantas con inversión de 1,2 millones de dólares); y cuero (150 mil dólares para cinco talleres).

El gobierno boliviano planea crear una organización de pequeños y medianos productores de soya ayudándoles a construir una planta en Santa Cruz valuada en 14 millones de dólares. Se calcula que en los rubros agrícola y textil se podrían crear más de 230 mil empleos, 450 de los cuales serían en la rama de industrialización de coca.

El plan estratégico de complementación productiva, con racionalidad y ahorro de recursos, incluye además la apertura de subsidiarias de bancos de propiedad estatal y convenios de crédito recíproco; la exención de impuestos sobre utilidades a toda inversión estatal, mixta e incluso privada, facilidades para las líneas aéreas, y sobre todo una estrategia social sin fines de lucro.

Se intercambian -no comercian- conocimientos científico-técnicos, deportivos, comunicacionales, experiencias en materia de ahorro de energía, y planes culturales conjuntos. En el programa de salud, en el que cooperan 700 profesionales cubanos, se incluye la donación de 20 hospitales equipados con tecnología de punta, muchos de los cuales serán instalados hasta fines de julio; y seis centros oftalmológicos, de los cuales ya funcionan cinco. Hasta el momento fueron operados 11.125 ciudadanos y se programa atender hasta 100 mil bolivianos. Al mismo tiempo, está en marcha un programa de alfabetización y un paquete de 6.000 becas para estudiar medicina en Cuba hasta el primer trimestre de 2007.

Los gobiernos de Venezuela y Cuba reconocen las especiales necesidades de Bolivia, un país saqueado durante siglos, y por ello conceden privilegios a la nación más chica. Venezuela abre sus compras estatales a proveedores bolivianos mientras que Bolivia no lo hace; Venezuela baja sus aranceles a cero, pero el país no. Venezuela pone a disposición su infraestructura y equipos de transporte aéreo y marítimo, y garantiza la compra/trueque de los productos de la cadena oleaginosa y otros bienes agrícolas e industriales perjudicados por la firma de TLCs. Se trata de un verdadero trato especial y diferenciado para la economía más pequeña del bloque.

El programa ALBA-TCP es todavía un embrión de la integración alternativa y falta mucho para que su incipiente coordinación productiva evolucione hasta la definición de políticas comunes.

Sin embargo, el logro inmediato del acuerdo es que ha devuelto al "consumidor" del neoliberalismo la categoría de ciudadano político que toma decisiones en función del bien común y no de la lógica costo/beneficio individual.

Notas

[1] Se dio por hecho que a mayor liberalización comercial y a mayor peso de las exportaciones en el PIB corresponde un mayor crecimiento económico, más inversión, mayor generación de empleos mejor remunerados y, por ende, la elevación de niveles de bienestar social y reducción de la pobreza. Según el credo, la liberalización comercial asegura la mejor asignación de recursos de acuerdo a las "ventajas comparativas" de cada país (generando ingresos de exportación necesarios para importar otros bienes y servicios); en tanto que la liberalización financiera atrae al capital extranjero hacia el país escaso de capital, permitiéndole invertir más de lo que ahorra. La inversión extranjera directa (IED) -añade el dogma- acelera el crecimiento no solo por la acumulación de capital sino también por la creación de lazos de oferta y demanda de productos en el mercado interno ("eslabonamientos virtuosos") y la transferencia de tecnología.

Sin embargo, los países latinoamericanos que adoptaron este esquema de desarrollo consiguieron crecer a una tasa media de 2,6% anual en el período 1990-2003, inferior al crecimiento del PIB en el período de industrialización dirigido por el Estado entre 1960-1980 (5,5% anual). La distribución del ingreso y los índices de pobreza mejoraron considerablemente en el capitalismo de Estado de los años setenta, antes de la imposición del "consenso", pero empeoraron significativamente entre 1980 y 1990.

Se prometió a Bolivia que la integración rápida a la economía mundial a través de las exportaciones y el influjo del capital extranjero resolverían los problemas sociales, pero en la década de los 90 Bolivia fue uno de los cuatro países del continente donde la desigualdad aumentó de forma más marcada y donde el índice de Gini (un indicador que muestra las desigualdades sociales en cuanto a la concentración de la riqueza) registró un cambio promedio de más de un punto anual. Bolivia fue el mejor alumno de Washington y sigue siendo el país más pobre de Sudamérica. Más del 60% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. En 2003, el PIB registraba 900 dólares per cápita, un índice menor al de 1980. (Más allá del Consenso de Washington, José Antonio Ocampo; secretario general adjunto de asuntos económicos y sociales de la ONU). Otros estudios indican que el crecimiento del PIB per cápita durante el decenio 1981-1990 fue de 0.9% anual y de apenas 1.1% anual en el periodo 1991-2004. El crecimiento per cápita de Bolivia entre 1989 y 2000 fue del 1,67%.

El premio Nóbel de Economía 2001 Joseph Stiglitz observa que los países del este de Asia lograron una tasa media de crecimiento de su PIB per cápita de 6.1% anual en el decenio 1981-1990 y de 5.8% anual durante el periodo 1991-2004 porque rechazaron los dogmas básicos del Consenso de Washington que postulan un mínimo papel del gobierno y una rápida privatización y liberalización. Los países del Asia determinaron su propio ritmo de inserción a la economía global.

[2] Las exportaciones e importaciones en relación al PIB en los países ricos aumentó de 27% en 1987 a 39% en 1997. En los países en desarrollo subió del 10% al 17%. Las empresas invierten cada vez más en otros países: en 1998, firmas estadounidenses invirtieron en el exterior 133 mil millones de dólares y empresas extranjeras invirtieron 93 mil millones en Estados Unidos. Las corrientes de Inversión extranjera Directa (IED) se triplicaron en todo el mundo entre 1988 y 1998, pasando de 192 mil millones de dólares a 610 mil millones. (World Development Indicators 2000, Banco Mundial).

[3] En un informe de 2005, el FMI informa que las 29 economías más avanzadas del mundo producen el 54,6% de la riqueza global y generan el 71,8% de las exportaciones de bienes y servicios. En el otro lado, las 146 naciones subdesarrolladas (las cuatro quintas partes de la población mundial) generan sólo 45,4% del producto interno bruto mundial y sólo el 28,2% de las exportaciones globales.

[4] Se calcula que al menos 1,3 millones de campesinos mexicanos perdieron sus trabajos agrícolas a consecuencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), destruyéndose comunidades enteras que tuvieron que emigrar y abandonar sus prácticas tradicionales. ("NAFTA's Promise and Reality: Lessons from Mexico for the Hemisphere,"; John Audley, Sandra Polaski, Demetrios G. Papademetriou, and Scott Vaughan; Carnegie Endowment for International Peace Report, Nov. 19, 2003).

América Latina se ha convertido en el continente con mayor desigualdad del planeta después de aplicar fielmente el librecambismo del Consenso de Washington. El PIB per cápita del 20% más rico es 18,7 veces el PIB per cápita del 20% más pobre, cuando en la OCDE la proporción es de 6,8 y la media mundial es de 7,1.

Según proyecciones del Banco Mundial presentadas en la cumbre ministerial de la OMC en Hong Kong, la liberalización comercial podría generar alrededor de 287 mil millones de dólares (un tercio del nivel calculado dos años atrás) de ganancias. En un escenario de liberalización total, los países en desarrollo recibirían 90 mil millones de dólares de ese total. En un escenario de liberalización parcial, que es más realista, las ganancias globales ascenderían a 96 mil millones de dólares, de los cuales solo 16 mil millones irían a los países en desarrollo, es decir el 0,16% de PIB mundial, o un centavo diario per cápita. Sólo ocho países en desarrollo tendrían potencial para ganar con el libre comercio: Brasil, Argentina, China, India, Tailandia, Vietnam, México y Turquía.

Otro estudio de la ONG Carnegie estima que la liberalización comercial estimulará modestas ganancias, y por una sola vez, de entre 40 mil y 60 mil millones de dólares, lo que significa menos del 0,2% del PIB mundial. Los países pobres serían los perdedores netos en todos los escenarios probables de la Ronda de Doha. El gran ganador sería China (entre 0,8 y 1,2% del PIB) en diferentes escenarios.

Muchas de las propuestas en agricultura, servicios, propiedad intelectual y comercio de bienes no agrícolas requieren reformas legales que implican un costo. El Banco Mundial calcula que el costo de poner en práctica los tratados de la OMC ascienden a 130 mil millones de dólares anuales en los países en desarrollo. Por otro lado, la remoción de aranceles implica una pérdida de 60 mil millones de dólares para los países en desarrollo, computa la UNCTAD.

[5] Las subvenciones de los miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ascienden a 350 mil millones de dólares anuales. Sólo en el caso del algodón, el proteccionismo implica no menos de 100 mil millones de dólares al año, el doble de lo que reciben los países del Sur como Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD). Brasil demandó a Estados Unidos en la OMC por los 3.900 millones de dólares anuales de subsidios que paga a sus productores de algodón. Washington aumentó entre 8% y 30 % los aranceles que gravan las importaciones de acero para dar un empujón a su industria en crisis.

[6] Gran Bretaña y EE.UU., los dos países que supuestamente han alcanzado la cumbre de la economía mundial a través del libre mercado y el libre comercio, son los que más agresivamente usaron el proteccionismo y los subsidios. Gran Bretaña fue pionera en promover sus industrias, especialmente la relacionada con la manufactura de lana. Entre la reforma de política comercial del primer ministro Robert Walpole, en 1721, y la adopción del libre comercio, alrededor de 1860, Gran Bretaña usó políticas industriales y de comercio "dirigidas", incluyendo medidas muy similares a las que países como Japón o Corea usaron recientemente para proteger sus economías.

Estados Unidos, supuesto campeón contemporáneo del libre comercio, fue mucho más proteccionista que los británicos hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. En 1880, Estados Unidos contaba con el arancel medio más alto del mundo y no reconocía los derechos de propiedad intelectual extranjeros, todo lo contrario a lo que hoy recetan la OMC y el FMI a los países pobres. Adam Smith recomendaba a los americanos dejar de proteger a sus industrias, pero el presidente Ulysses Grant (1868- 1876) razonaba: "Dentro de 200 años, cuando América haya obtenido del proteccionismo todo lo que pueda ofrecer, también adoptará el libre comercio".

Según un reconocido estudio de Paul Bairoch, entre la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue la economía más fuertemente protegida del mundo. La Guerra Civil Estadounidense fue en mucho la lucha sobre los aranceles más que sobre la esclavitud. Abraham Lincoln fue un conocido proteccionista que se crió políticamente en el Partido Whig, bajo el carismático Henry Clay que abogaba por el "Sistema Americano", así nombrado por el reconocimiento de que el libre comercio respondía los intereses "británicos". EE.UU. fue el hogar intelectual del proteccionismo hasta el siglo XIX. El economista Daniel Raymond fue el primero en desarrollar sistemáticamente el argumento sobre la "industria infanta" (infant industry) con el cual se justificaba la protección de las industrias manufactureras en las economías menos desarrolladas.

De acuerdo a un estudio de Joseph Nye, el promedio de arancel de Francia fue significativamente más bajo que el británico durante la primera mitad del siglo XIX. Alemania, el otro país frecuentemente asociado con el intervensionismo estatal, tenía un arancel mucho más bajo que el británico de este periodo, aunque los Estados Alemanes tendían a usar otros medios de intervención económica más activamente. Incluso países como Suecia, que posteriormente vino a representar para muchos economistas una "economía un poco abierta", también usó estratégicamente aranceles, subsidios, carteles, apoyo estatal para la investigación y el desarrollo para el avance de sus industrias, especialmente los textiles, el acero y las ingenierías. Hay algunas excepciones como Holanda o Suiza que han mantenido el libre comercio desde finales del siglo XVII. Sin embargo, Holanda desplegó un impresionante rango de medidas intervensionistas hasta el siglo XVII con el fin de construir su supremacía marítima y comercial y abolió su Ley de Patentes en 1869 con el argumento de que las patentes creaban monopolios incongruentes con sus principios de libre comercio. Este país no reintrodujo una Ley de Patentes sino hasta 1912. Suiza no tuvo una ley de patentes hasta 1907, contradiciendo de esta manera el énfasis que la actual ortodoxia pone en la protección de los derechos de propiedad intelectual. (Kicking Away the Ladder- Development Strategy in Historical Perspective, Ha-Joon Chang ; Anthem Press, Londres 2002).

[7] La ortodoxia neoliberal en boga impone a los países menos desarrollados el cumplimiento de algunos pre requisitos para alcanzar el desarrollo -requisitos que no necesariamente cumplieron los actuales países industrializados en su carrera hacia el desarrollo-, como son la consolidación de una "institucionalidad" democrática liberal basada en el mercado, los derechos de propiedad intelectual, las instituciones de gobernabilidad corporativa y las instituciones financieras, entre otras "instituciones".

Hasta los años 1920 el sufragio universal de las mujeres fue una rareza en Estado Unidos, mientras que el voto fue concedido a todas las minorías étnicas recién en 1965. El voto secreto fue introducido en Francia y Alemania a principios del siglo XX. Esto quiere decir que las potencias no se desarrollaron en democracia.

A fines del siglo XIX muchos países permitieron el patentamiento de invenciones importadas. EE.UU. no reconocía el derecho de autor de ciudadanos extranjeros hasta 1891 y a lo largo del siglo XIX hubo una amplia violación de las leyes británicas de derechos de marcas por parte de las empresas alemanas productoras de falsos bienes "Made in England".

En el Reino Unido y EE.UU. muchas de las instituciones claves consideradas de un "sistema moderno de gobernabilidad corporativa" emergieron después y no antes de su desarrollo industrial. Hasta 1870, en la mayoría de los países, solo algunas empresas tenían responsabilidades limitadas. Hasta los 1930 no hubo realmente regulación sobre la contabilidad de las empresas. Las leyes de Competencia no existieron en ningún país hasta que se dictó la Ley Clayton en Estados Unidos de 1914.

En la mayoría de los países desarrollados no hubo sistemas financieros modernos con amplia y buena supervisión bancaria, un banco central y un mercado bien regulado hasta mediados del siglo XX. Países como Suecia, Alemania, Italia, Suiza y Estados Unidos carecieron de banco central hasta principios del siglo XX. A mediados del siglo pasado, la capacidad fiscal del Estado era totalmente inadecuada en la mayoría de los actuales países desarrollados; la mayoría carecía de impuestos sobre el ingreso y las finanzas gubernamentales eran un desorden. Instituciones típicas tomaron décadas y en algunos casos generaciones para desarrollarse.

A las potencias actuales les tomó mucho tiempo construir la "institucionalidad" que hoy se exige a los países menos aventajados como pre condición del desarrollo. Por ejemplo, la necesidad de un banco central fue percibida al menos en algunos círculos a finales del siglo XVII, pero el primer banco central "real", el Banco de Inglaterra (fundado en 1694), fue instituido únicamente por la Ley del Capitulo Bancario de 1844, cerca de dos siglos después. (History Debunks Myth That Free Trade Is Best For All", Ha-Joon Chang, profesor de la Universidad de Cambridge; Guardian Weekly del 27 de junio al 3 de julio de 2002).

[8] En 2003, las compras estatales bolivianas ascendieron a 8.036 millones de bolivianos equivalentes a 1.047 millones de dólares, es decir 26% del presupuesto consolidado de dicho año y el 13% del PIB nacional, indica una reciente investigación de la Fundación Solón.

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