Press "Enter" to skip to content

Relevo de Achá en manos de Evo

Ministro Arce Zaconeta “debe inhibirse” de seguir investigando Caso-Taladros en YPFB

Publicado el: 26 abril, 2017 8 min. + -

Mi hermana trabaja hace 20 años en el Estado y los últimos 5 en YPFB, admitió el ministro de Justicia y Transparencia. Piden se abstenga de seguir tratando disposiciones para compras irregulares en sector hidrocarburos. YPFB rompió hoy contrato con la italiana Drillmec “para que no haya” daño económico al estado. CEO de la estatal, Guillermo Achá, dijo que seguirá en el cargo “hasta que el presidente Evo Morales” diga lo contrario (foto ABI: sept/ 2016. El Presidente en Ejercicio Álvaro García Linera,  y Guillemo Acha, Presidente de YPFB, i en San Ignacio de Velazco. Foto: José Luis QuintanA)

 

El relevo del CEO de la estatal YPFB quedó en manos del presidente Evo Morales, luego que su principal ejecutivo, Guillermo Achá, afirmó este miércoles 26 que se mantendrá en su cargo hasta que la decisión mayor del Ejecutivo diga lo contrario, en tanto diversas versiones de prensa insistían que el ministro de Justicia y Transparencia se abstenga de seguir en el caso de presunta corrupción.

El motivo: un eventual conflicto de intereses, puesto que la hermana del alto funcionario, igualmente funcionaria gubernamental, trabaja también en la empresa que mayor presupuesto corriente y de inversiones ostenta el Estado Plurinacional.

Al referir su permanencia, Achá anunció que su entidad está disolviendo el contrato denunciado por corrupción con la empresa italiana Drillmec, por la adquisición de tres taladros por 148 millones de dólares, reportó la agencia Erbol poco después del mediodía.

“Prácticamente ya hemos hecho una disolución de este contrato. Hemos notificado oficialmente a la empresa Drillmec y esperamos una respuesta oficial de parte de esa instancia”.

Achá, aseguró que no tuvo acción dentro del proceso de contratación y que sólo formó parte de una “fase previa” en la cual se dio un “visto bueno” a que se realice la licitación para la compra de taladros.            
“Mientras yo no tenga otro tipo de instrucción por parte de las autoridades de Estado, yo voy a continuar  desempeñando las funciones, porque entiendo que si bien se tiene estas observaciones, hoy este proceso se encuentra en una investigación”, dijo a Erbol.

En versión de El Deber, estará en el cargo “hasta que el presidente Evo Morales” diga lo contrario, y en el reporte de Pagina Siete que “estaré en la continuidad en mi cargo mientras no tenga otra instrucción de las autoridades”.

Recalcó que no hubo daño económico al Estado por la contratación de Drillmec, puesto que no se hicieron pagos y ya se ordenó la resolución del contrato.   

La semana pasada, el Ministerio de Justicia presentó una querella contra 15 funcionarios de YPFB por presunta corrupción, debido a que se hallaron múltiples irregularidades en la licitación que terminó favoreciendo a Drillmec.

El presidente de la estatal fue excluido por el gobierno de figurar entre los denunciados, aunque oficialmente se aclaró después que no está “exonerado” de ser indagado

LA HERMANA DEL MINISTRO EN YPFB

Mediante un comunicado, el ministerio de Arce Zaconeta señaló que la abogada de YPFB Ana Luz Jackeline Arce Zaconeta, hermana del ministro, no participó en el proceso de contratación de la empresa Drillmec para la dotación de taladros.

La funcionaria es técnica jurídica de octavo nivel de YPFB desde hace tres años, y cuenta con veintiún años calificados como servidora pública. “Al ser personal técnico no participó en ningún proceso de licitación, ni adjudicación y mucho menos suscribió contrato alguno con la empresa Drillmec SPA”.

Adjunta al comunicado se difundió la última página del contrato suscrito con Drillmec, donde se evidencia que el mismo fue suscrito por el abogado Julio Kjari Nina, actualmente denunciado por el ministro Héctor Arce ante la Fiscalía General del Estado.

En las redes sociales se planteaba otra pregunta en torno a si el Director del SEGIP, Marco Antonio Cuba Mariño, también es familiar del ministro Arce Zaconeta, sin que se haya emitido respuesta.

Al deslindar responsabilidades en el proceso de compra de tres taladros adjudicada a la empresa Drillmec, Achá indicó que las unidades jurídica y administrativa son responsables de esta acción, según reportó el diario cruceño El Deber.

El senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz, denunció que Achá, autorizó el incremento de 820,9 millones a 1.238 millones de bolivianos en el precio referencial para la compra equipamiento.

El aludido  explicó que eso fue antes del proceso de contratación que es investigado y anticipó que se realizará un nuevo plan para la adjudicación, con la finalidad de no perjudicar al Estado. “Se ha especulado que esta presidencia propició para la compra, lo ha hecho la unidad gestora que ha gestionado la necesidad (…) la unidad jurídica y la administrativa han liderado el proceso y deben asumir responsabilidades”, dijo

Achá, explicó en la versión del diario paceño Página Siete  que la elevación de un 50,7% en el presupuesto para la compra de tres taladros, que él autorizó, no lo hace responsable de las irregularidades halladas en la contratación de la empresa italiana Drillmec y por el cual 15 funcionarios de la estatal petrolera están siendo investigados por la Fiscalía.

Mencionó que, para precautelar la “garantía y la operación” de los taladros, era necesario aumentar el presupuesto para que las empresas fabricantes de taladros sean quienes se presenten a la licitación.

DELEGAR LA FIRMA

El Deber consignó en su edición que Achá, delegó para suscribir contratos, orden de compra o servicio de procesos de contratación, sin límite de cuantía a 12 subalternos en el país, según lo revela la resolución administrativa 000224 del 13 de junio de 2016 a la que tuvo acceso el diario cruceño.

 El documento consta de ocho páginas y tiene 16 artículos y dos disposiciones.

Los artículos décimo y décimo primero son los que llaman la atención. El primero de ellos delega para la suscripción de contrato, orden de compra o servicio de procesos de contratación para cuantías mayores a Bs 200.000 y sin límite de cuantía a las siguientes autoridades: vicepresidente de Administración de Contratos y Fiscalización (Villa Montes), al gerente nacional de Exploración y Explotación (Santa Cruz, Camiri), al gerente de Evaluación de recursos hidrocarburíferos (Santa Cruz), al vicepresidente nacional de Operaciones (Santa Cruz), al gerente general de Comercialización (La Paz), al gerente de redes de gas y ductos (La Paz) y al gerente de Operación de Plantas (Santa Cruz).

El artículo décimo primero va más allá, pues da orden para firmar contratos pero sin límites de cuantía a las siguientes autoridades: gerente de Contrataciones Corporativo, gerente de Administración y Finanzas Corporativo, director regional de Administración (Oriente), gerente de Planificación Corporativo y al gerente nacional de Administración de Contratos.
El documento también contempla la delegación de responsabilidades del proceso de contratación en nueve casos más (ver cuadro pag 4). Según la resolución, el artículo 13 del Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios Especializados en el extranjero en el marco del Decreto Supremo 226688 en los incisos a y b señala que “La MAE es el presidente ejecutivo de YPFB y tiene responsabilidades y atribuciones: designar o delegar al responsable del proceso de contratación (RPC) y suscribir contratos, designar o delegar esta atribución”.
Achá fue designado mediante resolución suprema 14425 del 5 de febrero de 2015 como presidente  ejecutivo interino de YPFB.
Al respecto, EL DEBER envió una solicitud a YPFB, pero hasta el cierre de edición no contestó, pese a que se comprometió a responder vía departamento legal. También se buscó al jefe de la Unidad de Transparencia, pero no contestó.
En criterio de los analistas Hugo de la Fuente, Hugo del Granado y José Padilla –consultados por El Deber- el titular de YPFB pese a poder delegar funciones a otros subalternos no está excluido de responsabilidades pues él es la máxima autoridad ejecutiva (MAE) y, por lo tanto, debe responder por todo lo que ocurra en la principal empresa de los bolivianos.

Precisamente el artículo 25 de los estatutos de YPFB indica que dentro de las atribuciones del titular está la suscripción de contratos y ejecutar todos los actos que correspondan a la administración ordinaria de la empresa y que sean necesarios para alcanzar sus fines; aprobar los proyectos de reglamentos internos de la compañía y sus modificaciones; informar al directorio sobre las actividades de la empresa; representar a la empresa en sus relaciones con organismos, entidades, corporaciones y personas, sean individual o colectivas, nacionales o extranjeras; otorgar poderes especiales para casos específicos a favor del personal superior u otros funcionarios de la empresa fijando sus facultades y obligaciones; representar a la firma con plena personería juridica en toda clase de acciones legales, etc.

Atrás