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Licitación y contrataciones a investigar

Acusación oficial a 15 funcionarios de YPFB excluye a su presidente, Guillermo Achá

Publicado el: 19 abril, 2017 4 min. + -

Son altos cargos de la gerencia de Contrataciones, de la vicepresidencia de Administración, contratación y fiscalización. Fueron implicados en  delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica y uso indebido de influencias en la compra de taladros petroleros por 148 millones de dólares.

 

El memorial presentado, que consta de 50 páginas, señala la presunción de la comisión de hechos delictivos y de situaciones irregulares en estos dos procesos: licitación y contratación, dijeron el ministro de Justicia y el viceministro de Transparencia, a la agencia estatal ABI, aunque un senador de  oposición lamentó la decisión gubernamental de dejar fuera al presidente de la estatal de hidrocarburos.

La exclusión marca el “modus operandi” del Gobierno en los casos de corrupción que lo afectan: “culpar a los de abajo y proteger a los de arriba”, dijo a los periodistas el senador Oscar Ortiz, quien a mediados de marzo pasado había señalado que las irregularidades  ya merecían hace una mes la apertura de un proceso penal contra Achá y sus colaboradores. en el propósito alcanzar  a lo “alto”  que se pueda llegar y no reducirse a los mandos medios.

Ortiz denunció en diciembre irregularidades sobre la compra de YPFB por 148 millones de dólares a la empresa italiana Drillmec, peró sóloe en marzo pasado la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos. a cargo del ex parlamentario oficialista Edmundo Novillo informó que detectó anomalías administrativas y técnicas.

Para la oposición es probable un sobreprecio puesto que la propuesta de Drillmec superaba por casi 30 millones de dólares las que hicieron otras tres empresas, que fueron descalificadas para acceder al contrato.

El  ministro  Héctor Arce, denunció  ante la Fiscalía General a quince funcionarios de la petrolera estatal YPFB por la supuesta compra irregular de taladros a la firma italiana Drillmec, cuyo representante legal también fue denunciado, dice el reporte de Jornada/EFE.

También explicó que se ha solicitado se paralice la ejecución de este contrato por 148.881.600 dólares americanos, puesto que no se ha generado todavía un daño económico al Estado. “Como se va observar en la investigación, se va establecer una cohonestación (acción de encubrir o disfrazar) entre la personeros de la empresa y funcionarios de YPFB, en perjuicio de la correcta administración de los procedimientos y manejo de los recursos del Estado”.

Ministro y Viceministro concluyeron que el presidente de Yacimientos, Guillermo Achá, “no deberá participar ni interferir en esta investigación”. Adicionalmente,  se sugirió a YPFB estudiar y aplicar los mecanismos de disolución de este contrato, en vista de que surgió con vicios de nulidad.

La agencia estatal ABI consignó la lista de los funcionarios de YPFB investigados en ese caso: Mayra Geraldine Vásquez Oros, María Aguilera Elena Camacho, Mario Alejandro Dalence Vidal y Roxana Nina Urquizu, del área de contrataciones; David Pérez Alba, José Marcos Rejas Gómez, Bismark Serrano Parada, Miguel Ángel Bandeira Suárez, Martín Ebert Panoso Pérez y David Francisco Valverde Rojas, del área solicitante; Julio Cari Nina, Mauricio Bustos Martín y Gisell Siles Roca, del área jurídica.

Además de Paola Andrea Oporto Ríos, de la gerencia de contrataciones; y Jorge Patricio Sosa Suárez, de la vicepresidencia de administración, contratación y fiscalización, y  Diego Berconci, representante de la empresa italiana Drillmec.

El MInistro de Justicia dijo que el memorial presentado, que consta de 150 páginas, establece una acusación a los implicados por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.

“El análisis que se ha hecho esta referido a los procesos, tanto de licitación como de contratación, fallas que podían haber generado perjuicios al erario nacional, que no se han generado, pero hay la presunción de la comisión de hechos delictivos y de situaciones irregulares en estos dos procesos: licitación y contratación”, sustentó.
Entre los antecedentes de la denuncia, el gobierno destacó que el 29 de marzo, el Ministro de Justicia recibió del jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, información sobre presuntas “irregularidades jurídicas, administrativas y técnicas” en la compra de taladros para YPFB de la empresa italiana Drillmec, en abril de 2016.

Por su parte, Novillo solicitó al Ministerio de Justicia la formalización de la denuncia al Ministerio Público, luego de que YPFB presentó documentación sin cumplir formalidades legales a la Fiscalía.

 

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