Siniestro aéreo en Colombia y fallas en la aeronavegación boliviana
LaMia: otro fracaso de control gubernamental
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Mientras dos de las máximas instituciones aeronáuticas del Estado boliviano debaten sus contradicciones sobre la responsabilidad final para autorizar un vuelo irregular que derivó el avionazo del 28 de noviembre en que murieron 71 personas, el gobierno colombiano halló graves anomalías de supervisión en el despegue y vuelo de la siniestrada nave boliviana
Las fallas estatales bolivianas en los sistemas de control y supervisión estatal de los servicios públicos, coinciden con fracasos en gestión de recursos hídricos que también el pasado mes intensificaron una sequía y escasez de agua potable, y amenazan con colapsar este fin de año la renovación de seguros de automóviles
El director de la Aeronáutica Civil de Colombia, Alfredo Bocanegra, y su secretario de seguridad aérea, coronel Freddy Bonilla, dijeron el pasado lunes 26. durante el informe preliminar del accidente del avión de la empresa boliviana Lamia que hace 28 días se estrelló en Cerro Gordo (hoy Cerro Chapecoense), que la Administración de Aeropuertos de Bolivia, Aasana, no les permitió el acceso a las grabaciones entre piloto y torre de control durante el despegue.
Entre otras irregularidades reportadas, señalaron que el avión no estaba certificado para volar por encima de 29,000 pies y en el plan de vuelo presentado a la boliviana Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) se anotó que lo haría a 30,000 pies.
La aeronave tenía un peso superior de unos 400 kilos a lo permitido por los manuales, pero pese a todo ello, el “agotamiento de combustible” se apunta como la principal causa inmediata junto a una falta de seguimiento a las órdenes de seguridad impartidas al piloto de Lamia, y presuntos descontroles por parte de Aaasana y la Dirección de Aviación Civil de Bolivia (DGAC).
El viceministro de Defensa, Luis Fernando Aramayo, reconoció que en la investigación colombiana hubo observaciones a Aasana y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), aunque algunas autoridades echaron la culpa total al fallecido piloto de la nave en que también murieron los integrantes del club de fútbol Chapecoense, sin que se refirieran a las fallas de supervisión y control.
“Esto sirve para que se haga una revisión de los procedimientos vigentes… de acá para adelante tendrá que actuarse con mayor cuidado, con mayor detalle, y poner también atención en las normas”, manifestó Aramayo a Pagina Siete, lo cual hacía suponer descontroles aun no precisados.
TODA LA AERONÁUTICA BOLIVIANA ESTÁ AFECTADA
Entre los puntos polémicos que se revelaron las el siniestro aéreo se supo que el gerente de la aerolínea, Gustavo Vargas Gamboa, padre del encargado de Registro Aeronáutico, fue piloto de los últimos presidentes bolivianos, que LaMia sólo operaba con un avión y que hizo otros cinco vuelos anteriores con el combustible justo.
Janeth Molina, la controladora que habló con el piloto cuando se acercaba al aeropuerto de Rionegro, cerca de Medellín, denunció que el accidente pudo haber sido peor por la cercanía de otros vuelos que estaban a punto de aterrizar en esa terminal.
“La aeronave notifica su descenso y de pronto es que veo en la traza del radar como empieza a hacer su descenso sin autorización y es cuando observo que se le fue encima a las otras dos aeronaves y es cuando tomo acción. Le llamo (al piloto de Lamia) y me notifica la emergencia”, afirmó.
En ese momento el avión de Lamia tenía por debajo tres aparatos, dos de ellos “muy críticos” porque “estaban muy cerca”. Las conclusiones finales del informe serán publicadas entre abril y marzo de 2017.
DESCONTROLES DE SEGURO DE ACCIDENTES DE TRAFICO
Al mismo tiempo y a cuatro días de terminar el año 2016, la comercialización del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que entra en vigencia desde el 1 de enero de 2017, presentaba una insuficiencia cobertura para casi el 85 % de millón 600 mil vehículos registrados en Bolivia.
Al 27 de diciembre, el SOAT llegaba a casi el 12% del parque automotor sin que la aseguradora estatal Univida lograra superar sus problemas de logística agudizándose los problemas, reportó el diario El Deber.
La falta de la roseta electrónica y de puntos de venta en el país, entre otros incumplimientos, derivó en seis procesos sancionatorios contra Univida, pero las acciones fueron consideradas tardías pues no previeron los inconvenientes desde el inicio de las dificultades.
Estaban vendidos unos 188.000 seguros SOAT y se incrementaban los puntos de venta, pero el proceso tardaría un mes declaró el gerente de Univida, Roberto Ewel. El parque automotor en Bolivia hasta 2015, según el RUAT, llegó a 1.574.584 vehículos.
NEGOCIOS AEREOS EN BOLIVIA
Ricardo Albacete Vidal , un empresario español que fue involucrado con el caso LaMia (2014) compañía homónima a la que fundó en Venezuela (2010), negó que se hayan encontrado indicios de que él y una de sus hijas, más allá del mero alquiler de aviones, sí estaban implicados con las operaciones comerciales de la compañía
La Fiscalía de Bolivia tras revisar las carpetas secuestradas a la compañía en Santa Cruz el 6 de diciembre, encontró un nuevo giro
“No somos accionistas ni empleados de LaMia Bolivia, sino de LaMia Venezuela; dejamos el mismo nombre para no perder la pintura del avión; nosotros somos los que les arrendamos a ellos los aviones, pero el avión es operado por la empresa boliviana”, se había desmarcado Albacete, desde España tras el accidente,, en la única explicación que ha dado el empresario, de 63 años, sobre el siniestro, según cita el diario El Confidencial.
Pero el Ministerio Público ha puesto en duda esa versión, según ElDeber, pues se encontró en oficinas de LaMia un documento de este año de rendición de cuentas de la firma boliviana a una de las hijas de Albacete y se halló documentos que involucran al español-venezolano con sus operaciones comerciales, algo que no coincide con su versión ni con la de los funcionarios de LaMia Bolivia, que han dicho que Albacete, dueño de tres aviones Bae Avro RJ85 asentados en el país, solo era un arrendador de aeronaves.
¿Por qué la compañía rendía cuentas a una hija de Albacete? Un antecedente sugiere un rol más comprometedor del empresario con LaMia Bolivia. “Hay solicitudes, pero recién están en proceso de certificación, tenemos una (aerolínea) extranjera y una nacional. Es una extranjera, venezolana, LaMia. Son pequeños operadores, como taxis aéreos”, informó en noviembre de 2014 el entonces director general de Aeronáutica Civil (DGAC), general Luis Coimbra, según consta en el archivo histórico de noticias que divulgó la agencia de noticias gubernamental ABI.
Pamela Justiniano, la viuda del jefe de cabina de la aeronave siniestrada, David Vacaflores, aseguró que no es verdad que el venezolano hubiese sido solo un arrendador. “El señor Ricardo también es socio de la compañía, a él no se le alquilaban los aviones”, dijo la viuda, cita la cadena estadounidense Univisión.
“Lo que yo sé, él (Albacete) también recibía los pagos, a él también le depositaban a las cuentas los pagos de los equipos. Recién él hizo un contrato con su hija, no sé cómo se llama su hija, pero todo eso yo lo escuchaba y lo veía”, recordó la viuda.
En LaMia Bolivia, no obstante, repiten a Albacete. “Los únicos dueños de la compañía son Miguel Quiroga Murakami, el piloto que falleció, y Marco Antonio Rocha Venegas”, ha dicho al respecto Néstor Higa, abogado de la aerolínea. Miriam Flores, contadora de la línea aérea, y el general Gustavo Vargas Gamboa, gerente general de la firma, han coincidido en sus explicaciones dadas a la comisión investigadora, formada por Osvaldo Tejerina, Mirtha Tejerina e Iván Ortiz.
De hecho, según Flores, Albacete Vidal cobraba a LaMia Bolivia solo $us 35.000 al mes por el alquiler del único avión Bae Avro RJ85 que tenía en operaciones en el país, una aeronave para 95 pasajeros. Vale decir, no más de unos $us 1.200 por día.
Este dato —el de la cuota del alquiler— es otro de los motivos por los que el Ministerio Público quiere citar a este empresario venezolano ligado con el chavismo, pues no se ve coherencia entre las tarifas del mercado y la suya. Higa asegura que ese monto es el que señala el contrato y que no hay nada ilegal.
Refugiado en Brasil, el suegro de Quiroga, el exsenador Róger Pinto, da más referencias. Él relató que el piloto enfrentaba inconvenientes por dinero, que Quiroga y Rocha dejaron de pagarse sueldos para saldar cuentas con el venezolano y que estaban por romper relaciones. Pero Pinto dice que Albacete no tenía participación accionaria en Bolivia.
Quiroga y Rocha también tenían conflictos con el ex piloto presidencial Gustavo Vargas Gamboa, gerente de LaMia Bolivia y apoderado, quien tenía facultad para firmar contratos y realizar cobros por servicios. De estos conflictos entre los socios y el general dan constancia el abogado de Vargas, Jerjes Justiniano, e Higa, aunque no está claro si estas diferencias tenían relación con los problemas que existían con el venezolano que, se sabe, se encuentra ahora en España.
Por todo, ahora la Fiscalía busca que Albacete y su hija den explicaciones en Bolivia. “Según la documentación que analiza el Ministerio Público, es evidente que se citará al señor Albacete y a su entorno porque están, presumiblemente, vinculados a las operaciones de LaMia y se pueden ampliar los cargos”, aseguraron fuentes oficiales